El PP vuelve a ser la tercera pata del Gobierno de Urkullu

El PP volvió a recuperar ayer su papel de tercera pata del Gobierno de Urkullu, ayudándole en todas las votaciones comprometidas que tuvo, como la Ley de Policía, el Plan de Estadística, la toma en consideración de la reforma de la RGI y evitando reprobar al Departamento de Salud por la falta de colaboración en la investigación de la OPE.

El Parlamento de Gasteiz celebró ayer un pleno «escoba» de fin de curso, donde se introdujeron todos los proyectos que estaban ya preparados para su aprobación antes de que llegue julio, cuando la Cámara entra en su periodo inhábil hasta que retome su actividad a finales de setiembre.

Y con este pleno el PP volvió a su función de apoyo al pacto PNV-PSE en todas las cuestiones en los que los intereses concretos del Gobierno de Urkullu estaban en riesgo. El partido de Alfonso Alonso, que hasta hace unos días llenaba de líneas rojas las posibilidades de acuerdos con los jeltzales, apoyó ayer la aprobación de la quinta reforma de la Ley de Policía, el Plan de Estadística 2019-2022, la toma en consideración de la reforma de la Ley de Garantía de Ingresos y evitó reprobar al Departamento de Salud por su falta de colaboración con la jueza instructora y la fiscalía en la investigación de la OPE de Osakidetza. En todos esos puntos, su posición fue decisiva en favor del Ejecutivo.

Evitó la reprobación

Pese a que su parlamentaria Laura Garrido admitió que el Gobierno de Lakua no ofreció todos los datos como debía, el PP evitó apoyar la propuesta de EH Bildu y Elkarrekin Podemos de reprobar al Departamento de Salud por su «insuficiente colaboración con la justicia al no poner toda la información en manos de la fiscalía y por intentar obstaculizar la investigación de los tribunales».

El PP se abstuvo ante esta propuesta, votando a favor de su propio texto según el cual «el Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a que, ante la falta de diligencia en la remisión de la información precisa para el desarrollo de la investigación judicial en marcha, se adopte una actitud de colaboración absoluta con la justicia».

Motivos suficientes

Rebeka Ubera, de EH Bildu, y Cristina Macazaga, de Elkarrekin Podemos, fueron muy críticas con la actuación del Departamento de Salud, evidenciando que solo con la actas que de los tribunales había motivo suficiente para adoptar medidas que no se tomaron. También criticaron que entre la información que no se remitió ni a la jueza instructora ni a la fiscalía había datos comprometidos para el Gobierno.

El propio Ejecutivo, a través de su portavoz, Josu Erkoreka, reconoció hace unas semanas que no se había enviado toda la información porque esta era «ingente». La oposición reprocha al Gobierno que quién es él para decidir qué puede ser útil o no para la instrucción.

PNV: Faltan las pruebas

Desde los partidos del Gobierno, el jeltzale Kerman Orbegozo, y Natalia Rojo, del PSE, han defendido la actuación gubernamental, asegurando que ha colaborado en todo lo que se le ha pedido. Los socios del Ejecutivo acusan a EH Bildu y Elkarrekin Podemos de tratar de menoscabar la imagen de Osakidetza inflando las iniciativas parlamentarias sobre esta materia.

Orbegozo mantuvo un argumento que recuerda a tiempos pasados en otra materia. Afirmó que «nosotros no hemos negado que haya filtraciones» de exámenes en la OPE de Osakidetza en especialidades médicas. «Otra cosa –advirtió– es que eso haya quedado probado o no»

Finalmente en la votación no se aprobó ninguna propuesta. Ni la de EH Bildu y Elkarrekin Podemos pidiendo la reprobación, ni la del PP, ni la de PNV y PSE en apoyo al Gobierno.

Admitida a trámite la reforma de la RGI propuesta por PNV y PSE

La abstención de los parlamentarios del PP permitió ayer la admisión a trámite de la reforma de la Ley de Garantía de Ingresos propuesta por PNV y PSE. Un cambio normativo que establece una única prestación de RGI por domicilio, salvo excepciones, y plantea la huella digital como sistema de identificación de los perceptores. Además, desvincula el cálculo de la prestación del SMI y establece en 455 euros el indicador de gastos mínimos comunes; esto es, según la proposición de ley presentada por los partidos que forman el Ejecutivo, «el valor estimado de los gastos mínimos a los que se enfrentaría cualquier persona que pretendiera hacer frente, en solitario, a las necesidades básicas comunes asociadas al mantenimiento de una vivienda o alojamiento independiente».

