La opción de cambiar la Constitución heredada de Pinochet cobra fuerza frente a la crisis

Chile tiene una Constitución heredada de la dictadura de Pinochet, un traje a la medida de aquel régimen militar que ha apuntalado la desigualdad y ningún Gobierno ha reformado desde su aprobación en 1980. Ahora, su sustitución por una nueva Carta Magna cobra fuerza entre las opciones para dar una salida a la crisis social y política que sacude el país.

La redacción de una nueva Constitución que reemplace la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), señalada como origen de las desigualdades y de la distancia del mundo político respecto de la sociedad, empieza a plantearse como una de las posibles soluciones a la crisis que golpea Chile desde hace dos semanas. Es una cuestión que desde hace años discute la izquierda chilena y que tras el estallido social está cobrando fuerza.

Aprobada en 1980, en un cuestionado plebiscito, la Constitución vigente en Chile fue un traje a la medida para que el régimen de Pinochet y los sectores conservadores pudieran mantener su poder, incluso más allá del fin de la dictadura, en 1990. Su ideólogo Jaime Guzmán –muerto en atentado en 1991– instauró quórums altísimos para impedir cualquier modificación de fondo de la Carta Magna.

La Carta Magna original estableció, además, una serie de «enclaves autoritarios», como califican sus críticos al hecho de que se fijaron senadores designados y la imposibilidad de remover a los jefes de las Fuerzas Armadas, una cuestión que en 2005 fue sacada de la Constitución tras un gran acuerdo político. Algunos sectores llegaron a plantear que se estaba ante el fin de la «transición» a la democracia.

«Chile cuenta hoy con una Constitución que no nos divide», señaló entonces el presidente del Partido Socialista Ricardo Lagos, al estampar su firma en la reformada Carta Magna y retirar de ella la firma del dictador Augusto Pinochet, el 17 de setiembre de 2005.

Pero expertos consideran que quedó mucho por hacer y, tras un intento fallido de redactar una nueva Constitución durante el segundo mandato de Michelle Bachelet (2006-2010; 2014-2018), esta opción aparece ahora como una de las posibles soluciones a la grave crisis que mantiene semiparalizado el país desde el 18 de octubre, y que suma ya al menos 20 muertos.

Acogiendo una petición ciudadana, Bachelet planteó en su último mandato una nueva Constitución. Para ello, llamó a diálogos ciudadanos que se cerraron en agosto de 2016, con una escasísima participación, de no más de 200.000 personas en todo Chile. La escasa participación ciudadana puso en duda entonces el interés real de los chilenos en reformar la Carta Magna y le restó a la presidenta espacios para poder presionar por esa vía al Congreso.

Asamblea Constituyente

Parlamentarios de la oposición han reactivado una iniciativa legal para establecer una Asamblea Constituyente, instancia de participación ciudadana con el único objetivo de acordar las nuevas reglas del juego democrático, como un primer paso para avanzar hacia una nueva Carta Magna. El portavoz de la Corte Suprema, Lamberto Cisterna, también se adhirió ayer a esta iniciativa.

«Hoy Chile requiere una nueva constitución, que solo es posible construirla de manera democrática y participativa a través de una Asamblea Constituyente», sostiene la coalición de izquierda Frente Amplio.

También el Partido Comunista (PC) y gremios como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), cuya presidenta ha declarada a BBC Mundo que «es la única salida, las calles han expresado el agobio, el abuso, la fractura social que hay en Chile luego de que el Estado privatizara derechos esenciales».

La crisis avanza a un ritmo tan vertiginoso que el presidente, Sebastián Piñera, cuya renuncia se exige en las calles, se ha visto obligado a dar giros de posturas que hace dos semanas eran inimaginables. «No descarto ninguna reforma estructural», dijo ayer al ser consultado sobre la eventualidad de una reforma constitucional.

Pero ni el Gobierno ni la derecha chilena están por la labor de instalar una Asamblea Constituyente. Si no se hizo durante los mandatos de Michelle Bachelet, parece imposible que lo haga Piñera.

Estado ausente

Con un vicio de origen, la Constitución de Pinochet se sitúa al frente de los demandas de los chilenos, que piden ahora más participación en la toma de decisiones y reformas sociales en sectores clave en el marco de un modelo de economía neoliberal.

Durante la dictadura se implementaron reformas que hicieron que el Estado perdiera prácticamente toda presencia y poder de regulación precisamente en educación, salud y sistema de pensiones, los tres pilares de las protestas en las calles de estos días.

«Tenemos un sistema que es muy jerárquico, que desconecta a la ciudadanía del poder político. Aquellos países más estables de América Latina, como Uruguay, tienen todo tipo de mecanismos de participación política y se usan y no son traumáticos», explica a AFP Claudio Fuentes, analista de la Universidad Diego Portales.

Precedente simbólico

Si bien los analistas coinciden en que un cambio en la Constitución no resolverá los problemas más inmediatos exigidos en las protestas, sí podría marcar un punto simbólico desde el cual se puede empezar a aliviar la alta tensión en las calles.

«Estoy convencido de que necesitamos una nueva Constitución y la necesitamos no para corregir todos los problemas del subdesarrollo o de la desigualdad; sino para hacer todas las cosas que tenemos que hacer; necesitamos instituciones más legítimas», señala a AFP el abogado constitucionalista Patricio Zapata.

«Acá hay un tema que es simbólico de lo que representa esta Constitución, porque obviamente nació en dictadura», asegura, por su parte, el abogado Sebastián Zárate, de la Universidad Adolfo Ibáñez.

«Si me hubieran preguntado hace tres semanas, yo consideraba que era una locura una Constitución nueva, pero ahora sí considero que forma parte de un pacto refundacional», agrega Zárate.