El Salvador comienza a pagar la deuda de su memoria histórica

Durante casi cuatro décadas las víctimas de la masacre de El Mozote han exigido justicia a los gobiernos salvadoreños. El reconocimiento ha llegado con Nayib Bukele, cuya primera orden como presidente ha sido la retirada de un cuartel militar del nombre de uno de los responsables de aquella matanza que se cobró la vida de casi un millar de personas.

El recién estrenado presidente de El Salvador, el empresario de 37 años Nayib Bukele, ha empezado a hacer justicia a las víctimas de la masacre de El Mozote, donde fueron ejecutadas casi un millar de personas, después de casi cuarenta años de reclamos a los gobiernos tanto de la ultraderechista Arena (Alianza Republicana Nacionalista) como de la exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). La primera decisión de Bukele tras tomar posesión el 1 de junio fue ordenar a las Fuerzas Armadas eliminar el nombre del coronel José Domingo Monterrosa, uno de los responsables de aquella matanza, del cuartel de la Tercera Brigada de Infantería, en San Miguel. La decisión abre la puerta a que El Salvador encare su memoria histórica después de que las numerosas peticiones de las víctimas de El Mozote a los gobiernos cayeran en saco roto por temor a que tocar la figura de Monterrosa, considerado un «héroe» por la derecha, provocara inestabilidad o «incomodara» al Ejército.

El informe final de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas de 1993, que investigó las violaciones de derechos humanos durante la guerra, señaló como responsables de la masacre a Monterrosa, comandante del Batallón de élite Atlacatl del Ejército salvadoreño, y al mayor José Armando Azmitia Melara, su jefe de operaciones, así como a otros oficiales que nunca fueron juzgados bajo el amparo de la Ley de Amnistía de ese mismo año. Según el informe, entre el 8 y el 14 de diciembre de 1981, unidades del Batallón Atlacatl torturaron y ejecutaron «deliberada y sistemáticamente» a niños, hombres y mujeres de El Mozote –entre el 10 y el 12 de diciembre– y varios caseríos aledaños del municipio de Meanguera, en el departamento de Morazán.

Miles de soldados

Esos días, miles de soldados salvadoreños –muchos de ellos, como el propio Monterrosa, formados en la Escuela de las Américas, en Panamá– llegaron hasta esas aldeas, en la región oriental del país, y cometieron la mayor masacre documentada del siglo XX en América Latina, en el marco de una operación cuyo objetivo era arrasar con la guerrilla del FMLN que combatía a la dictadura.

A diferencia de los hombres, que a la menor oportunidad eran capturados, torturados y desaparecidos solo por vivir en regiones rurales empobrecidas consideradas retaguardia de las guerrillas, mujeres, ancianos y niños no corrieron a esconderse en los cerros porque no creían ser un objetivo militar en la política de exterminio del Ejército. Dispararon a unos, degollaron a otros y violaron a las mujeres más jóvenes. El Mozote, La Joya, Cerro Pando, Jocote Amarillo, Ranchería y Los Toriles fueron reducidos prácticamente a cenizas.

Fueron ejecutados al menos 986 campesinos, entre ellos 539 niños y 12 mujeres embarazadas, según el balance del Gobierno. La mayoría de las personas que mataron los militares eran niños: 475 de entre 0 y 12 años y 64 de entre 13 y 17 años. Las edades del resto de personas ejecutadas oscilaban entre los 18 y los más de 61 años.

«Es una deuda histórica que tiene el país, el anuncio nos ha sorprendido gratamente y abre esperanzas para las víctimas de la guerra, en especial de las víctimas de la masacre de El Mozote y lugares aledaños», señaló Miguel Montenegro, director de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador.

David Morales, abogado que representa a las víctimas de El Mozote, dijo: «Es una deuda de Estado. Ahora lo más importante es ordenar que toda documentación relacionada con la ‘Operación Rescate’ (durante la cual se perpetró la matanza de El Mozote), se ponga a disposición de los tribunales».

La decisión de Bukele, exalcalde de Cuscatlán y de San Salvador por el FMLN entonces y presidente por la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) ahora, fue acogida por sus partidarios como una señal de reparación para las víctimas del conflicto armado que entre 1980 y 1992 se cobró la vida de 75.000 personas –la gran mayoría civiles– de una población de 4,5 millones, y aplaudida por defensores de los derechos humanos. El Ejército dio la callada por respuesta, aunque algunas voces contrarias anunciaron protestas, pero un día después la orden fue acatada y varios soldados borraron el nombre del coronel de la fachada del cuartel.

Petición de perdón en 2012

Las Fuerzas Armadas nunca han reconocido su participación en la masacre, aseguran no tener documentación que la pruebe y consideran a Monterrosa un héroe de la lucha contra la insurgencia armada. También el Gobierno negó la matanza hasta 1992, cuando un equipo forense empezó a hacer excavaciones en el lugar y recuperó 492 osamentas. En 2012, una comisión especial del Ejército desoyó una instrucción del entonces presidente, Mauricio Funes (FMLN), para hacer una «revisión de su interpretación de la historia» que evitara rendir tributo a violadores de los derechos humanos, en referencia al tradicional desfile en honor a Monterrosa y Azmitia, muertos ambos en la zona de El Mozote el 23 de octubre de 1984, cuando su helicóptero se desplomó en un suceso que el FMLN reivindicó como derribo y el Ejército atribuyó a fallos mecánicos.

También en 2012, Funes pidió perdón en nombre del Estado por aquella masacre y nombró por primera vez a Monterrosa como uno de sus responsables, aunque no tomó medidas para quitar su nombre al cuartel –una «comisión de revisión» creada a instancias suya recomendó no hacerlo en ninguna guarnición–. Lo ha hecho Bukele nada más asumir el cargo.

