PSOE y Unidas Podemos eliminan el impuesto a las grandes fortunas en su plan de reconstrucción
El documento que han pactado PSOE y Unidas Podemos sobre propuestas para la reconstrucción social y económica ha dejado fuera el impuesto a las grandes fortunas que el partido de Pablo Iglesias había anunciado y tampoco hace referencia a la derogación de la reforma laboral.
PSOE y Unidas Podemos han acordado este miércoles un documento conjunto con propuestas para la recién creada Comisión parlamentaria para la Reconstrucción social y económica en el que no concretan la creación de un nuevo impuesto que grave las grandes fortunas, como había propuesto la formación liderada por Pablo Iglesias.
Ambos grupos sí apuestan por subir los impuestos para asimilar la carga fiscal en el Estado español a la media de los países de la UE, si bien evitan concretar cuáles en su acuerdo.
La desaparición obedece a las resistencias del PSOE y al intento de que el PP acceda a apoyar a cambio el decreto de «nueva normalidad».
En el texto registrado a última hora de esta tarde en el Congreso, defienden «avanzar en la seguridad jurídica, certidumbre y progresividad» del sistema fiscal español, «con el fin de que aporten más quienes más tienen para que reciban más quienes más lo necesitan» y apuestan por «desarrollar de manera efectiva una fiscalidad verde, según las recomendaciones de la Unión Europea».
También apuestan por «fortalecer la prevención y lucha contra el fraude fiscal, especialmente el relacionado con las grandes fortunas y la economía sumergida, en cooperación entre administraciones, tanto a escala nacional como internacional».
El escollo de la política fiscal
La ambigüedad del texto y la exclusión del impuesto a las grandes fortunas refleja los escollos de la negociación sobre política fiscal en los que Unidas Podemos ha cedido renunciando a su propuesta «estrella» del impuesto a las grandes fortunas, que había anunciado desde el primer momento.
Representantes de los dos grupos parlamentarios han intercambiando borradores para definir un texto conjunto en una negociación en la que también ha participado el Gobierno, para evitar incluir en el texto aquello que los ministerios no vayan a aceptar.
La negociación se ha desplazado incluso al Palacio de la Moncloa, donde se han reunido este el presidente Pedro Sánchez y el vicepresidente y líder de Podemos, Pablo Iglesias
El propio portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, reconoció por la mañana la resistencia del PSOE a aceptar en la actual coyuntura un nuevo impuesto sobre la riqueza.
Sin mención a la reforma laboral
Por otro lado, se ha excluido también cualquier mención a la derogación de la reforma laboral a la que se han comprometido ambos partidos, y se limita a llamar a «luchar contra la precariedad y temporalidad excesiva mediante las reformas pertinentes, en el marco del diálogo social».
Apuesta por potenciar la formación profesional, reordenar y simplificar unas prestaciones por desempleo, asegurando «cuantías dignas», la revisión de las políticas activas de empleo, los incentivos a la contratación, y un «nuevo derecho a la formación continua».
Asimismo, proponen potenciar los ERTE, «dentro del diálogo social», para estudiar «un marco adecuado de regulación y cofinanciación para que l sean un instrumento de flexibilidad interna de las empresas y protección del empleo», y analizar la continuidad de ERTEs parciales primando ajustes en la reducción de la jornada.
Para el 2 de julio
Las conclusiones se presentarán en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica tras la crisis sanitaria, un órgano creado el pasado 7 de mayo y que ha acogido 112 comparecencias, entre ellas las de ocho miembros del Gobierno.
Una vez que los partidos presenten sus conclusiones, se abrirá la negociación con la oposición. Las distintas formaciones podrán presentar enmiendas a esos cuatro documentos base hasta el domingo 28 de junio y los grupos de trabajo volverán a reunirse el día 30 para debatirlas e incorporarlas o no a sus respectivas conclusiones.
El 2 de julio, se convocará la Comisión para discutir los textos que se aprueben en los distintos grupos de trabajo, una sesión que podría continuar al día siguiente si no da tiempo a aprobarlos en la primera jornada de debates.