Entidades navarras denuncian falta de fondos y programas para jóvenes migrantes no acompañados

Organizaciones navarras han exigido que se retomen los programas para jóvenes migrantes no acompañados ante el desborde que sufre el Sistema de Protección a la Infancia debido al aumento de llegadas desde el año 2017 y el desmantelamiento de servicios producido en 2020.

Un grupo de entidades y colectivos, formado por la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, Iruña Ciudad de Acogida, Papeles y Derechos Denontzat y Yoar, ha denunciado este viernes en una rueda de prensa la situación de alta vulnerabilidad que sufren algunos jóvenes migrantes no acompañados que residen en Nafarroa.

En este sentido, las entidades y colectivos han explicado que la intensidad de los flujos de entrada de los menores en el herrialde como destino migratorio ha pasado de ser un movimiento «apenas perceptible y sin apenas impacto» en el Sistema de Protección, a ser en apenas dos años una realidad que «podría haber llegado a poner en cuestión la eficacia del Sistema de Protección a la Infancia, llevándolo al borde del colapso».

El cambio se produjo a finales del año 2017, cuando apenas había llegadas. Durante 2018 y 2019 comenzaron a llegar «entre 30 o 40 personas al mes, llegando en este tiempo más de 300 chavales, y muy pocas chicas», ha apuntado Lydia Almirantearena.

Este colapso o desborde de los sistemas de protección, sumado a otros riesgos sociales, hizo imprescindible la implementación de recursos adicionales que permitieran la cobertura inmediata del conjunto de menores extranjeros no acompañados que se encuentran situación de desamparo.

De esta manera, han indicado que el proyecto de intervención fue diseñado a lo largo de un itinerario de intervención establecido en tres fases: de acogida y valoración, de integración y de autonomía.

La implementación de dicho programa, han detallado, derivó en una «recuperación de los niveles y estándares de calidad» en cuanto a la eficacia y eficiencia del Sistema de Protección a la Infancia en Nafarroa y un «alto grado satisfacción percibida en el conjunto de menores atendidos, profesionales e instituciones implicadas en los procesos de intervención».

No obstate, la situación que se ha dado a lo largo de 2020 ha supuesto un cambio para la situación de los jóvenes migrantes no acompañados, en un año marcado por la pandemia provocada por el coronavirus.

Este giro se ha concretado en tres grandes cambios: el primero, la expulsión del Sistema de Protección dependiente del Departamento de Derechos Sociales, liderado por Carmen Maeztu, a aquellos jóvenes no acompañados que adquirían la mayoría de edad o cuya mayoría de edad se probaba. Todo ello, pese al «compromiso público de Gobierno de Nafarroa de mantener la atención a estas personas hasta la edad de 21 años», han denunciado.

Almirantearena ha señalado que «no se tiene muy claro el cambio de criterio» por parte del Ejecutivo navarro y ha añadido que «muchos llegan con 17 años» y «para muchos no es tiempo suficiente» para conseguir una inclusión y un modelo vital pleno.

En segundo lugar, se ha producido un desmantelamiento de servicios específicamente orientados a garantizar su inclusión en la sociedad navarra, en concreto el ‘Programa de Alfabetización’ y el de ‘Inmersión Comunitaria a través del Ocio’.

Y por último, se ha producido una trasferencia de competencias al Departamento de Políticas Migratorias relativas a este sector de la población. Pero dicho traspaso, según las entidades y colectivos, no se ha realizado con la planificación y diseño del programa adecuados para acoger a todos estos jóvenes. «Ni tampoco se ha provisto, por parte de Gobierno de Navarra, de la previsión de fondos suficientes que hagan viable la actuación», han añadido.

A ese respecto, han señalado su preocupación por la dotación del servicio de Políticas Migratorias con «unos exiguos 105.000 euros» que, gracias a una enmienda, «contará con 401.500 euros, todavía insuficientes» para implementar un programa.

Este programa anunciado, han añadido, tendrá una capacidad de 50 plazas, 30 de ellas de carácter residencial, para lo que creen que con la dotación presupuestaria aprobada «resulta inviable a todas luces».

Goteo de salidas

Pero lo que más ha preocupado a este grupo de colectivos ha sido «la salida de 25 jóvenes de los recursos especializados a 30 de junio de 2020, lo cual se ha confirmado en fuentes oficiales».

De este modo, se han mostrado preocupadas por el «goteo de salidas», que ha sido «continuo» pero no transparente, pues «de esto no se ha informado públicamente». «En algunas ocasiones salidas con solamente una o dos semanas, tiempo insuficiente para poder articular estas salidas desde los servicios y también para que estos jóvenes puedan buscar al menos un alojamiento adecuado», han remarcado.

En ese momento, ha añadido Beatriz Villahizán, «acuden a albergues, que son servicios que no están pensados para sus necesidades». Además, la ruptura del proceso de inclusión «hace que no culmine con éxito» y que se dé una desvinculación del sistema.

Son situaciones, a su juicio, «de desprotección y desamparo graves, teniendo en cuenta la alta vulnerabilidad de estos jóvenes». Por ello, han señalado que es necesario «articular un modelo de salida que garantice una vía adecuada para estos jóvenes».

Por todo esto, han querido confirmar su apoyo a estos jóvenes y pedir a los Departamentos de Gobierno de Nafarroa, en concreto al de Derechos Sociales y Políticas Migratorias y Justicia, que consoliden su compromiso mediante la «creación de un sistema público fuerte y con recursos suficientes».

Tal y como han afirmado, «la resolución pasará por la creación de un modelo que articule la acogida de las personas, la intervención especializada, la planificación de recursos de manera integral, además de la creación de un protocolo para una planificación adecuada de salidas de los mismos que garanticen su inclusión social en nuestra Comunidad y el seguimiento de estos jóvenes una vez que están fuera del sistema».

Desde el grupo de colectivos trasladan que a pesar de las reuniones mantenidas con los departamentos involucrados desde junio de 2020 no han observado avances relevantes en este sentido desde el Gobierno de Nafarroa.