El TSJC inhabilita al conseller de Exteriores catalán por el referéndum del 1-O
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado a un año de inhabilitación al conseller de Exteriores, Bernat Solé, por participar de forma «activa y decidida» en el referéndum del 1-O.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado a un año de inhabilitación y a una multa de 16.800 euros al conseller de Exteriores, Bernat Solé, de ERC, por un delito de «desobediencia grave» al facilitar el referéndum del 1-O en Agramunt (Lleida) cuando era alcalde del municipio.
En su sentencia, la sala civil y penal del TSJC considera que el alcalde desoyó la orden del Tribunal Constitucional de impedir el 1-O y participó de forma «activa y decidida en el desarrollo y buen fin» del referéndum, asumiendo «responsabilidades logísticas» durante la jornada de votación. La defensa de Solé tiene un plazo de cinco días para presentar un recurso de casación contra este fallo ante el Tribunal Supremo (TS).
Los magistrados consideran probado que Solé conocía directamente pronunciamientos del TC sobre la convocatoria del referéndum «y, por tanto, de la advertencia de incurrir en delito de desobediencia si no se abstenía de implementarla».
El TSJC alude que Solé permitió que se usara el local municipal del Casal Agramuntí para celebrar un acto para promover la participación en el referéndum, y recalca que también intervino en el acto, lo que considera que hizo como alcalde y como diputado en el Parlament «aprovechando la ocasión para alentar públicamente a los oyentes a ir a votar el día 1 de octubre de 2017».
También señalan que el 7 de septiembre promulgó un decreto de Alcaldía con el que «se comprometió a poner a disposición de la administración electoral del Govern de la Generalitat, para la celebración del referéndum de autodeterminación, el local de titularidad municipal utilizado habitualmente en los diversos los procesos electorales habidos en la localidad», el CEIP Macià-Companys.
«Participación activa»
Respecto al día de la votación, la sentencia expone que «tuvo una participación activa y decidida en su desarrollo y buen fin, personándose desde el primer momento en el centro de votación y asumiendo de forma intermitente durante toda la jornada responsabilidades logísticas, de apoyo y de asistencia a los organizadores», a quienes informaba de las actuaciones policiales en pueblos cercanos.
Afirman que actuó «colaborando decisivamente en la toma decisiones capitales, tales como la de esconder en lugar seguro las urnas con los votos depositados en su interior y la documentación comprometedora relacionada con la votación», así como para adelantar la hora de cierre de la votación ante una posible intervención policial para requisar las urnas.
ERC recurrirá
El conseller Bernat Solé ha anunciado en la rueda de prensa posterior a la reunión extraordinaria que ha realizado el partido que no piensa dejar por ahora su cargo, sino que prevé «defenderse» de la condena a un año de inhabilitación.
«No renunciaremos a ninguna de las vías para defendernos ante una sentencia injusta y seguiremos al frente de nuestras responsabilidades, porque el país tiene necesidades urgentes», ha asegurado en una declaración institucional desde el Palau de la Generalitat, acompañado de Pere Aragonès y la portavoz de ERC, Marta Vilalta.
Según Solé, esta sentencia también va dirigida a «centenares de alcaldes y alcaldesas que estuvieron al lado de la ciudadanía durante el 1-O y a los más de dos millones de personas que votaron».
La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha anunciado que recurrirán la sentencia del TSJC contra Bernat Solé. Para Vilalta, no es casual ni banal que la sentencia contra Solé llegue ahora como conseller responsable de los procesos electorales. «Es una nueva muestra de la interferencia judicial en el ámbito político y en el proceso electoral que está en marcha. Hay una clara intencionalidad de condicionar la vida política, en forma de venganza y de interferencia por parte de los tribunales», ha declarado la portavoz.
Reacciones
Antes de su comparecencia, ERC había reaccionado a la inhabilitación de Solé en su cuenta de Twitter destacando que de «de nuevo» se ha producido «represión» y «judicialización de la política». Además, Solé ha recibido la solidaridad de otros destacados miembros de la formación republicana, como el president del Parlament, Roger Torrent; el vicepresident Pere Aragonès; o la diputada en el Congreso español Marta Rosique, así como otros representantes y alcaldes catalanes.
❗️ El TSJC acaba d'inhabilitar el conseller @bernatsole per haver fet possible el referèndum📩 de l'1 d'octubre a Agramunt.
— Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) January 21, 2021
De nou, repressió. De nou, judicialització de la política❌. Tot el suport i força, conseller! Farem que la democràcia guanyi✊! pic.twitter.com/yOFIyRCxzl
El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha tildado esta decisión de ser «un nuevo acto de venganza por el 1 de octubre». En un apunte en Twitter, Torrent ha reprochado que se trate de «un episodio más de la causa general contra el independentismo». «A golpe de sentencia no acabarán con las aspiraciones democráticas de la mayoría de este pueblo. Todo el apoyo, Bernat Solé. Amnistía y autodeterminación», ha zanjado.
El vicepresidente Aragonès ha tachado de «represión y venganza» la inhabilitación del Solé. «Los volveremos a derrotar en las urnas. Nos encontrarán de pie defendiendo la democracia y la libertad. Estamos contigo, Bernat Solé», ha escrito en un tuit el vicepresident.
El president inhabilitado de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmado que la inhabilitación del conseller de Exteriores no es un acto de justicia, sino de «barbarie». El también president Carles Puigdemont ha acusado al Estado de «continuar reprimiendo sin freno». En su mensaje, Torra ha señalado que la única manera «de dejar atrás este Estado vengativo y demofóbico es con la República Catalana», mientras que Puigdemont ha dicho que la sentencia confirma que «la represión continúa intacta».
Por su parte, la consellera de la Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha criticado la inhabilitación de Solé y ha declarado que «permitir que la gente vote nunca debería ser delito». «En este país la represión no se para y se piensan que se puede decidir todo a golpe de sentencia judicial», ha declarado Budó.