Alquileres: el PSOE se resiste a cumplir el pacto con UP y mira de reojo a las autonomías

La coalición de Gobierno español no se pone de acuerdo en la intervención estatal del mercado inmobiliario. Podemos empieza a perder la paciencia ante una promesa de ley hecha dos veces por Sánchez. Moncloa deja hacer a sus gobiernos autonómicos. Baleares, ejemplo de la tensión actual.

Los partidos del Gobierno del Estado no pasan por sus mejores días de convivencia. A la polémica por las diferentes visiones de la democracia española (consolidada para los socialistas, con mucho por mejorar para los morados) viene a sumarse la tensión por dos proyectos de ley que hoy son el eje de la controversia: la Ley Trans y la de viviendas y regulación de alquileres.

La ley que busca mejorar la situación del colectivo trans es netamente política y exhibe la colisión entre dos filosofías distintas de ver el tema. Pero la del mercado inmobiliario es económica y pone el foco en la intervención estatal en la economía, uno de los puntos en los que más se diferencian las dos formaciones de la coalición.

Hace semanas –ya son meses} vienen negociando el ministro de Transporte, José Luis Abalos (cuya cartera se quedó con las competencias en vivienda) y la delegada de Unidas Podemos, Ione Belarra, secretaria de Estado para la Agenda 2030. La negociación se cortó a demanda del PSOE dos semanas antes de las elecciones catalanas para evitar ruidos molestos en la campaña. Se retomaron luego y siguen empantanadas.

Para peor, en rueda de prensa Ábalos admitió que habría un frenazo a lo que hace a la regulación de los alquileres y que buscaría avanzar en incentivos que, básicamente, no intervinieran tanto el mercado. Pero desde Podemos recuerdan que el presidente del Gobierno pactó con Pablo Iglesias no una sino dos veces acceder a ello: lo hizo para el acuerdo de investidura y luego volvió a hacerlo en las vísperas del pacto por los presupuestos estatales.

Esta semana hubo una noticia que vino desde el Mediterráneo pero causó mucho ruido en algunos puntos de Madrid. Se trata de la decisión del Govern de las Illes Balears de expropiar 56 pisos repartidos en Mallorca, Menorca e Ibiza aplicando la ley aprobada por su Parlament en 2018, es decir, compensando a los propietarios pero expropiando por la utilidad pública de esos pisos, que ahora engrosarán la vivienda social.

Uno de los rumores que recorrió el centro madrileño, tanto entre altos cargos como en redacciones periodísticas, era que esto podía constituir, en realidad, una jugada de Sánchez para delegar en las comunidades autónomas lo que él preferiría que no se vote en las Cortes Generales, por el impacto político que tendría, especialmente en el submundo del Madrid-sistema.

La presidenta del Govern balear, la socialista Francina Armengol, es aliada de Sánchez y fue una de las líderes del PSOE que abogó por una coalición con UP, ya que ella misma tiene un tripartito en su ejecutivo (PSIB-Podem Balears-Més). La noticia encendió la luz amarilla en la vicepresidencia segunda del Gobierno porque ven carta blanca a nivel autonómico para lo que Moncloa no quiere dar a nivel central.

Siendo Armengol tan cercana a Sánchez, sorprendería mucho que en medio de una negociación áspera el Govern balear disponga expropiaciones de vivienda en su boletín oficial sin pensar en el PSOE central. Como dijo a NAIZ fuera de micrófono un miembro de UP con un alto cargo: «No sé si Sánchez querrá delegar en las comunidades. Pero lo que sí empiezo a creer es que él ha instigado lo de Baleares a propósito para combatir marcos de la derecha y mostrar que puede estar dispuesto a lo que en Madrid dicen que no. Su relación cercana con Armengol le permitiría acordar esta movida muy fácil».

Una negociación que promete ser hito

Con tantas idas y vueltas, y sobre todo después de la negativa de Ábalos sobre la regulación de los alquileres, el proyecto sobre viviendas ya promete ser bisagra en lo que hará a la coalición, incluso más que otros grandes asuntos aún no resueltos como la derogación de la reforma laboral.

Del acuerdo sobre este proyecto fuentes cercanas a Ione Belarra dijeron a NAIZ que «lo del alquiler es lo primordial», pero explicaron que son tres los asuntos principales: el impuesto a las viviendas vacías, el freno a los desahucios de familias en crisis y la regulación de los precios de alquiler.

