El juicio contra Trapero por «rebelión» comenzará el 20 de enero de 2020
La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita una pena de once años de prisión contra el que fuera mayor de los Mossos d'Esquadra por un delito de «rebelión».
La sección primera de lo Penal de la Audiencia Nacional ha fijado para el 20 de enero el comienzo del juicio contra el que fuera mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero por un delito de «rebelión».
La Fiscalía pide 11 años de prisión por facilitar la celebración del referéndum del 1 de Octubre y por no frenar el supuesto «asedio» a la Consellería de Economía.
En este juicio, que se prolongará hasta el 19 de marzo, se sentarán también en el banquillo por estos hechos el exdirector de los Mossos, Pere Soler; el exsecretario general de Interior, César Puig; y la intendente de la policía autonómica Teresa Laplana, en su caso por un delito de «sedición».
Versión de la Fiscalía
El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, y el fiscal de este tribunal de excepción, Pedro Rubira, consideran que Trapero, Soler y Puig incurrieron en el delito de «rebelión» en su apartado referido a declarar la independencia y también por «sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno».
Lo hicieron, añaden, no en calidad de jefes (lo que habría supuesto una pena de 15 a 25 años de cárcel) sino ejerciendo como «mandos subalternos», lo que comporta penas de entre 10 y 15 años. Por ello los fiscales les piden 11 años de prisión y los mismos de inhabilitación absoluta.
En el caso de Laplana consideran que incurrió en un delito de «sedición», pero no como autora principal o como persona constituida en autoridad (lo que comportaría penas de hasta 15 años), sino dentro del apartado que recoge otros casos de participación en la sedición, que supone penas de entre 4 y 8 años.
Los fiscales creen que los encausados constituyeron en los meses de septiembre y octubre de 2017 «una pieza clave para impedir o dificultar gravemente el cumplimiento de las órdenes emanadas por los tribunales de justicia con la finalidad de llevar a cabo el plan secesionista ideado por los máximos responsables del Govern y del Parlament de la Generalitat así como por los líderes de los grupos parlamentarios y de las asociaciones independentistas».