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El Congreso aprueba la eutanasia con amplio consenso y exabruptos de la ultraderecha

La mayoría de investidura sigue en racha y logra aprobar la proposición que regula el suicidio asistido con 198 votos, con apoyos de todo el espectro ideológico, salvo de la mayor parte de la derecha españolista. Ahora pasa al Senado, que la votará en marzo. Vox anuncia que la recurrirá ante el TC.

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Casi un año y medio después que el PSOE presentara la proposición de ley de regulación de eutanasia, el Congreso de los Diputados la ha aprobado este miércoles por un amplio margen, con el voto a favor de la mayoría de los grupos parlamentarios y el rechazo de PP, Vox, UPN y Foro Asturias.

Ha sido tras superar los obstáculos parlamentarios y con el impulso que le dieron PSOE, Unidas Podemos y las formaciones aliadas. Si hace una semana PP, Vox y PNV se opusieron en la Junta de Portavoces a que el tratamiento fuese incluido en el orden del día del pleno de esta semana, los socialistas este martes tampoco lograron el apoyo unánime para poder introducirlo por lo que optaron por convocar un pleno extraordinario para abordar un proyecto que, paradójicamente, cuenta con extendido consenso multipartidario y social.

De hecho, la proposición de ley (no fue proyecto porque la ha impulsado el Grupo Socialista y no Moncloa) ha contado con el récord de apoyos en lo que va la legislatura (198), solamente superado por el Ingreso Mínimo Vital. Aquel fue apoyado hasta por el PP y con la abstención de Vox. En la votación telemática de este miércoles ha habido dos abstenciones (no se sabe de quiénes pero se descuenta que sea por razones religiosas) y una sorpresiva merma de votos: sufragaron 338 diputados y hubo 12 que no lo hicieron en ningún sentido, por causa desconocida.

La casi hora y media de debate -fue breve por ser un proyecto largamente conversado en comisiones y modificado con respecto al del presentado en el año pasado- ha transcurrido sin mucha crispación y manteniendo el decoro, excepto por la representante de Vox y por el apasionamiento mostrado por la portavoz de la comisión de Sanidad y exministra María Luisa Carcedo.

La diputada del PSOE ha respondido a las críticas de la derecha señalando que «la libertad por la que dicen pelear pervierte la palabra libertad, es la del mercado sin ley y sin regulación». Y ha celebrado que esta ley «regula las condiciones y los procedimientos para acceder a la ayuda a morir, algo que el Tribunal de Estrasburgo recomienda que, además de despenalizar, se regule».

Sobre los mensajes alarmantes de PP y Vox, ha recalcado que se tratará de una «decisión absolutamente autónoma de la persona que sufre y es una ley garantista» con ello. «¿Cómo les cuesta tanto digerir una ley de autonomía del paciente que deja claro que es la persona la que decide?», ha dicho mirando al arco derecho del hemiciclo una Carcedo enfática, que provocó los primeros aplausos al decir que no quería quitarse la mascarilla mientras hablaba en el atril, tras la sugerencia de la presidenta de la cámara, Meritxell Batet.

El portavoz del PP, José Ignacio Echániz, ha asegurado que unos 160 expertos «han dicho que esto es inconstitucional» y que «frente al suicidio asistido» ellos proponen «los cuidados paliativos, su extensión y universalización, la sedación paliativa y el testamento vital». Juntoa ello, ha calificado de «injusta» la ley por «actuar contra los más vulnerables y más influenciables».

Pero ha sido al tomar la palabra la portavoz de Vox, Lourdes Méndez, cuando ha entrado por un rato la crispación al hemiciclo: «Señorías de la izquierda radical, herederos del terrorismo, separatistas, comunistas, enemigos de España, cuando aprueben esta ley despiadada, ilegítima, celebrarán con una sonrisa cruel. Al tiempo que firman sentencias de muerte para los más débiles», ha afirmado.

