EEUU amenaza con aranceles a varias eólicas, entre ellas tres vascas, por presunto dumping
Siemens Gamesa, Haizea Wind Group –ambas con sede central en Bizkaia– y Proinlosa –cuya base principal está en Nafarroa– son tres de las siete compañías del Estado español a las que Washington ha amenazado con la imposición de aranceles por presunta competencia desleal.
Estados Unidos ha advertido este martes de que está estudiando imponer aranceles punitivos a varias de las grandes empresas del sector de las energías renovables del Estado español, a las que acusa de haber vendido torres eólicas por debajo de un precio «razonable» en el mercado norteamericano, práctica conocida como dumping o competencia desleal.
Estas acusaciones forman parte de un informe preliminar elaborado por la Comisión de Comercio Internacional de EEUU (USITC, por sus siglas en inglés), que ha sido publicado en el Registro Federal, el boletín oficial del Estado en el que se difunden leyes, propuestas normativas y avisos públicos.
L USITC afirma que estas empresas europeas han vendido torres eólicas con un supuesto margen de dumping del 73%.
En concreto, el documento apunta a siete compañías, entre las que se encuentran Proyectos Integrales y Logísticos (Proinlosa), con sede central en San Adrián; Siemens Gamesa, afincada en el Parque Tecnológico de Bizkaia, en término municipal de Zamudio; y Haizea Wind Group, radicada en Bilbo.
El listado lo completan Acciona (Madrid), Kuzar (País Valencià), Vestas (la filial española de la compañía danesa) y Windar (Asturies).
Conclusiones todavía preliminares
Washington ha anunciado que todas las torres eólicas que hayan entrado en EEUU desde hace un año podrían estar sujetas a aranceles, por lo que se suspende el proceso conocido como «liquidación».
Al mismo tiempo, ha avisado de que podría imponer unos aranceles del 73%, la misma cantidad del supuesto margen de dumping; pero solo si se concluye que estas empresas han vendido sus productos por debajo del precio del mercado, algo que todavía no es definitivo.
Las conclusiones de la investigación son preliminares. Las compañías afectadas tienen ahora un mes para entregar información al Gobierno estadounidense y la decisión final no se espera hasta mediados de junio, cuando se cumplen los 75 días desde la evaluación inicial publicada hoy y que terminó el 2 de abril.