La última noticia al respecto tiene que ver con los desahucios: en la reunión del jueves pasado hubo «avances» para frenarlos «cuando no haya alternativa habitacional para personas en situación de vulnerabilidad», un modelo similar al que se estableció para el estado de alarma decretado en 2020. En concreto, se busca que los juzgados se vean obligados a solicitar un informe preceptivo en los procesos de desahucios a los servicios sociales, que determinarán si existe situación de vulnerabilidad, y luego cada gobierno autonómico tendrá la obligación de ofrecer una alternativa digna.

A pesar de esta evolución, las conversaciones están enfrascadas en los otros dos puntos mencionados. Desde UP aseguran que el impuesto a las viviendas vacías ayudaría a movilizarlas y bajar así también los alquileres (algo que existe en ciudades como París) y que este tributo no afectaría a quien hereda un piso y lo tiene cerrado, sino que apunta a los bancos y fondos buitres. «Es para los que están subvirtiendo el orden normal del mercado», explica una fuente morada. Paradoja: una justificación liberal para desmonopolizar el sector inmobiliario desde la izquierda que acabaría haciéndola más accesible.

El otro gran choque es por la regulación de los precios de alquiler en zonas tensionadas, una normativa existente en Alemania o incluso la meca del capitalismo como la ciudad de Nueva York, pero que en el Estado español parece un oprobio. Al respecto, los negociadores de UP ya no ocultan su enfado y dejaron trascender este viernes que el PSOE «ha acudido a la reunión de negociación, una vez más, sin ninguna propuesta de alquileres».

Preguntadas sobre la posibilidad que Sánchez decida delegar en los gobiernos autonómicos lo que no se anima a llevar al Congreso, fuentes que participan de las negociaciones lo descartan y recuerdan que lo que se busca es un marco normativo pero que no se saltará los estatutos de autonomía, por lo que la influencia de Moncloa en la aplicación tiene limitaciones.

Desde la vicepresidencia segunda señalaron a NAIZ que eso es cierto «pero el marco legal no está transferido, eso es lo que se va a dirimir». También recuerdan que una ley ambiciosa que regule el mercado inmobiliario «es apoyada por ocho partidos». Se da por descontado el eventual apoyo de la mayoría progresista de la investidura.

El caso balear

La noticia de la expropiación de 56 pisos en el archipiélago mediterráneo fue suspicazmente divulgada por el Govern regional esta semana. Y tuvo pronto eco en Génova: el presidente del PP, Pablo Casado, dijo por Twitter que era «intolerable que el PSOE de Baleares atente contra la propiedad privada, la seguridad jurídica y la libertad individual» y afirmó que hace falta para solucionar la crisis habitacional «destinar más suelo público, deducciones fiscales, avales públicos y combatir la ocupación». Nada nuevo en el dogma conservador.

Inmediatamente la presidenta balear le respondió, también por Twitter: «Cedemos pisos de bancos y fondos buitre, vacíos durante años, a familias vulnerables. Lo intolerable es que, cuando peor lo pasan los ciudadanos, el PP siempre defienda a los especuladores y no el derecho constitucional a la vivienda».

¿Por qué el caso de Illes Balears es relevante? Porque su ley autonómica de vivienda es considerada de vanguardia y, no es casualidad, pudo ser aprobada sin problemas antes que el PSOE llegara a la Moncloa. Fue publicada en el boletín oficial insular en julio de 2018, días después de la moción de censura. De hecho, fuentes de Podemos admiten que la de Balears «es de las leyes más avanzadas de España» y que si bien a nivel estatal no buscan replicarla «sí se la toma de referencia, como el modelo del Ajuntament de Barcelona».

Es el contenido de la ley 5/2018 de Balears lo que ha permitido a su Govern iniciar el proceso de expropiación a grandes tenedores para destinarlos a alquiler social. Se compensará en 1,8 millones de euros a los propietarios y se incorporarán los 56 pisos al parque de vivienda social por un período de mínimo siete años, gestionado por el Institut Balear de l’Habitatge, que asumirá con sus recursos públicos la diferencia entre el alquiler que pagará el inquilino y la compensación al gran tenedor.

El artículo 19 de la ley balear advierte que ante «la declaración de utilidad pública» en cuanto a la situación habitacional se hará efectiva «la ocupación de los bienes y derechos afectados, respetando las previsiones de la legislación de expropiación forzosa».

Fuentes del Ministerio de Transporte preguntadas por NAIZ dijeron que no tenían «nada» que decir de la negociación y tampoco de la estrategia de Sánchez. Si el presidente del Gobierno ha querido hacer un juego de zig-zag y demostrar con la expropiación en Balears que si quiere se animará a emular lo hecho por los socialistas autonómicos, el tiempo lo aclarará. Por ahora, lo único claro es que se resiste a cumplir su propia palabra.