Un vecino de Gasteiz de 35 años, segunda muerte en la cárcel de Zaballa en setiembre

Un varón de 35 años vecino de Gasteiz ha fallecido en la prisión de Zaballa, según ha informado Salhaketa Araba. Se trata de la segunda muerte en esta cárcel en el mes de setiembre y la cuarta «por motivos no naturales» en lo que llevamos de año.

Un vecino de Gasteiz de 35 años ha fallecido en la prisión de Zaballa, según ha informado Salhaketa Araba. Se trata de la segunda muerte en esta cárcel en setiembre. Según los datos de Salhaketa, esta es la cuarta muerte «por motivos no naturales» en lo que llevamos de año que se registra en Zaballa. Este colectivo ha convocado una concentración el martes 6 de octubre a las 12.00 en la plaza de la Virgen Blanca de Gsteiz para denunciar este fallecimiento.

«Una tragedia evitable que engrosa las macabras cifras de personas muertas en prisión, la mayoría personas jóvenes que aparecen muertas por motivos no naturales en las cárceles españolas. Este hecho luctuoso, no notificado por Instituciones Penitenciarias, representa una nueva crónica de muertes anunciadas en las cárceles», ha destacado Salhaketa.

«Queremos denunciar la sistemática política de ocultamiento de estas muertes y sobre todo a raíz de la epidemia del covid-19. Según los datos con los que contamos, al menos 125 personas han muerto en las prisiones españolas en 2020. Ante este auténtico presocidio evitable, no se facilita ningún tipo de información pública, como parte de la estrategia de impunidad ante las muertes en el seno de instituciones públicas con las que las personas recluidas mantienen una relación de sujeción especial y cuyo derecho a la salud y a la vida depende única y exclusivamente de las mismas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se ocultan estas muertes? ¿Por qué no se exigen responsabilidades o al menos se investigan? ¿Ocurriría lo mismo si las víctimas fueran otras? ¿Se pueden tolerar impunemente estas muertes en el seno de una institución del estado como es el sistema penitenciario?», pregunta este colectivo.

«Nos preocupa la nula iniciativa de actuación por parte de las autoridades políticas y judiciales ‘competentes’ para esclarecer las circunstancias de estas muertes. Esta situación es inaceptable, sobre todo cuando la mayoría de esas muertes podrían evitarse, simplemente, con la aplicación estricta de la actual legalidad vigente», denuncia Salhaketa Araba.

Reclaman medidas

«Una vez más preguntamos a la Dirección General de Prisiones, al Ministerio de Interior y al Gobierno cómo va a terminar con esta terrible situación. Le preguntamos cuántas muertes han ocurrido realmente, quiénes eran los muertos, cuáles fueron las causas, qué medidas preventivas se establecieron, por qué no se excarceló a personas en avanzado estado de enfermedad, por qué las condiciones de vida en general y sanitarias en particular empeoran, qué está haciendo con respecto a el hacinamiento, cómo es posible que haya tantas personas presas con graves adicciones en prisión, con enfermedades mentales graves y la gran mayoría de ellas sin diagnóstico ni tratamiento», añade Salhaketa Araba.

Por ello, reclama que «el Ministerio Fiscal no se inhiba e investigue siempre de oficio estas muertes, la mayoría de ellas en extrañas circunstancias, tal y como le corresponde, para el esclarecimiento de las circunstancias y motivos de las mismas, con el fin de depurar las responsabilidades políticas, administrativas y penales que se desprendan de estos hechos».

Asimismo, Salhaketa exige «que las direcciones de las prisiones informen con imparcialidad a las familias y no se limiten a buscar que se incinere el cadáver para poder evitar autopsias posteriores que esclarezcan las circunstancias en la que se han producido las muertes».

Junto a ello, pide que «se faciliten a las familias todos los apoyos necesarios para poder solicitar las responsabilidades civiles y penales que se desprenden del mal funcionamiento de la administración de justicia, así como el apoyo psico-social que se ha de prestar a las víctimas de la cárcel al igual que al resto ante el estado de golpe shock que provoca la muerte de su familiar en prisión».

Además, reclama «la inmediata excarcelación, tal y como contempla la ley, de las personas presas gravemente enfermas, en especial aquellas en fase terminal, así como las que padezcan enfermedades mentales que en muchos casos suponen la inducción al suicidio. Estas personas necesitan unos cuidados y un seguimiento médico incompatibles con la cárcel que en muchas ocasiones es la que genera problemas de desequilibrio y enfermedad mental».