Poco antes de la toma de posesión de Bukele, Roberto Lorenzana, secretario de Comunicación de su predecesor, Salvador Sánchez Cerén (FMLN), explicó que éste no se atrevió a actuar contra esos homenajes «por temor a un golpe de Estado». «Sin duda, ha habido impunidad desde que terminó el conflicto. Nos ha faltado posiblemente valentía y audacia para encontrar los caminos», reconoció durante un encuentro organizado por el periódico digital “El Faro”.

La orden de Bukele llegó casi un mes después de que el relator especial de la ONU para la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no Repetición, Fabián Salvioli, pidiera a las autoridades salvadoreñas retirar el nombre del coronel Monterrosa del cuartel. Supone un desafío al Ejército, pero también a Arena y al FMLN, que promueven en el Congreso la «Ley especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional», una suerte de ley de amnistía para criminales de guerra, según activistas de derechos humanos, que es considerada una afrenta a las víctimas, ha sido criticada a nivel internacional y es rechazada por los salvadoreños.

Leyes de impunidad que revictimizan

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó el 28 de mayo frenar su tramitación, finalmente retrasada por presiones internas y externas, ya que los diputados pretendían votarla la última semana de mayo para que fuera sancionada por Cerén y no por Bukele, quien días antes escribió en Twitter: «Las leyes de amnistía van contra el orden jurídico internacional, la dignidad de las víctimas. Las revictimizan. Son leyes de impunidad. Buscan proteger a sus perpetradores y sus cómplices».

La CorteIDH afirmó que esa ley afecta a la obligación de El Salvador de investigar las violaciones de derechos humanos registradas durante la guerra y pidió su suspensión inmediata para «garantizar el derecho al acceso a la justicia de las víctimas» de El Mozote y lugares aledaños.

El punto más cuestionado del proyecto de «ley de reconciliación» es la imposición de penas con posibilidad de excarcelación y sustituibles por hasta diez años de trabajo comunitario para quienes sean condenados por crímenes de guerra o de lesa humanidad durante la guerra y la prohibición de decretar prisión preventiva a los procesados, lo que para las organizaciones de derechos humanos es una «amnistía encubierta» y podría suponer la excarcelación de represores ya condenados y en prisión tras la derogación de la Ley de Amnistía General de 1993, como el coronel Guillermo Alfredo Benavides, responsable de la muerte, en noviembre de 1986 en la Universidad Centroamericana, de seis jesuitas y dos mujeres.

Además, otorga una «amnistía de facto» a supuestos autores intelectuales, mandos medios y cómplices en masacres, desapariciones y torturas.

Según el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), El Salvador sufrirá un serio retroceso en materia de derechos humanos si esta ley prospera, porque «garantiza la impunidad» de los crímenes cometidos durante la guerra y «obstaculiza, una vez más, la búsqueda de justicia, verdad y reparación para las víctimas y la sociedad en su conjunto». «Las leyes de amnistía van contra el orden jurídico internacional, la dignidad de las víctimas No solo revictimizan a quienes necesitan esclarecer lo sucedido, como parte de su reparación, sino que alimenta la impunidad en un país en donde no ha habido una sola persona sancionada por las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado», subraya.

La Corte Suprema de Justicia anuló en 2016 la Ley de Amnistía y ordenó al Congreso crear una nueva legislación enfocada en la reparación de las víctimas. Dicha derogación posibilitó la reapertura de procesos penales por crímenes de guerra, entre ellos la causa referida a El Mozote –cerrada súbitamente en 1994, un año después de la aprobación de la Ley de Amnistía– o la muerte del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, en 1980, que estarían en peligro por la ley que ahora prepara el Congreso y cuya aprobación tendría «efectos devastadores», según el abogado Wilfredo Medrano.

La CorteIDH condenó en octubre de 2012 al Estado por la masacre de El Mozote, ya que el caso no podía ser tramitado en los tribunales locales debido a la Ley de Amnistía entonces vigente. En diciembre de 2018, ya con esa legislación derogada, un tribunal salvadoreño declaró que lo ocurrido en El Mozote era un crimen de lesa humanidad.

La «democracia» de Abrams

La masacre de El Mozote es considerada parte de las estrategias diseñadas por EEUU para combatir la insurgencia en América Latina. La guerra en El Salvador fue financiada en gran medida por Washington, que durante aquellos años destinaba al Gobierno salvadoreño casi un millón diario de dólares para adiestrar, alimentar, armar, asesorar y formar a los batallones de contrainteligencia. Durante años, Washington ha asegurado que su ayuda iba destinada a «consolidar la democracia» en El Salvador.

Cuando la prensa estadounidense publicó informes sobre lo sucedido, el entonces subsecretario de Estado para los Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios, Elliott Abrams (ahora enviado especial de Donald Trump para Venezuela) descartó las denuncias como «propaganda comunista» y, ante el Congreso afirmó que en El Salvador se estaban dando pasos «fabulosos» en favor de la democracia. Informes desclasificados algunos años más tarde demostraron que Abrams estaba al tanto de lo sucedido en El Mozote y ocultó deliberadamente la información al Senado.

Durante casi cuarenta años, el reconocimiento a las víctimas ha permanecido sepultado, como sus restos. Muchos han muerto sin verlo. Tras un largo y doloroso trayecto, ahora puede ser el momento en el que la justicia se coloque de su lado y El Salvador empiece a enfrentar su memoria histórica y a pagar esa enorme deuda.