Los encausados se reafirman en sus convicciones y reclaman devolver la pelota a la política

Cuatro meses y 52 sesiones después, el juicio al independentismo catalán ha quedado visto para sentencia en el Tribunal Supremo. En sus alegatos finales, con matices, los encausados se han reafirmado en sus convicciones y han reclamado devolver el conflicto político al ámbito que le corresponde, sacándolo de los tribunales. 

«Muchísimas gracias a todos. Visto para sentencia. Abandonen la Sala, por favor», ha afirmado el presidente del tribunal, Manuel Marchena, pasadas las 19.00.

Ha sido la 52ª y última sesión del juicio al independentismo catalán, que comenzó el pasado 12 de febrero, tras la cual el público ha abandonado la sala, así como los abogados y los acusados, nueve los cuales han emprendido de nuevo su camino a la prisión de Soto del Real, donde han estado internados durante toda la celebración de la vista oral.

La última sesión de este juicio se ha limitado a escuchar los últimos informes de las defensas y los turnos de última palabra de los acusados. 

El primero en intervenir ha sido el exvicepresident Oriol Junqueras, y lo ha hecho apelando a devolver la cuestión del conflicto catalán a «la política, la buena política, de la que nunca debería haber salido, al terreno de la negociación, el diálogo y el acuerdo».

«Mientras tanto, mi trabajo deber ser el de contribuir siempre, a traves del juicio de las urnas, a promover la democracia, la convivencia y el bien común», ha manifestado Junqueras ante el tribunal que le ha juzgado.

El exconseller Raül Romeva ha destacado que «en este banquillo no estamos sentadas doce personas sino dos millones que se sienten concernidas con lo que ha pasado y con la decisión que ustedes van a adoptar, que esperan que sea valiente».

A lo largo de su breve exposición, ha reprochado a las acusaciones que hayan tratado de construir «un relato de odio a España y a lo español» por parte de los procesados que él considera falaz e irresponsable; y ha añadido que hoy pueden ser ellos los afectados «pero mañana puede ser cualquiera».

También ha dicho que existe antes del dictado de la sentencia una «oportunidad» y que «por el bien de todos» debería convertirse en una respuesta que permita seguir avanzando.

Por su parte, el exconseller de Interior Joaquim Forn ha negado «rotundamente» que su actuación estuviera dirigida a «romper el orden constitucional» o que diera orden a los Mossos de obviar las resoluciones de los jueces y de los fiscales y que por ello volvía a solicitar al tribunal su libertad.

«Me mantengo fiel a mis ideales, no creo que esto sea delito», ha dicho también Forn, quien ha añadido que sigue creyendo «en la libre determinación de Catalunya, el diálogo y pluralidad para la resolución de los conflictos».

El exconseller de Presidencia Jordi Turull ha reprochado a las acusaciones confundir la «discrepancia» y la «protesta» contra las resoluciones judiciales o la actuación policial con un «ataque», pues durante todo el procedimiento les ha responsabilizado de un «ataque al Estado», una «falta de respeto al ámbito judicial» o «ataque a la Policía». «Esto solo existe en mentalidades inseguras o autoritarias», ha agregado.

En este sentido, ha lamentado que la Fiscalía «pretenda construir uno de los delitos más graves», el de rebelión por ser «meros instrumentos del clamor del pueblo de Catalunya y no al revés como han dicho las asociaciones». Ha insistido en que el Govern «siempre» ha ofrecido al Gobierno español «dialogar» y que la respuesta recibida ha sido «el silencio, el menosprecio, la amenaza como bandera y la resignación como camino». 

En cualquier caso, ha asegurado que «descabezándonos a nosotros, no se va a descabezar el independentismo», ni se va a impedir que los ciudadanos catalanes puedan «decidir su futuro político».

Por su parte, Josep Rull ha aprovechado su turno de última palabra para advertir de que los siete magistrados del tribunal «tienen la oportunidad de decir cuáles son los límites de los derechos y las libertades» en su sentencia y que «no existen suficientes cárceles para encerrar el anhelo de libertad de un pueblo».

«La esperanza es más poderosa que el miedo, después de nosotros siempre vendrán más», ha manifestado Rull en una larga disertación en la que ha reprochado a los magistrados que «no pueda ver crecer» a sus hijos estando en prisión.

Eso sí, les ha afirmado que sea cual sea la sentencia «no van a impedir que les deje la dignidad de haber defendido unas ideas legítimas y nobles, un testimonio de su compromiso, lucha democrática, tenaz, apasionada para que el día de mañana puedan vivir en un país libre, en una república catalana en la que sea imposible que alguien pueda ser encarcelado por defender sus ideales». 

