Un vecino de Iruñea, condenado a un año de prisión por compartir pornografía infantil
Un vecino de Iruñea ha sido condenado a un año de prisión por haber compartido pornografía infantil de niños menores de 16 años, en algunos casos con imágenes especialmente duras «dada la escasa edad de los menores», a través de la aplicación de mensajería instantánea, KIK Messenger.
En la sentencia, dictada de conformidad tras un acuerdo entre el fiscal y la defensa, la titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Iruñea ha acordado la suspensión de la condena con la condición de que el procesado, de 34 años, no cometa en los próximos dos años delito alguno relacionado con la tenencia y distribución de pornografía infantil.
El inculpado utilizó entre febrero y julio de 2017 la aplicación KIK Messenger para compartir el material con otros usuarios, informa el Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa.
Por una resolución judicial dictada el 21 de mayo de 2018, se registró el domicilio del iruindarra, en donde se comprobó que tenía un pendrive en el que almacenaba «miles de archivos multimedia de pornografía infantil, algunos especialmente duros dada la escasa edad de los menores».
De igual modo, según se considera probado en la sentencia, también guardaba material pedófilo en un disco duro y en su teléfono móvil.
El acusado, prosigue la resolución, «padece un trastorno ansioso de la personalidad con conductas de evitación, un trastorno por impulso sexual excesivo y un consumo perjudicial de múltiples drogas, que si bien no han mermado su capacidad intelectiva, han disminuido su capacidad volitiva, en el sentido de provocarle una dificultad significativa en el control de su conducta sexual».
Además de la pena de prisión, ha aceptado una medida de libertad vigilada durante dos años, consistente en la sumisión a un tratamiento psiquiátrico adecuado a su patología.
La magistrada, por otra parte, ha decretado la destrucción de todos los archivos pedófilos, así como del pendrive y el disco duro, y, en cuanto al teléfono móvil, antes de devolverlo al encausado ha oficiado a la Policía española para que informe si es posible garantizar la destrucción total de los archivos que contenía.