Una densa agenda económica para apuntalar el capitalismo

Los documentos preparatorios de la cumbre de Biarritz muestran una amplia agenda de temas: la ciberseguridad, las finanzas verdes, los sistemas de pago o la fiscalidad internacional. Y ha entrado con fuerza la creciente preocupación por el monopolio creado por las plataformas digitales de servicios.

La reunión del G7 va a tener sin duda afecciones en nuestra vida diaria, pero no se circunscriben al próximo fin de semana, sino que su impacto empezará a hacerse sentir, sobre todo, tras la cumbre. Y buena muestra de ello es la densa agenda de temas económicos que van a tratar en Biarritz los líderes de EEUU, Canadá, Gran Bretaña, Estado francés, Italia, Alemania y Japón. Hace ya tiempo que estos países dejaron de ser los estados con mayor peso económico, pero a pesar de ello no cejan en su empeño de continuar diseñando el mundo en el que vivimos. Y en la cumbre de Biarritz, como en las anteriores, seguirán discutiendo y acordando los pasos para dibujar el futuro del capitalismo. Aun con contradicciones, el G7 sí tiene un plan.

La agenda económica de la cumbre tiene una denominación sonora: «Trabajando por un capitalismo más justo». Un encabezamiento que llama a las cosas por su nombre y señala expresamente la principal limitación del actual orden económico: el progresivo incremento de la desigualdad y el creciente malestar que genera. Una preocupación que se ha colado en el orden del día de este gobierno del capitalismo en la sombra.

Los documentos preparatorios plantean tres retos prioritarios que formulan del siguiente modo: el primero es afrontar los riesgos que amenazan la economía y el sistema financiero para apoyar un crecimiento fuerte, sostenible, equilibrado e inclusivo; el segundo plantea acelerar las labores para afrontar los nuevos desafíos, básicamente un sistema fiscal internacional más justo que aborde los retos de la economía digital e intensifique la transición hacia una economía sostenible baja en carbón; y el tercero es asegurar que los beneficios del crecimiento se repartan de manera más amplia y justa, reduciendo la inequidad dentro de los países y entre países. En el orden del día de la cumbre, esos tres retos están recogidos en siete puntos.

Ciberseguridad. A pesar de la retórica igualitaria, los materiales preparatorios sitúan en primer lugar del orden del día la cuestión que realmente les preocupa: la ciberseguridad. Consideran que es la amenaza más seria a la que se enfrenta… ¡el sistema financiero! Da la impresión de que todo lo demás puede colapsar, pero el sistema financiero no. Apuntan que las interconexiones entre instituciones financieras, y entre estas y terceros, contribuyen a que cualquier ataque cibernético pueda tener unos efectos devastadores. El documento señala, entre otras cosas, que el «G7 proporciona el foro perfecto para examinar cuestiones como la ciberseguridad en las que la confidencialidad es clave». Al parecer, no quieren tener a los testigos incómodos de otros formatos como el G20 o la OCDE.

Los materiales preparatorios informan de que en junio el Banco de Francia organizó la primera simulación mundial de un ciberataque transfronterizo en el que participaron las autoridades financieras del G7. Los hallazgos iniciales de esa simulación se discutirán en Biarritz.

Monedas estables. El segundo punto de la agenda es el análisis de las iniciativas del sector privado cuyo objeto es crear nuevos sistemas de pago. Dentro de esta categoría no incluyen a las criptomonedas tan de actualidad en este momento. Les preocupan especialmente aquellos proyectos vinculados a activos (como divisas o mercancías) y que tienen potencial para ser usados a una escala mucho mayor que las criptomonedas. Consideran que estos sistemas de pago requieren un exhaustivo examen para proteger a los consumidores y evitar el lavado de dinero.

Dos son los proyectos que nombra el documento. El primero es la moneda del banco JP Morgan, JPM Coin, que está vinculada al dólar y permite realizar pagos instantáneos a gran escala entre clientes institucionales, es decir, bancos, compañías de seguros, brokers.... El otro es el ya conocido proyecto de Facebook, Libra. Está diseñado para el pago al por menor y vinculado a una cesta de monedas. Ambos están basados en tecnología de cadena de bloques (blockchain), aunque cada uno con características específicas. Este grupo de trabajo espera presentar sus conclusiones al finalizar la presidencia francesa del G7.

Fiscalidad internacional. Los documentos preparatorios señalan que es una de las principales líneas de actuación de la comunidad internacional. El trabajo realizado por la OCDE, que fue adoptado en el G20 en 2015 y conocido con el nombre de BEPS (siglas en inglés de «erosión de la base imponible y traslado de beneficios») es una buena herramienta, según reconocen los documentos del G7. A pesar de ello consideran que hay tres grandes problemas que no ha conseguido atajar: el primero es la competencia a la baja en el tipo del Impuesto sobre Sociedades (en EEUU ha bajado del 35% al 21%; en el Estado francés, del 33% al 25%; y en otros países se mantienen muy bajos, como en Irlanda, 12,5%, o Bulgaria, 10%).

El documento reconoce que la caída de ingresos por este impuesto está siendo compensado por subidas en otros que tienen unas bases fiscales menos móviles, como son los impuestos al consumo que afectan especialmente a los trabajadores con menores ingresos profundizando en la desigualdad.

El segundo problema son los paraísos fiscales que obstaculizan los esfuerzos de la comunidad internacional con su política de impuestos muy bajos y permiten «agresivas planificaciones fiscales» o, dicho de un modo más claro, la evasión fiscal.