Méndez ha acusado al Gobierno central de querer «ahorrarse la hospitalización de las personas mayores, a las que la sociedad debe venerar» y alerta que se les hará sentir «que su vida no es digna de ser vivida, por tanto todo el sistema presionará para que quieran morir». Además, ha puesto en duda que no se asegure que no se vayan a realizar «eutanasias involuntarias» y deslizado que se permiten asistencias a morir en forma privada «para instalar la industria de la muerte».

Por si fuera poco, ha anunciado que su partido va a volver a judicializar la política y recurrirá la ley ante el Tribunal Constitucional, para concluir así: «Cuando el mundo celebra el nacimiento del hijo de Dios, ustedes eligen mandar este mensaje implacable, que es la destrucción de la sociedad». Minutos después, el diputado gaditano de la ultraderecha Agustín Rosety acusaba a sus colegas legisladores de hacer «lo mismo que hizo Hitler en los años 30 con el primer programa de eutanasia de la historia».

Los grupos vascos, a favor
Tanto el PNV como EH Bildu han votado a favor de la proposición, al igual que han hecho los independentistas catalanes, el BNG y los nacionalistas valencianos y canarios.

El portavoz del Grupo Vasco, Joseba Agirretxea, ha valorado que se esté dando «cobertura legal a quien por su forma de entender la vida y la muerte no piense igual» y ha salido al cruce de las críticas de la derecha española que reclama medidas paliativas: «No son lo mismo cuidados paliativos, no llegan a las necesidades de ciertas personas».

Además, ha felicitado a la cámara por lograr «constituir un texto sólido» y que es digno de una «sociedad abierta y avanzada». «El PNV, como partido aconfesional y abierto al progreso, considera oportuno decidir sobre este tema. Seamos empáticos y compasivos con el sufrimiento».

Por otra parte, el portavoz de EH Bildu, Iñaki Ruiz de Pinedo, ha recalcado que es «una obligación social urgente» aprobar la eutanasia, algo «que debería haber pasado hace mucho» porque se lleva «intentándose más de 16 años». Sin embargo, ha criticado que la proposición no haya recogido «la despenalización completa de la asistencia al suicidio».

Ruiz de Pinedo ha criticado los argumentos de la derecha española y dicho que se basa en «concepciones del mundo ancladas en el pasado que impiden a las personas ser soberanas en sus propias vidas». Y ha pedido un «reconocimiento a quienes se les hizo sufrir inútilmente, a quienes deseaban dejar de sufrir».

Un ejemplo de ello es Angel Hernández, el hombre que se hizo famoso en julio de 2019 al asistir en el suicidio a su mujer, María José Carrasco, paciente de esclerosis múltiple, postrada durante tres décadas. Hernández ha estado en la Plaza de las Cortes frente al Congreso y celebrado la aprobación de la ley junto a miembros de los colectivos a favor del derecho a morir.

 

Un par de horas antes, allí había una manifestación con no más de cien personas en las antípodas, que rechazaban el tratamiento de la ley.

Por escrito y revertible

Lo aprobado este miércoles exige que los pacientes dispongan por escrito de la información que exista sobre su proceso médico, las diferentes alternativas y posibilidades de actuación, incluida la de acceder a cuidados paliativos, y obliga a los pacientes a formular dos solicitudes de manera voluntaria y por escrito y por separado, dejando pasar 15 días entre ambas.

El requisito es que el paciente sufra una enfermedad grave e incurable o padecer una enfermedad crónica e invalidante en los términos establecidos por la ley, certificada por el médico o médica responsable. La solicitud de muerte asistida podrá ser revocada en cualquier momento y también podrá ser denegada por el médico. Tras deliberar los profesionales con el paciente, sólo si éste mantiene su decisión, 24 horas después se continuará con el proceso.

«Una vez sancionada la ley, empezaremos a trabajar para que este servicio esté garantizado», ha afirmado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, encargado de cerrar el debate. La proposición ahora pasará al Senado, que comenzará su tratamiento en enero y, según los cálculos parlamentarios, hará historia en marzo al convertir en ley la eutanasia en el Estado español.