Un epidemiólogo no usa toga
El intento de los hosteleros navarros de frenar las últimas medidas de restricción en los bares a través de los tribunales supone el último exponente de una progresiva, y preocupante, judicialización de la gestión de la pandemia.
E l TSJN rechazó ayer suspender las medidas de restricción a los bares que se han impuesto en Nafarroa, en principio, temporalmente. Cuando los casos diarios saltaron de los 100 a los 300, el Gobierno navarro prohibió las reuniones de más de 6 personas y, también restringió el consumo en hostelería: solo se puede beber y comer en mesas desde el mediodía. Estas medidas se fijaron para 15 días, pero visto que el número de contagios permanece inmutable, lo esperable es que se prolonguen.
Las dos asociaciones de hostelería AHTN (la de los grandes) y ANAPEH (la de los pequeños negocios) acudieron a la vía judicial. Los tribunales denegaron la suspensión cautelarísima de las medidas, pero por motivos ajenos a lo sanitario. «Que la parte [los hosteleros] considere importante para sus negocios la segunda quincena de septiembre, tal circunstancia no constituye una urgencia objetivamente considerada sino una opinión subjetiva», señala la resolución.
El hecho de que hayan recurrido a los tribunales los hosteleros grandes y pequeños hace pensar que el origen de la iniciativa no es egoísta, sino que la desencadena una cruda realidad. La contención de la pandemia aprieta y, a muchos negocios, los ahogará. Sin embargo, el recurso a la vía judicial como válvula reguladora sobre cómo se controla la epidemia no parece el más razonable. Porque los juristas no saben de virus.
El fiscal de Catalunya que en julio negó la autoridad de la Generalitat para restringir las reuniones «por no haberlo justificado debidamente» supone un ejemplo de lo peligrosos que pueden ser los expertos en Derecho ejerciendo de epidemiólogos.
Estos «juristas epidemiólogos» también han incurrido en contradicciones en Madrid, donde llegaron a anular algunas de las medidas dictadas por esa comunidad autónoma. Finalmente, una revisión de la sentencia, evitó que las medidas decayeran.
Esta semana, la Fiscalía ha solicitado al Supremo tumbar hasta veinte querellas que intentan procesar al Gobierno español por su gestión de la pandemia. Las acusaciones, muy contradictorias, van desde la prevaricación hasta el homicidio imprudente.
La judicialización de la epidemia, como era de esperar, también ha llegado ya al inicio de curso escolar. Distintos grupos han elaborado guías para esquivar la obligación de llevar a sus hijos al cole. Todo apunta que, en breve, los pleitos se multiplicarán conforme avance la casuística colegio por colegio.
Esta deriva preocupa. Cuanto más pesen las decisiones judiciales en esta crisis, más complicado será controlar al virus. Además, el abuso de la vía judicial puede provocar en la población una quiebra de la confianza y la autoridad de los sanitarios. Esto dificultará que los ciudadanos acaten las restricciones por propia voluntad, favoreciendo una vía coercitiva que, a su vez, supone otra intromisión de lo jurídico en lo sanitario.