Medio siglo del consejo de guerra que quiso derrotar a ETA y doblegar al pueblo vasco

El 3 de diciembre de 1970, el franquismo sentó ante un juzgado militar a dieciséis jóvenes vascos y pidió la pena de muerte para seis de ellos. El régimen buscaba un escarmiento contra la disidencia vasca, pero la movilización y la presión internacional lograron darle la vuelta al juicio.

La densa niebla se adueñaba de Burgos y el clima era sumamente gélido aquel invierno de hace 50 años. El frío penetraba por las paredes del penal donde los encausados aguardaban el inicio del consejo de guerra en el que se les juzgaría por formar parte de la jefatura de ETA y, particularmente, por la muerte del comisario Melitón Manzanas.

Las encausadas lo harían sin embargo en una caballeriza, una celda improvisada donde aguzaban las armas de la palabra para combatir con quimérica esperanza a todo un régimen franquista que buscaba un castigo ejemplar para el pueblo vasco y la punzada definitiva a ETA. Ninguno de los acusados sabía entonces que aquel juicio pasaría a rellenar una de las páginas más renombradas de la historia de Euskal Herria.

En la Capitanía General de Burgos ya se habían celebrado varios consejos de guerra contra militantes vascos y opositores antifranquistas. También sería una área represiva incluso después de 1970. Tras la vista, se condenó a más de 500 años de cárcel a quince de los procesados y a la pena de muerte a seis de ellos (tres de ellos a doble pena). No obstante, en aquella ocasión, las intervenciones de los acusados, la presión internacional y las numerosas movilizaciones vinieron a dar al traste con los planes de Franco, quien se vio forzado a conmutar las penas capitales.

Dos años antes, el 2 de agosto de 1968, el reconocido torturador y colaborador de la Gestapo nazi, Melitón Manzanas, fue ejecutado en su domicilio de Irun en el marco de la 'Operación Sagarra'. Gracias al historiador Iñaki Egaña, recientemente se ha podido comprobar que unas vacaciones adelantadas libraron a su homólogo en Bilbo, Jose María Junquera, del mismo destino.

Para los antecedentes del consejo de guerra hay que remontarse también a la muerte de Txabi Etxebarrieta, dirigente y figura clave de ETA, a manos de la Guardia Civil el 7 de junio de 1968 en Tolosa. Etxeberrieta había dado muerte horas antes al guardia civil José Pardines, después de que el cuerpo militar le diera el alto a él y su compañero, Iñaki Sarasketa, en un control de carretera en la localidad de Aduna.

La ejecución del jefe de la Brigada Político-Social de Gipuzkoa fue la primera premeditada de ETA y desencadenó una ola de represión despiadada bajo el paraguas del estado de excepción declarado en Gipuzkoa. El Estado español iniciaba de esta manera la preparación del sumarísimo 31/69 con la pretensión de que sería un escarmiento a ETA y al pueblo vasco.

Detenciones en una ETA dividida

En las múltiples redadas de 1969 arrestaron a muchos de los procesados en Burgos. En la detención de varios militantes producida en Bilbo, Miguel Etxeberria ‘Makagüen’, escaparía del cerco policial y en un forcejeo acabaría con la vida del taxista que quería llevarlo a comisaría, Fermín Monasterio.

Días después, varios miembros de ETA fueron arrestados en la localidad cántabra de Mogrovejo. Enrique Gesalaga resultaría herido por un disparo de bala y permanecería varios meses hospitalizado. Otro proyectil hirió a Izko de la Iglesia en la prisión de Iruñea cuando intentaba, junto con Goio López Irasuegi, liberar a Arantza Arruti.

Varios procesados pasaron largos días en comisaría y todos denunciaron torturas. Las condicionadas autoinculpaciones bastaron para que en agosto de 1970 el fiscal pidiese seis penas de muerte y 752 años de cárcel para los encausados. Pese a los titulares de los medios, los 16 no formaban parte de la dirección de ETA, y alguno de ellos, como Antton Karrera, ni siquiera era militante de la organización antes de la vista.

La instrucción aterrizaba además en un coyuntura delicada para ETA. Además de las detenciones, la división en el seno de la organización era latente después de que sector mayoritario celebrara ese mismo año la VI asamblea, que evolucionó pronto hacia la LKI, mientras que el sector de la V asamblea se encontraba mayoritariamente en el exterior. Sin embargo, ambas fracciones planearían acciones para liberar a los procesados.

El secuestro por parte de ETA V del cónsul de la República Federal de Alemania, Eugene Beihl, producido la noche del 1 de diciembre de 1970 en Donostia, contribuiría a llamar la atención sobre la causa vasca. Federico Krutwig, autor de dos informes para la V Asamblea, fue el encargado de negociar con el Gobierno de Willy Brandt su liberación que finalmente se produjo el 25 de diciembre en Wiesbaden, tras 23 días de cautiverio.

En los prolegómenos del juicio, estuvo en el candelero hasta los últimos días el carácter público de la vista. El concordato acordado entre la dictadura franquista y el Vaticano recogía que los sacerdotes debían ser juzgados a puerta cerrada, pero el rechazo de los dos curas encausados, Julen Kaltzada y Jon Etxabe, y las presiones en la Santa Sede obligaron a que fuera público.

