Botero supera con holgura la moción de censura pese a la sombra de «falsos positivos»
El titular de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, superó en el Congreso una moción de censura por su presunta responsabilidad en una polémica directriz del Ejército que puede revivir los «falsos positivos».
De los 141 representantes en el Congreso colombiano que asistieron a la sesión celebrada ayer para votar una moción de censura contra el responsable de Defensa, Guillermo Botero, solo 20 votaron por la salida del ministro del cargo, mientras que los 121 restantes lo respaldaron. Botero tuvo que someterse a una moción de censura por su presunta responsabilidad en una controvertida directriz del Ejército, desvelada por “The New York Times” hace unas semanas, que puede revivir las ejecuciones extrajudiciales de civiles para presentarlas como bajas guerrilleras, los «falsos positivos», así como por las ejecuciones de exguerrilleros de las FARC y líderes sociales.
La decisión se tomó después de que el lunes anterior se llevara a cabo un debate que duró más de seis horas y en el que la oposición argumentó que Botero no es la persona adecuada para ocupar el cargo, mientras que las bancadas afines al Gobierno respaldaron su gestión.
Ese día, Juanita Goebertus, del partido Alianza Verde, censuró a Botero por su actuación en el caso del exguerrillero Dimar Torres, muerto el 22 de abril por el cabo del Ejército Daniel Eduardo Gómez Robledo en una ataque al que se ha vinculado al coronel Jorge Armando Pérez Amézquita. Botero indicó primero que Torres murió en un forcejeo con el militar, pero luego se aclaró que fue un homicidio.
Al ministro también se le cuestionó también por su presunta responsabilidad en una directriz del Ejército que exige a la tropa mejorar los resultados en las operaciones militares, lo que podría poner en riesgo la vida de civiles y reabrir la puerta a «falsos positivos».
Las ejecuciones de civiles fueron cometidas por miembros de la fuerza pública, sobre todo en la década pasada, para hacerlos pasar por guerrilleros caídos en combate y obtener beneficios. La Fiscalía ha investigado cerca de 5.000 casos que implican a unos 1.500 militares.