Luz verde en el Congreso al Ingreso Mínimo Vital, que se tramitará como proyecto de ley

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde al Ingreso Mínimo Vital (IMV) que, a partir de este momento, se tramitará por vía de urgencia como proyecto de ley, tras aprobarse con el respaldo de todos los grupos, salvo la abstención de Vox. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha anunciado que «en estos próximos días» se empezará a pagar y calcula que en junio lo recibirán 300.000 personas del total de 850.000 a las que llegará.

El Pleno del Congreso ha apoyado con 297 votos a favor, 52 abstenciones –los diputados de Vox– y ningún voto en contra la convalidación del Real Decreto-Ley que regula esta renta mínima.

Asimismo, se ha acordado casi por unanimidad su tramitación como proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia.

El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno español, Pablo Iglesias, ha defendido el Ingreso Mínimo Vital (IMV) como «la medida de mayor capacidad redistributiva» aprobada en el Estado español y ha incidido en que «es pura justicia social».

Esta nueva ayuda paliará la pobreza extrema de 850.000 hogares a través de una renta de entre 461 y 1.015 euros. Los gobiernos de Hego Euskal Herria tendrán competencia sobre el mismo.

Iglesias ha señalado la necesidad de hacer políticas expansivas para afrontar la actual crisis generada por la pandemia y ha dicho que también es «imprescindible» para la recuperación económica, ya que irá «directamente al consumo y ayudará a autónomos y empresas a seguir facturando».

Por su parte, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha declarado que el ingreso mínimo luchará contra la pobreza y será palanca para la inclusión social. «Es un seguro colectivo que rescatará a las personas en cada momento que sufran carencias» y ha añadido que el coste de unos 3.000 millones «es perfectamente asumible» para las arcas públicas.  

«Justicia social»

En el debate, Oskar Matute, de EH Bildu, ha manifestado que el IMV «es el primer paso» para la «consolidación de un derecho», pero «nada que ver con la paguita o dádiva» con la que se ha tratado de «desprestigiar». A la vez, ha indicado que es de «justicia social» y que con la pandemia derivada del covid-19 ha puesto sobre la mesa que no se pueden dejar «de lado» a las y los «trabajadores esenciales, más que los consejos de administración» y «no se les puede dejar caer».  

Para el representante de EH Bildu, con esa aprobación «se empieza a terminar con la anomalía en el Estado español» y ha añadido que en Hego Euskal Herria «tenemos la  Renta de Garantía de Ingresos [CAV] y la Renta Garantizada [Nafarroa] desde hace décadas». Ha reclamado que ese ingreso condicionado «no es renta universal o básica», pero ha añadido que «se debe avanzar en la universalidad de los mismo».

Matute ha lamentado el «intento continuado y sostenido» desde las derechas de «denostar la RGI con la existencia de bolsas de fraude». Y ha admitido, por último, que la prestación complementaria de RGI o Renta Garantizada tendrá «un impacto limitado» en Hego  Euskal Herria, pero «abre una ventana de oportunidad para proteger a la clase trabajadora para complementar los ERTE o ayudar a quienes caen en la pobreza».

Iñigo Barandiaran, del PNV, ha reconocido que es «la medida de política social de mayor calado de la historia», como antes ya había expresado Pablo Iglesias. Ha destacado que el IMV «es complementario de la RGI y de la Renta Garantizada» y, por lo tanto, «no está afectado por otras prestaciones no contributivas».

El diputado del PNV ha remarcado que la CAV se encuentra en tasas de pobreza, «como dice Eurostat», por debajo de la media de la UE, ya que se sitúa en el 18,4% debido a la instauración «desde hace treinta años de ingresos mínimos».

DNI y pobreza

Por su parte Gabriel Rufián, de ERC, ha apuntado «el derecho» que se gana, que «servirá para dignificar» las condiciones de vida y que supondrá «una vacuna frente a la precarización, pero reactivará el consumo y, por lo tanto, la economía».

Sin embargo, ha enumerado tres elementos «malos» de esta medida: «hay que acreditar un año entero de bajos ingresos; es complicado compaginarlo con ayudas similares en Euskadi y Catalunya y hay un millón de personas irregulares o ilegales que no se podrán acoger al mismo». Por lo que ha concluido que «el principal requisito para acceder al ingreso mínimo vital no tendría que ser el DNI, sino «tener o no tener hambre».

Ha admitido que «todavía tendremos tiempo para mejorar esa redacción», en referencia a la posibilidad de que se trate como proyecto de ley, al que se le podrán proponer modificaciones y cambios.

Albert Botrán, de la CUP, ha señalado que apoyará la medida, pero ha añadido que «con esos 3.000 millones que destinará, mucha gente en riesgo de pobreza extrema se quedará sin ingreso».

En ese sentido, ha recordado que, en su programa, el PSOE incluyó un presupuesto para una medida de estas de unos 6.000 millones y Unidas Podemos, de alrededor de 10.000 millones. «Ser pueden lograr con cambios en la fiscalidad», ha dicho, lamentando que no se haya explorado esa vía. A juicio de Botrán, la salida es «la Renta Básica Universal. Por que es universal, como lo indica, y es un derecho para todos residentes».

Pilar Marcos, del PP, ha considerado que «lo razonable» habría sido presentar un proyecto de ley pactado con «las comunidades autónomas, ayuntamientos, tercer sector y con la oposición, y que tuviera una memoria económica y un informe del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social».

Sara Giménez, de Ciudadanos, ha abogado porque «la prestación vaya ligada a un itinerario de inserción laboral desde la Ley para no esperar a su desarrollo reglamentario», mientras que JxCAT ha apostado por «analizar la compatibilidad de la renta con la prestación por hijo a cargo» y ha pedido que sea la Generalitat de Catalunya la que tenga las competencias sobre el mismo.

Formaciones como el BNG o Más País han considerado que es insuficiente en cuanto a beneficiarios y cuantías mientras que otros partidos como UPN han pedido que sea gestionada por todas las comunidades autónomas.

Coalición Canaria también ha pedido que sea compatible con las pensiones no contributivas.