Presos por corrupción y similares tendrán un plan de «reinserción» en el Estado español
El Gobierno español presenta como pionero a nivel mundial un programa de «reeducación» con Justicia Restaurativa para personas presas por delitos económicos, entre las que se incluyen corrupción y similares.
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior español, ha puesto en marcha la primera fase de un programa de tratamiento «pionero» para los 2.000 presos que cumplen condena por delitos económicos, el 5,6% de la población reclusa. El objetivo es «reeducarles» a partir de 32 sesiones para dotar a los internos de las «herramientas para poder enfocar su vida en libertad con una actitud y conducta prosocial», explica.
El Programa de Intervención en Delitos Económicos (PIDECO) es, según Instituciones Penitenciarias, «el primero a nivel mundial de tratamiento dirigido a personas condenadas por cometer este tipo de delitos». En su fase final incluye la Justicia Restaurativa con el fin de establecer encuentros con afectados por delitos económicos, ya sean víctimas directas o indirectas del hecho delictivo, y así propiciar la petición de perdón y la búsqueda de la reparación del daño causado, que facilitaría por tanto beneficios carcelarios.
«El objetivo de este programa es la reeducación del individuo en aquellos factores personales y situacionales que favorecieron la comisión del delito, así como facilitarle las herramientas para poder enfocar su vida en libertad con una actitud y conducta pro social», señala el organismo dependiente del Ministerio del Interior.
La Administración penitenciaria ha creado este programa tras constatar un incremento de población reclusa penada por delitos económicos. Aquí incluyen los delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico (excluyendo los hurtos, robos o extorsiones), delitos contra la hacienda pública y la seguridad social, delitos contra los derechos de los trabajadores, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio y el medio ambiente.
El 5,6% de la población reclusa
En octubre del presente año, la Administración General del Estado custodiaba a 2.044 personas privadas de libertad por este tipo de delitos, lo que representa un 5,6% del total de la población penada. A ellos se dirige el programa, que tiene una duración de diez a once meses, y se compone de 32 sesiones a las que habrá que añadir las de Justicia Restaurativa.
Las primeras están dedicadas a motivar al participante, que solo puede serlo de manera voluntaria. A continuación se trabajará la identidad, el autoconcepto y la autoestima, según Prisiones, que señala que una investigación ha revelado que los niveles bajos de ambas se relacionan con la comisión de delitos.
Otro módulo terapéutico se encarga de profundizar en las habilidades sociales, narcisismo, egocentrismo, liderazgo, humildad o empatía. «Importantes, también, las unidades en la que se aborda la responsabilidad sobre la propia conducta delictiva y el sistema de valores», señala Instituciones Penitenciarias.
El programa se ha elaborado por un grupo de psicólogos de la institución penitenciaria con experiencia en la aplicación de programas de tratamiento. Los trabajos han durado en torno a dos años debido a la ausencia de referentes nacionales e internacionales sobre la materia, una dificultad que se ha visto agravada por la crisis sanitaria. De hecho el PIDECO es el primer programa para abordar el tratamiento de los delitos económicos a nivel mundial.
Como colofón a las sesiones, se incluye la Justicia Restaurativa con el fin de establecer encuentros con afectados por delitos económicos, ya sean víctimas directas o victimas indirectas del hecho delictivo. «El objetivo es conseguir la responsabilización del penado, la petición de perdón y la búsqueda de fórmulas que procuren la reparación del daño causado a las víctimas, cuya participación también será voluntaria», añade Prisiones.
40 sicólogos ya formados
La valoración de la eficacia de la aplicación del programa se realizará en colaboración con la Universidad de Comillas. El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Angel Luis Ortiz, ha clausurado este viernes el proceso formativo de los 40 psicólogos y psicólogas que impartirán el PIDECO, de momento, en 31 centros penitenciarios y nueve centros de inserción social (CIS).
Ortiz ha resaltado la obligatoriedad de la Administración penitenciaria «de ofrecer una posibilidad de tratamiento para todas las personas privadas de libertad que custodia» y ha subrayado la importancia de que se haga desde el enfoque de la Justicia Restaurativa.
«En muchas ocasiones he escuchado que los condenados por delitos económicos no necesitan tratamiento ya que ellos se consideran plenamente reinsertados», ha señalado el secretario general, algo que rechaza por considerar «esencial devolver a la sociedad en mejores condiciones a estas personas que por su falta de honestidad, narcisismo o por un liderazgo mal entendido vulneraron la ley».
Tras esta primera fase formativa, los psicólogos y psicólogas se encargarán de seleccionar a los internos e internas interesados en participar en esta primera edición del PIDECO, que se espera esté ya en total funcionamiento a partir del próximo mes de enero.