El expresidente de la ANC Jordi Sànchez ha aprovechado su turno para solicitar a los magistrados que le han juzgado que impulsen una reflexión sobre «el uso y el abuso» de la prisión preventiva, al tiempo que se ha mostrado convencido de que «en Catalunya habrá urnas» y será «con acuerdo del Gobierno español».

«Hay una mayoría que lo quiere. La mayoría en Catalunya conseguirá abrir una puerta con una urna. La urna no es el instrumento de ningún golpe de Estado. En Catalunya habrá urnas y lo haremos con acuerdo con el gobierno español, votaremos qué queremos ser de mayores. Quizá yo no veré la independencia de mi país, pero espero ver que ese acuerdo llegue», ha afirmado.

Por eso, ha deseado a los siete magistrados «luz» a la hora de dictar sentencia, admitiendo que no le gustaría «estar en su piel» ante «el problema que les ha venido encima». Y aunque ha reconocido que «el Poder Judicial no puede resolver el problema político», también considera que el tribunal tiene la «oportunidad de no agravar la crisis política». «Hoy tenemos un problema político que ha sido irresponsablemente traspasado al Poder Judicial. Ojalá la sentencia sirva para lo que la clase política no ha sabido resolver», ha aseverado.

La expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha manifestado que está siendo juzgada por rebelión por su trayectoria política y no por los hechos que cometió, y «prueba de ello son los desesperados y descarados intentos de cambiar la realidad» para sostener la acusación contra ella.

«Afirmo que estoy siendo juzgada por mi trayectoria política, por ser quien soy, no por mis actos, no por mis hechos», ha lamentado Forcadell, que se enfrenta a 17 años de cárcel, y ha asegurado que hizo «exactamente» lo mismo que sus compañeros de Mesa, acusados de desobediencia en Catalunya.

La expresidenta del Parlament ha defendido que «la palabra en el Parlamento tiene que ser libre»: «No podemos convertir el Parlamento en un órgano censor, la censura no debe entrar en el Parlamento».

En su turno de última palabra, Dolors Bassa ha apelado al tribunal: «Las generaciones que vienen dependen de su sentencia», que ha esperado absolutoria, y ha recordado que ha pedido su libertad para esperarla. «Su sentencia no será solo mi libertad, sino la libertad en mayúscula de muchas generaciones».

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha dicho al tribunal que no tiene «ningún tipo de arrepentimiento», por lo que acepta todos los actos y consecuencias que se deriven de su participación en lo ocurrido en Catalunya en otoño de 2017. «Lo volvería a hacer», ha destacado.

«Desde la tercera fila del banco de los acusados escuché que hice llamamientos a la movilización permanente. Es verdad, sí lo hice y tengo la obligación moral del volverlo hacer desde aquí», ha dicho Cuixart en su uso de última palabra, que ha instado a los catalanes y catalanas a seguir manifestándose «sin ningún tipo de reparo» y con el objetivo de «mejorar» la sociedad.

Cuixart cree que «hay miedo a escuchar y a conocer mejor las razones de los unos y los otros» que impide dar respuesta a un conflicto político, transformado ahora en un «juicio a la democracia».

El exconseller Santi Vila ha recordado que no dimitió antes de la declaración de independencia porque pensara que sus compañeros en el Govern iban a cometer una ilegalidad sino porque se sintió «frustrado» al percatarse de que Carles Puigdemont «no podía o no quería» convocar elecciones «ajustadas a derecho». También ha asegurado que siempre procuró «ser fiel al espíritu y la letra» de la Constitución española de 1978, «tanto en privado como en público».

El exconseller de Justicia Carles Mundó ha pedido la libertad para sus compañeros encarcelados y ha considerado que el juicio es «el resultado de un fracaso de la política», pero se ha mostrado seguro de que todavía hay tiempo para «buscar caminos que nos acerquen a las soluciones».

La exconsellera de Gobernación Meritxell Borràs ha afirmado que ella y el resto del Govern tenían «muy claro» que «no habría gasto público» en la organización del referéndum del 1-O porque «hacerlo exponía a funcionarios y trabajadores públicos».

«Esta era mi firme voluntad y estoy segura que de los otros miembros del gobierno», ha dicho Borràs, que ha destacado que «no hubo clima de violencia ni de insurrección».

Durante estos cuatro meses exactos de juicio, los siete magistrados han escuchado a los doce acusados, 422 testigos –entre políticos, guardias civiles, policías, mossos, visitantes internacionales, votantes y otros miembros de la sociedad civil– y una docena de peritos. También han visionado cerca de 200 vídeos de lo ocurrido el 20 de setiembre y el 1 de octubre de 2017, tras lo cual ha llegado el momento de los informes finales, tanto de las acusaciones como de las defensas.