Día Mundial de la Salud, nada que celebrar para los presos y presas vascas

Este martes se celebra el Día Mundial de la Salud, un derecho fundamental que no se garantiza en las prisiones españolas y francesas, donde hay una veintena de presos y presas vascas gravemente enfermas. Antes y durante esta epidemia del coronavirus, ¿también después?

El mes pasado, tras la aplicación del confinamiento por parte de las autoridades de Madrid y París, la ONU instó a los estados a liberar a presos para evitar que el coronavirus se extienda en las cárceles. El Gobierno de Sánchez se ha limitado a flexibilizar la situación de los presos en tercer grado, medida que ha derivado después en la puesta en libertad condicional de Gorka Fraile, mientras que el Ejecutivo de Macron ha empleado la excusa del «terrorismo» para no incluir a los represaliados vascos en un plan que contempla la excarcelación de 5.000 prisioneros «a los que queda menos de un mes para completar su condena» o que padecen problemas graves de salud, como es el caso de Josu Urrutikoetxea o Ibon Fernández Iradi, por citar solo dos ejemplos.

Este martes 7 de abril, Día Mundial de la Salud, hay una veintena de presos gravemente enfermos en prisiones españolas y francesas. «Prácticamente la totalidad de ellos, a su situación de grave enfermedad, se une el alejamiento de sus familias y en muchos de ellos, muchos años de privación de libertad», señala el portavoz de Sare, Joseba Azkarraga, que advierte de que el Estado español, «tanto su justicia, como su Gobierno, vienen incumpliendo la legislación penitenciaria, desde hace décadas».

No en vano, el artículo 80 del Código Penal establece que «los jueces y tribunales podrán otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables». Además, el artículo 104 del Reglamento Penitenciario establece que «los penados enfermos muy graves con padecimientos incurables, según informe médico, con independencia de las variables intervinientes en el proceso de clasificación, podrán ser clasificados en tercer grado por razones humanitarias y de dignidad personal»

«Y el articulo 196 del Reglamento Penitenciario también permite que puedan ser puestos en libertad, pero desgraciadamente la aplicación de este articulo esta vedado para este tipo de presos y presas», indica Azkarraga, que advierte de que Sare ha acudido a organismos internacionales como ONU «y recientemente, los días 10 y 11 de marzo, nos reunimos en Madrid con diferentes grupos parlamentarios a los que trasladamos esta situación. Hemos de decir, que tuvimos una buena receptividad y ojalá esta buena aceptación se convierta en una actitud positiva para cambiar las cosas».

«Nosotros seguiremos insistiendo, porque tenemos muy claro, que solo se pierden las luchas que se abandonan y que los Gobiernos y los Estados no se mueven por iniciativa propia, hay que moverlos. y en eso estamos», añade, y afirma que «este ‘bicho’ –en alusión al coronavirus–, nos ha impedido la puesta en marcha de otra iniciativa que tenemos ya diseñada. Una iniciativa, posiblemente, de mucha mayor magnitud que cualquiera de las desarrolladas hasta el momento. Nuestra voluntad es la de no dar ni un solo paso atrás, y si lo damos que sea para coger impulso y no parar hasta conseguir los objetivos que nos propusimos cuando nacimos, hace ya más de cinco años».

El tiempo juega en contra

Sare lleva años trabajando, pero, por desgracia, los prisioneros vascos no pueden esperar mucho. Al fin y al cabo, como recuerda Mati Iturralde, médico e integrante de Jaiki Hadi, «los presos y presas gravemente enfermos van aumentando con el paso del tiempo como parte de un colectivo envejecido y con larguísimas condenas a sus espaldas». «Están sufriendo su situación de enfermedad en las condiciones de aislamiento impuestas por la alerta sanitaria, sin visitas de sus amigos y familiares y con la escasa garantía que las prisiones pueden ofrecer ante cualquier enfermedad infecciosa», añade antes de insistir en que «no podemos seguir viviendo en una comunidad donde seres humanos sufren en su día a día la imposibilidad de cuidar de su salud y la condena añadida de tener que hacer frente a la enfermedad sin apoyo ni asistencia digna».

A este respecto, conviene destacar que los médicos de confianza no tienen permitido el acceso a las prisiones. «Seguimos a nuestros pacientes desde la distancia, mediante cartas algunas llamadas telefónicas y contactando con los y las familiares. Nuestra capacidad de intervención resulta desesperadamente escasa y sobre todo para las personas presas que necesitan terapias por parte de profesionales de la salud mental las condiciones son lamentables», apunta.

Oskar Calabozo conoce bien las carencias sanitarias de la prisión. Regresó a Euskal Herria el pasado mes de marzo, tras permanecer 18 años preso. Explica que en la cárcel de Córdoba, donde los presos vascos se encuentran es régimen de aislamiento, tenían que pedir la asistencia médica los sábados, sin saber a ciencia cierta qué día tendría lugar la visita del facultativo. Una visita rápida y sin privacidad.

Y la situación se complica cuando se requieren pruebas complementarias fuera de prisión. Él ha estado esperando más de un año una colonoscopia. Por suerte, en su caso la prueba respondía una revisión, pero estas demoras suponen un riesgo para aquellos que padecen graves dolencias y que deberían estar en casa, tal como marca la ley.