Esta maniobra fue clave, por un lado, para que familiares y sobre todo la prensa internacional fueran testigos de excepción. Por otro, era un síntoma indicador de la animadversión creciente de un sector de la Iglesia católica hacia el régimen franquista, que desde la Guerra Civil había sido pilar de la dictadura.

Comienzo de la vista

Con férreas medidas de seguridad, el 3 de diciembre de 1970 comenzó la vista en la Capitanía General de Burgos. El tribunal militar estuvo presidido por el teniente coronel Manuel Ordovás y Antonio Troncoso de Castro, del Cuerpo Jurídico Militar, ejerció de vocal ponente y fue el encargado de redactar la sentencia.

Al otro lado, se encontraban personas que más adelante tendrían un papel relevante en la vida política. Entre los imputados estaban los mencionados Onaindia, Uriarte y López Irasuegi, además de Itziar Aizpurua y Jokin Gorostidi. A cada uno les correspondía un abogado, pero la estrategia la llevaron entre cinco: Juan María Bondrés, Elías Ruiz Ceberio, Miguel Castells, Ibon Navascués y José Antonio Etxebarrieta, este último letrado de Xabier Izko de la Iglesia, acusado de ser el autor material de la muerte de Manzanas.

Nada más comenzar la causa, la movilización popular fue inmediata. El propio Gobierno Vasco en el exilio alentó a la población a realizar un paro general el 3 de diciembre. Se produjeron huelgas en todos los sectores sociales del país; trabajadores y estudiantes paralizaron Euskal Herria. Estas movilizaciones se acompañaron solidariamente en el Estado español y se extendieron también a Europa y América del Sur. El 4 de diciembre, el Gobierno de Franco volvió a instaurar el estado de excepción en Gipuzkoa, que se amplificó a todo el Estado español días después.

El núcleo del juicio comenzó el 6 de diciembre con las declaraciones de los procesados. Aprovechando la presencia de la prensa en la sala, los dieciséis encausados, a los que se les prohibió hablar en euskara y parte del juicio lo pasaron amordazados, realizaron una defensa a ultranza de la clase trabajadora vasca, del euskara, del movimiento de las ikastolas; denunciaron torturas a la vez que la opresión capitalista de Euskal Herria; se declararon marxistas-leninistas y expusieron la naturaleza de ETA en una escenificación que poco tenía de improvisada.

Un día después, Troncoso de Castro, único miembro del Tribunal sin suplente, se ausentó por una «lipotimia» y obligó a la paralización del juicio durante una jornada. Según recogió la prensa internacional, su ausencia fue en realidad una artimaña para repensar la estrategia de una vista en la que era el Estado el que estaba siendo juzgado, y no al revés.

El 8 de diciembre prosiguieron las declaraciones en términos políticos y fue el 9 de diciembre cuando Onaindia terminó su declaración al grito de ‘Gora Euskadi Askatuta!’, al tiempo que los acusados y parte del público entonaba 'Eusko Gudariak'. El coronel Ordovás ordenó desalojar la sala e incluso Troncoso desenvainó el sable dirigiendo su punta contra los encausados mientras estos renunciaban, a gritos, a su defensa. La causa se retomó a puerta cerrada.

Sentencia: 500 años y 9 penas de muerte

El fallo se hizo público el 28 de diciembre, día de los Inocentes. Solo Arantza Arruti fue absuelta, y los penados a muerte fueron Teo Uriarte, Xabier Izko de la Iglesia, Mario Onaindia, Xabier Larena, Unai Dorronsoro y Jokin Gorostidi. La respuesta diplomática no se hizo esperar: el Gobierno de Franco recibió peticiones de clemencia de una veintena de jefes de Estado, incluso del propio Vaticano.

ETA había encontrado apoyo en Telesforo Monzón y la asociación Anai Artea y sumaría en la esfera internacional los apoyos de personajes relevantes como la abogada Gisèle Halimi, que asistió como observadora al juicio del que emanaría ‘Le procès de Burgos’, libro que se difundió con el prólogo de Jean-Paul Sartre. También intervinieron destacados artistas y políticos, como Olof Palme, Simone de Beavoir, René Cassin, Pablo Casals, Rafael Alberti, o Pablo Picasso –que se negó a la inauguración del museo que llevaría su nombre en Barcelona–.

Las autoridades españolas estaban desbordadas. El día 30, el Consejo de Ministros se reunió en El Pardo para acordar por unanimidad conmutar las penas de muerte. Con la llegada de la transición y la ley de amnistía, la mayoría de las procesadas y procesados fueron indultados y los condenados a muerte fueron extrañados.

Hay acontecimientos que marcan el devenir de las cosas. El logro de aquellos dieciséis jóvenes de presentar el sumarísimo 31/69 como una acometida contra el pueblo trabajador vasco, las movilizaciones y la presión internacional lograron agrietar el régimen y mostrar su debilidad. En Euskal Herria, el Proceso de Burgos fue un catalizador para que nuevas generaciones restablecieran el hilo de continuidad con las luchas de liberación nacional y social.