El TAN ve ilegal la suspensión de la actuación de Pirritx eta Porrotx impuesta por Maya

El Tribunal Administrativo de Nafarroa ha declarado ilegal la suspensión del contrato del Ayuntamiento de Iruñea y los payasos Pirritx eta Porrotx impuesta por el equipo de Gobierno de Maya. EH Bildu pide la dimisión de la concejal de Cultura de Navarra Suma y que se lleve a cabo la actuación.

El TAN ha declarado ilegal la suspensión unilateral del contrato realizado entre el Ayuntamiento del Cambio gobernado por Joseba Asiron y los payasos Pirritx eta Porrotx y que fue impuesta por el equipo de Gobierno de Enrique Maya. Esa actuación iba a tener lugar el 29 de noviembre de 2019 en Baluarte en el marco de los actos de celebración del Día del Euskara. Pero Navarra Suma decidió suspender la citada actuación aduciendo irregularidades en el citado contrato.

Ese contrato había sido firmado por la entonces concejal de Cultura, Maider Beloki, quien ha recordado en rueda de prensa que «a pesar de que su validez fue respaldada tanto por el Defensor del Pueblo, el Consejo de Nafarroa como por el Tribunal de Contratos y que EH Bildu, en base a esos pronunciamientos, reclamó que se echara para atrás este despropósito», Navarra Suma siguió adelante y lo suspendió de forma unilateral, aunque finalmente Pirritx eta Porrotx ofrecieron por su cuenta esa actuación en diciembre de ese año en un Anaita a rebosar.

Ahora ha sido el TAN el que ha vuelto a respaldar su legalidad y decretado la ilegalidad de la suspensión basándose en dos requisitos, según ha detallado el portavoz del grupo municipal de EH Bildu, Joseba Asiron, que también ha intervenido en la comparecencia. En concreto, apunta a una cuestión formal, «dar audiencia al contratista, que no se hizo y por tanto generó indefensión, y otra de fondo, porque Cultura trató de sustentar en tres argumentos que existían razones de interés público para no cumplir el contrato y el TAN ha rechazado los tres». Esos argumentos eran «la inexistencia de un informe que avalara la contratación, la ausencia de incardinación del acto en una programación infantil y la suposición de Navarra Suma de que se trataba de un contrato por ‘motivos ideológicos‘».

En vista del varapalo judicial que ha recibido el equipo de Gobierno de Navarra Suma, EH Bildu considera que del mismo se debería derivar «la dimisión inmediata de la titular de Cultura, María García Barberena, por mentir a la ciudadanía». La coalición soberanista ha adelantado que mantendrá conversaciones con el resto de grupos del Consistorio iruindarra para llevar adelante la reprobación de la citada concejala.

Además, considera que debería producirse una «reparación a los niños y niñas a los que se hurtó esta actuación» y, finalmente, sostiene que Maya tiene la obligación «de pedir disculpas públicas por las acusaciones que lanzó contra EH Bildu en general y contra Maider Beloki en particular».

Sobre esta última cuestión, Asiron ha recordado que «Navarra Suma atacó a Maider Beloki y al Gobierno del Cambio por actuar, según ellos, de forma ilegal y por afinidad ideológica firmando este contrato, y esta resolución determina que quien actuó ilegalmente fue García Barberena, amparada por Maya, y por eso el TAN ordena la revocación por nulidad de la resolución por la que suspendió dicho contrato».

Escalada de censura

A modo de conclusión, Asiron ha señalado que la decisión del TAN «demuestra que las decisiones que entonces se tomaron y las justificaciones que las sustentaban no tenían base, que el equipo de gobierno protagonizó un capítulo de censura intolerable sólo para dar cumplimiento a sus obsesiones políticas, y que lo hizo además en un claro ejemplo de euskarafobia, jugando con las ilusiones de cientos y cientos de txikis y acusando a otros de actuar ilegalmente cuando eran ellos y ellas las que las estaban cometiendo… y lo sabían».

Tanto Beloki como Asiron han denunciado «la preocupante escalada de la censura que estamos viviendo y que constata la debilidad democrática», que en Iruñea se aprecia con lo ocurrido con Pirritx eta Porrotx y con la suspensión de la charla sobre brecha orgásmica de Paola Damonti en la Casa de las Mujeres, y que abriendo el foco ha tenido como último ejemplo el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel.

Finalmente, Asiron ha recordado que «esta sentencia viene a sumarse a la cadena de varapalos judiciales que ha encadenando Navarra Suma desde el inicio de esta legislatura. La justicia le ha tumbado al menos 16 decisiones por unilaterales y arbitrarias, en menos de dos años». Por todo ello, ha pedido al alcalde de Navarra Suma que «reflexione y abandone esta vía de gobernar totalitaria y unilateral» y emprenda «la senda de la búsqueda de acuerdos y respeto a la pluralidad de nuestra ciudad». 

García-Barberena dice que no dimite

García-Barberena, por su parte, ha proclamado que no dimitirá pese a la sentencia del TAN. «El alcalde tendrá que valorar pero no voy a dimitir por algo que me pide alguien que lo hecho peor que yo», ha dicho en alusión a EH Bildu, en una rueda de prensa al ser cuestionada por la resolución y por la petición de dimisión formulada por ese grupo municipal.

García-Barberena ha sostenido en ese sentido que sobre el equipo de gobierno municipal de EH Bildu en la pasada legislatura hubo «sentencias demoledoras como las escuelas infantiles y nunca se dimitió».

Respecto a la resolución del TAN, ha señalado que «aprecia incorrecciones de índole formal pero concluye con rotundidad que los payasos no tienen derecho a imponer al Ayuntamiento el cumplimiento del contrato que es lo que solicitaban».

La concejala ha subrayado que «las primeras incorrecciones formales son las cometidas en la contratación de los payasos por Maider Beloki después de celebrar las elecciones municipales, a tres día de la investidura del nuevo alcalde y sin ningún informe previo que avalase la contratación y que sin que la actuación de los payasos figurase en la programación incardinada en la programación del área».

En su opinión, resulta «paradójico que quienes contrataron de una forma bastante irregular ahora se quejen de la ausencia de otros trámites en el desistimiento de ese contrato».

Para la concejala, «lo importante es que la otra parte de la sentencia otorga la razón al Ayuntamiento, confirma la denegación del uso de la sala. Estábamos en todo nuestro derecho para hacerlo y la única consecuencia que tiene es pagarles una indemnización de un 6 % en torno a 200 euros».