Democratizar las relaciones de cuidados fuera de la lógica mercantilista

Josefina Roco, Miren Aranguren e Irati Mogollón han debatido sobre cómo distribuir los cuidados de una manera más justa y democrática en el primer panel de las jornadas feministas convocadas por EH Bildu.

En las jornadas feministas ‘Desde el feminismo, la vida en el centro’, organizadas por EH Bildu para este viernes y sábado, varias expertas están invitadas a dar su visión sobre los cuidados y proponer distintas recetas para constituir un sistema de cuidados más digno y democrático.

En el primer panel de estas jornadas, bajo el epígrafe ‘Ampliando la mirada sobre los cuidados’, han participado la especialista en Sociología Irati Mogollón, la formadora e investigadora de Emagin, Miren Aranguren, y Josefina Roco, experta en economía feminista y portavoz de Trabajadoras No Domesticadas (TND), quienes han debatido sobre el concepto de los cuidados, qué se necesita para poner la vida en el centro y hasta qué punto están preparadas la ciudadanía y las administraciones vascas para hacerlo.

En Euskal Herria partimos, según han recalcado las ponentes, de un régimen de cuidados «tóxico» y «familiarista». «Las mujeres somos las que nos ocupamos de los cuidados y las familias son las únicas unidades de cuidados. Durante los últimos años hay una tendencia a la desfamiliarización y de externalizar las labores de cuidados, pero esto lo hacen las personas que lo pueden hacer dentro de una lógica de mercado», ha explicado Miren Aranguren.

Este régimen insostenible ya se está cuestionando desde años atrás. Las ideas de bancos de tiempo, cocinas comunitarias, monedas sociales o protocolos de cuidados ya florecían en diversos colectivos desde el año 2008, inspiradas a menudo en los sistemas comunitarios de cuidados de países nórdicos, como ha explicado Mogollón. Pero lo que pasa con estas ideas es, ha lamentado, que se desechan al poco de florecer, «porque no tienen tiempo de ser metabolizadas y aterrizadas».

Por ello, los colectivos y redes que se aventuren a poner en marcha un sistema de cuidados comunitario cotidiano, deben decidir primero qué cuidados serán comunitarios y cuáles serán considerados como autocuidado, ha recomendado la socióloga. Ha reivindicado la «reciprocidad feminista»: «Tenemos que analizar los circuitos de cuidados de ida y vuelta. Hay que acordar el espacio que tienen los cuidados formales en los grupos, porque a veces surgen obstáculos porque no se ha explicitado qué se va a cuidar de forma colectiva y qué no».

En ese camino, no hay que perder de vista la escala de cuidados, ya que «puede ser útil para plantearnos los cuidados que tenemos en nuestra red». Esta escala aglutina desde los cuidados globales que transcienden lo personal hasta la «copresencia», que puede traducirse en una necesidad de compañía puntual, pasando por los cuidados intensivos, puntuales, la organización de la vida que incluye desde acordarse con quién se había enfadado tu hijo hasta el café pendiente con una amiga -«el más complicado para su democratización», ha dicho Mogollón, «parece que la mujer ha nacido con una agenda debajo del brazo»- y el reconocimiento social para crear redes de cuidados sanas.

Abolir el régimen interno

¿Qué pasa con las cuidadoras? Cuando la necesidad de cuidados trasciende la capacidad del núcleo familiar para hacerse cargo de ellos, el trabajo de cuidados se mercantiliza. Y entran en juego las trabajadoras del régimen interno, algo que hay que abolir, porque es «neoesclavismo», a juicio de Josefina Roco. Lo ha reivindicado varias veces, también en las V Jornadas Feministas de Durango, y asegura que interpela e incomoda directamente a las feministas vascas autóctonas, hasta el punto que ha conocido a feministas de izquierdas contrarias a la abolición de este régimen. «Abolir debe ser una prioridad del Movimiento Feminista y no lo ha sido», ha criticado.

Una propuesta recurrente en este ámbito es el sistema de turnos laborales de ocho horas que aplican en algunos países del norte de Europa. Pero este sistema seguiría perpetuando la lógica mercantilista, según la portavoz de TND, pues habrá quien pueda contratar a tres trabajadoras y quien no. «¿Qué pasa, que los cuidados son una mercancía? ¿Quien puede acceder a ellos se salva, pero qué pasa con las que no? Hay que desarrollar una infraestructura pública de cuidados y desprivatizarlos. Abolir el régimen interno implica también descolonizarlo y replantear la idea de cuidados, qué son cuidados y qué no, porque hay muchas cosas que nombramos como cuidados, pero son privilegios», ha reivindicado Roco.

Las instituciones

Las ponentes de la mesa moderada por la feminista bilkide Oihana Etxebarrieta también han discutido sobre el papel que debería tener la Administración pública respecto a las labores de cuidados. En primer lugar, Aranguren y Roco han advertido que los Ejecutivos de la CAV y Nafarroa están limitados por algunas leyes Estatales, como la Ley de Extranjería y la incompleta Ley de Dependencia. «La Ley de Extranjería del Estado estipula 3 años como requisito mínimo para que las personas migradas puedan regularizar su situación, se convierten a menudo en 8 10 años y se traducen en circuitos de vulneración. Tenemos que cómo mejorar la calidad laboral y vital de estas compañeras desde las administraciones. Muchas instituciones están haciendo trabajo para sacudir sus mentes y avanzar en este sentido, pero los propios protocolos reproducen y son artífices de esa violencia y desigualdad», ha dicho Josefina Roco.

Por otro lado, ninguna de las tres cree que las instituciones deban adoptar un papel central en el sistema de cuidados. «No tenemos que pecar de una excesiva institucionalización, ha advertido Irati Mogollón, y aboga por alternativas locales. «Tenemos redes, tenemos recursos, no nos quedemos con los brazos cruzados», ha dicho.

Para distribuir los cuidados de una manera más justa, Aranguren sí que cree necesario interpelar a los hombres y a la Administración, pero teniendo en cuenta que «la Administración jamás podrá responder todas las necesidades de cuidados que tenemos». A su juicio, las instituciones públicas deben respaldar «lo que la comunidad pueda plantear y dotar esas iniciativas de dinero y de infraestructuras».