Uruguayas víctimas de tortura y violencia sexual piden justicia a la CIDH
Un grupo de expresas políticas uruguayas víctimas de torturas sexuales durante la dictadura militar en Uruguay (1973-1985) presentaron el jueves su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Son más de cien los denunciados en esta demanda.
En 2011, 28 exprisioneras políticas presentaron una denuncia penal ante la justicia uruguaya por violencia sexual y violación contra más de cien agresores, la mayoría militares, durante la dictadura (1973-1985).
Pero ante lo que consideran un casi nulo avance en diez años de proceso, el jueves presentaron su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En la audiencia pública, realizada por videoconferencia, participaron representantes del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y del Estado uruguayo.
«Denunciamos a más de cien personas: oficiales, médicos, psicólogos, personal de tropa, y solo uno fue procesado, no por torturas y violencia sexual, las cuales confesó en el marco del proceso, sino por reiterados delitos de privación de libertad», señaló Jacqueline Gurruchaga, una de las denunciantes.
Entre las denunciantes está la poeta Ana Amorós. Detenida en 1972, en el preludio de la dictadura de Uruguay, lo primero que le hicieron fue pasar una fusta sobre su cuerpo desnudo frente a un grupo de militares, antes de violarla.
La noche de su arresto, Brenda Sosa fue trasladada al noveno cuartel de caballería, en el noreste de la capital. La sometieron a interrogatorios que incluían ahogamientos y descargas eléctricas en pezones y en genitales. Ambas forman parte del grupo de estas 28 mujeres.
María Noel Leoni, de la Cejil, recordó que en 2011 Uruguay dejó sin efecto la ley de amnistía para los crímenes de la dictadura, conocida como Ley de Caducidad, pero «en los hechos la justicia sigue sin ser accesible».
«Como en otros lados, en Uruguay también la violencia sexual constituyó un arma de guerra del Estado para humillar, castigar y violentar a las presas políticas», remarcó.
Por su parte Marina Sande, directora de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo, destacó el valor de la audiencia «para la consecución de justicia» y enfatizó que «el Estado uruguayo reconoce, condena y repudia los atroces y aberrantes crímenes y abusos cometidos durante el periodo dictatorial». «Nuestro país quiere dejar sentada su comprensión y solidaridad hacia las víctimas reconociendo el enorme dolor y sufrimiento que se les ha provocado», añadió.
Sande asumió la lentitud del proceso: «Somos conscientes de las falencias de la que adolece nuestro sistema judicial».