La Fiscalía confirma la petición de 20 meses de inhabilitación para la Mesa del Parlament
La Fiscalía ha confirmdo la petición de condena de un año y ocho meses de inhabilitación para los exmiembros de la Mesa del Parlament juzgados en el TSJC por tramitar resoluciones parlamentarias relacionadas con la independencia de Catalunya.
La Fiscalía Superior de Catalunya ha confirmado este miércoles la petición de condena de un año y ocho meses de inhabilitación y multa de 30.000 euros a los exmiembros de la Mesa del Parlament Anna Simó (ERC), Ramona Barrufet, Lluís Corominas y Lluís Guinó (JxSí), y la exdiputada de la CUP Mireia Boya.
Así lo ha indicado en el trámite de conclusiones durante la segunda sesión del juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el fiscal Pedro Ariche, que solo ha incluido algunas modificaciones en el redactado de los hechos en su escrito de acusación.
Según el Ministerio Público, los acusados presuntamente incurrieron en un delito continuado de desobediencia grave cometido por autoridad pública del artículo 410.1 en relación con el artículo 74 del Código Penal, al «permitir la tramitación y facilitar la aprobación de resoluciones, leyes y normas jurídicas abiertamente inconstitucionales, a modo de cobertura normativa del nuevo Estado que sustituyera a la legalidad democrática vigente».
«A sabiendas»
El fiscal considera que los miembros de la Mesa actuaron «plenamente conscientes de que incumplían su deber de inadmitir y paralizar aquellas actuaciones contrarias al orden constitucional, a pesar de las múltiples advertencias y requerimientos que les formuló el Tribunal Constitucional».
Permitieron con su actuación, según el fiscal, que se impulsaran resoluciones parlamentarias y normas legales como las leyes de desconexión y las propuestas de resolución sobre la independencia «tendentes a crear el marco legal que sustentara la construcción de la república catalana».
Y lo hicieron «a sabiendas de que eran abiertamente inconstitucionales, de manera que dieran aparente cobertura jurídica al proceso de independencia diseñado y querido por todos los acusados».
Inviolabilidad parlamentaria
Por su parte, las defensas de los cinco acusados han confirmado sus escritos en el trámite de conclusiones, en los que piden la libre absolución de los exdiputados al considerar que no desobedecieron los mandatos y decisiones del Tribunal Constitucional.
En sus escritos invocan, del mismo modo que han hecho en el juicio, que los acusados actuaron amparados por la inviolabilidad parlamentaria, y que no podían entrar en cuestiones de fondo al admitir desde la Mesa a trámite iniciativas independentistas que entraban en el registro del Parlament.
Entre los testigos que han intervenido en el juicio, el diputado de ERC en el Parlament Ferran Civit (diputado de JxSí en la anterior legislatura) ha confirmado que votaron para hacer efectiva la independencia por que cuando se presentan iniciativas, como lo fueron las propuestas de resolución que se votaron ese 27 de octubre, es para «hacer política y no poesía».
También ha asegurado que los pronunciamientos del TC no condicionaron su voto: «Es lógico que el TC considerara que la independencia de Cataluña es anticonstitucional, pero estoy seguro que un día u otro lo acabará reconociendo como un hecho».
Dante-Fachin: «El rey es un corrupto»
Por su parte, el exdiputado de SíQueEsPot Albano Dante-Fachin ha calificado de «perfectamente fundamentado» que las propuestas se votaran de forma secreta ante las consecuencias jurídicas que han tenido algunos parlamentarios, como se evidencia en este juicio.
«No era excesivo tener precaución ante una Justicia donde tenemos al rey de España, que es un corrupto, presidiendo esta sala», ha señalado Dante-Fachin antes de ser interrumpido por el presidente de la Sala.