La Audiencia Nacional ordena el registro de la casa de Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont
La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que ha ordenado el registro del domicilio de Boye en Madrid, dirige una operación contra el blanqueo de capitales relacionado con un supuesto delito contra la salud pública. Puigdemont ha relacionado el registro a su abogado con la euroorden.
La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha ordenado el registro de la casa de Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont. El registro se enmarca en una operación contra el blanqueo de capitales relacionado con un presunto delito contra la salud pública.
La operación, que coordina la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional y que desarrollan agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía española, está vinculada a la causa judicializada de José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, de 62 años. El histórico narcotraficante gallego fue detenido en febrero de 2018 junto a una veintena de presuntos miembros de su banda acusados de los delitos de tráfico de drogas, blanqueo y pertenencia a organización criminal. Boye dejó hace unas dos semanas la defensa del narcotraficante gallego.
Sin embargo, el propio Puigdemont ha relacionado el registro con su euroorden. «'Lawfare' (guerra jurídica) a todo trapo. Cuando alguien les gana las partidas y los deja en evidencia, embestir sin miramientos. Ahora que encaramos la tercera euroorden, a Gonzalo Boye le pretenden dificultar su trabajo. No lo conseguirán», ha señalado.
«Intimidación»
Fuentes jurídicas citadas por Efe han confirmado que Boye debe comparecer este miércoles, a las 12.00, ante la titular del juzgado número 3 de la Audiencia Nacional.
Por su parte, los abogados belgas que asisten a Puigdemont en Bélgica han señalado que el registro no afecta a su trabajo en relación con la euroorden cursada contra el líder independentista pero sospechan de un intento de «intimidación».
Las investigaciones apuntaban que Miñanco lideraba una importante red de narcotraficantes desde 2016, meses después de que se le otorgara la semilibertad, lo que le permitía dormir diariamente en el Centro de Inserción Social (CIS) de Algeciras (Cádiz). De hecho, fue arrestado cuando salía de ese centro.