La tercera cuestión es la transformación digital de la economía, que plantea nuevos retos al hacer incluso más fácil la evasión de beneficios a los paraísos fiscales, entre otras razones, porque pueden operar en jurisdicciones en las que no necesitan tener presencia física. Recuerda el documento preparatorio que según los cálculos de la OCDE se pierden entre el 4% y el 10% de los ingresos por el Impuesto sobre Sociedades en el mundo, esto es, más de 240.000 millones de euros al año.

Competencia en la economía digital. La digitalización ha impulsado una gran reestructuración en el modo en el que la economía funciona. El G7 reconoce la emergencia de nuevos mercados y nuevas formas de interactuar entre las empresas y los consumidores.

En esos cambios son claves las plataformas digitales que se benefician del efecto red (cuanto mayor es la plataforma, mayor beneficio logra), que les permite recolectar y usar datos a una escala enorme. El efecto red, la economía de escala y las estrategias para retener clientes –por ejemplo, impidiendo la interoperabilidad entre servicios– han llevado a que las grandes plataformas capturen el mercado a largo plazo (modelo el-ganador-se-queda-con-todo).

La transformación digital está mostrando sus contornos anticompetencia (monopolista sería más exacto) y esto, al parecer, ha empezado a preocupar al G7.

Es la primera vez que la cuestión de las plataformas digitales y la competencia va a ser tratada en una de estas cumbres. A juzgar por el número de informes que han encargado y las discusiones que plantean (cambios legales, respuestas más rápidas y efectivas a los comportamientos monopolistas, prevención de adquisiciones «asesinas» –aquellas que buscan eliminar a los potenciales competidores–, el papel de los datos y otros problemas asociados a los servicios electrónicos como la interoperabilidad y la portabilidad…), el tema preocupa a los guardianes de las esencias del capitalismo. Consideran que estas plataformas tienen que respetar las reglas básicas del liberalismo: competencia justa, respeto a la privacidad, libertad y transparencia.

El clima y las finanzas verdes. La documentación de la cumbre señala que la lucha contra el cambio climático es una prioridad en la que el sistema financiero desempeña un papel crítico al canalizar recursos para financiar proyectos que sean ambientalmente sostenibles. Considera que hay mucho que hacer para evitar proyectos intensivos en emisiones y para ello apuntan en sus conclusiones que la transparencia resulta clave.

A iniciativa del Banco de Francia, en diciembre de 2017 se creó la Red de Bancos Centrales y Supervisores por un Sistema Financiero Verde (NGFS Network for Greening the Financial System) que ya reúne a 40 miembros. En abril de este año publicó su primer informe, con seis recomendaciones (cuatro para los supervisores, dos para los políticos) que han sido remitidas al G7 para su aprobación. La cumbre también ha incluido un llamamiento a las instituciones multilaterales de desarrollo y al FMI para que integren de manera más efectiva la perspectiva medioambiental en su quehacer.

Inequidad en los países desarrollados. A pesar de figurar en el título de la cumbre, es el sexto punto en el orden del día de la cita de Biarritz. Los materiales preparatorios asumen que las desigualdades están creciendo y que una distribución cada vez más desigual está alimentado la pérdida de confianza hacia los gobiernos y las instituciones multilaterales, así como las de cooperación internacional. Subrayan los trabajos de la OCDE y el FMI que apuntan a que una mayor equidad en la distribución produce ganancias en el crecimiento económico. Este es un tema que figura en la agenda del G7 desde la presidencia de Italia en 2017, que aprobó la llamada Agenda de Bari sobre crecimiento y desigualdad.

Todos los cambios que se proponen en este ámbito están relacionados con aumentar la transparencia y el debate público sobre las disparidades en la remuneración tanto verticales, entre trabajadores y directivos, como horizontales, básicamente entre mujeres y hombres. También incluyen un llamamiento al sector privado para que promocione la igualdad de género. Pocas alforjas para semejante viaje.

Financiación del desarrollo. Es el último punto de la agenda económica de la cumbre de Biarritz. El G7 considera, de acuerdo con la previsión del Banco Mundial, que los países de renta media y baja van a necesitar de aquí al año 2030 entre el 2% y el 8% del PIB para inversiones en infraestructuras (electricidad, transporte, agua, etc.), algo así como entre 640.000 millones y 2,7 billones de dólares. A lo que habría que añadir los requerimientos en inversiones para salud y enseñanza. El documento apunta que para 2030 el 90% de la personas que vivan en pobreza extrema estarán en África. Por ello consideran importante encontrar nuevas fórmulas de financiación que no amenacen la sostenibilidad de la deuda pública; como siempre, más preocupados por sus préstamos que por el bienestar de la gente.

Entre las soluciones que plantean está la de involucrar al sector privado en la financiación del desarrollo, lo que exige –según sus conclusiones– que haya unas autoridades fiscales fuertes y que se reduzca el tamaño de la economía informal. Plantean la necesidad de fortalecer el sector privado local, reenfocar el uso de los fondos públicos, tanto los provenientes de la ayuda oficial al desarrollo como los de los banco multilaterales, y capacitar al personal administrativo. Atención especial dedican al papel de la mujer en el desarrollo, apuntando a su inclusión digital y financiera (algo que también recoge el proyecto Libra de Facebook, con las misma referencias que utiliza el G7 en su documento).

Difícil saber hasta dónde llegan los acuerdos y las disputas –que haberlas, haylas– en esta agenda. Lo que sí dejan claro los documentos preparatorios es la capacidad de metabolizar discursos y reivindicaciones ajenas –desde la distribución más justa de la riqueza, la brecha de género o el cambio climático–, despolitizarlas e introducirlas en la agenda y los discursos del capitalismo realmente existente.