Pese a que Amaia Arregi, del PNV, y Gloria Sánchez, del PSE, se esforzaron en alabar las supuestas virtudes del texto, alegando que la reforma tiene por objeto reforzar la «cohesión social», no lograron convencer a los grupos de EH Bildu y de Elkarrekin Podemos, que votaron en contra de la toma en consideración ya que, tal como indicó la soberanista Nerea Kortajarena, la propuesta presenta «más sombras que luces». En la misma línea se pronunció Tinixara Guanche, que advirtió de que «esto solo se arregla tirándola a la basura y escribiendo una nueva».

Ambas coincidieron al denunciar que PNV y PSE se hayan apoyado en el PP para aprobar la admisión a trámite de la proposición de ley, ya que la formación de Alfonso Alonso lleva años reclamando un aumento de los controles y de los requisitos para poder percibir ayudas sociales. La parlamentaria Laura Garrido, que utilizó el turno de explicación de voto para justificar la abstención de su partido, reconoció que la proposición de ley no les gusta porque, a su parecer, es un texto «ambiguo e insuficiente» que «no va en la dirección adecuada». Es más, pidió que se aumenten los controles y emplazó al Gobierno a elegir con quién prefiere acordar el texto final de la ley, con ellos o con los grupos de izquierda.

Representantes de la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria mostraron su rechazo a la proposición de ley. «Queremos dejar claro que nos tendrán enfrente», apuntó Jabier Sáenz, quien recordó que PNV, PSE y PP ya unieron sus votos con anterioridad para rechazar la admisión a trámite de una ILP contra la pobreza y la exclusión social.I. S.

La Ley de Policía nace con la incertidumbre de los municipales interinos, ilegales según el TS

PNV, PSE y PP aprobaron ayer la quinta reforma de la Ley de Policía, con el voto en contra de EH Bildu y Elkarrekin Podemos, que apuestan por un modelo policial diferente. Pero además, el texto recoge la posibilidad de que los ayuntamientos puedan contratar policías municipales interinos, figura que el Tribunal Supremo acaba de declarar ilegal. El Gobierno cree que no habrá problema aunque admite que el artículo puede ser recurrido ante el Constitucional.

El debate en el pleno se desarrolló en términos clásicos. Los portavoces de PNV, PSE y PP acusaron a EH Bildu de tener animadversión hacia la Ertzaintza y a Elkarrekin Podemos de tener un modelo policial «idílico» e irrealizable. Especialmente virulenta fue la intervención de Txarli Prieto, del PSE, atacando personalmente a Julen Arzuaga, al que acusó de hacer críticas legalistas del texto para ocultar sus verdaderas pretensiones.

Además de la cuestión de los municipales interinos, Julen Arzuaga también dio a conocer que en al menos dos artículos la ley no dicen lo mismo en euskara y en castellano, por ejemplo, sobre la consideración de «funcionario público» (euskara) o «funcionario de carrera» (castellano) de los agentes policiales. Preguntada al respecto, la consejera respondió que serán «los servicios jurídicos de la Cámara» los que deberán solventar esta diferencia. No pudo contestar cuál era la redacción correcta, por no conocer el contenido textual de los artículos aludidos.

La ley nace además marcada por el apoyo que le ha dado el PP, al lograr introducir las demandas de los sindicatos policiales, sobre todo en materia de complementos salariales todavía no contabilizados.I.I.

Aprobado el «Plan Vasco de Estadística»

PNV, PSE y PP sumaron ayer sus votos para aprobar el proyecto de ley del “Plan Vasco de Estadística 2019-2022”. EH Bildu votó en blanco para denunciar las trabas impuestas a la comparecencia de expertos en la materia.

Coto a grandes superficies comerciales

El Parlamento de Gasteiz aprobó una modificación legal que impide la construcción de nuevos centros comerciales que superen los 2.500 metros cuadrados en las periferias de los núcleos urbanos.

Finaliza el periodo de sesiones

Con el pleno de ayer se dio por finalizado el periodo de sesiones en la Cámara de Gasteiz. Los parlamentarios se vreunirán en setiembre, cuando está previsto que se celebre el Pleno de Política General.