Representantes institucionales de Ipar Euskal Herria rechazan el recurso a la Ley Molac

De una sola voz, representantes institucionales y electos han mostrado su rechazo al recurso presentado por 61 diputados de la mayoría macronista contra la ley para la protección y desarrollo de las lenguas minonizadas aprobada el 8 de abril por la Asamblea Nacional francesa.

El presidente de la Oficina Pública del Euskara y vicepresidente de la Mancomunidad Vasca a cargo de la política lingüística, Antton Currutcharry, ha tomado la palabra al inicio de la comparecencia de urgencia organizada en la sede de la Mancomunidad Vasca, este 23 de abril en Baiona, para valorar el recurso presentado la víspera por 61 diputados de la mayoría macronista ante el Consejo Constitucional contra la ley para la protección y desarrollo de las lenguas minorizadas aprobada el 8 de abril por la Asamblea Nacional francesa.

Ha destacado la voluntad de «tomar posición de inmediato y hablando por una sola voz» de los responsable políticos en relación a esa ley considerada como histórica.

Tras él han tomado la palabra los electos vascos en París que ha intervenido en el «trabajo de consenso» en torno al proyecto legislativo defendido por el diputado bretón Paul Molac.

El senador conservador Max Brisson se ha declarado «chocado» por la decisión de ese grupo de electos de la mayoría gubernamental en París de «romper con ese trabajo en común y oponerse ante el Consejo Constitucional a un texto absolutamente razonable y que cada cual hemos trabajado, con otros electos corsos, bretones, alsacianos o catalanes, pero también en el seno de nuestras familias políticas respectivas».

«Ataque al trabajo de consenso»

Brisson ha explicado que la búsqueda de «un texto responsable» se ha trabajado arduamente en cada una de las tres lecturas del texto legislativo y ha añadido que ello hizo posible un respaldo tan claro en la votación final en la Asamblea Nacional.

La senadora socialista Frédérique Espagnac ha redundado en el trabajo llevado a cabo desde hace más de diez años y ha recordado que al inicio «había muchas voces en contra» para poner después en valor el camino realizado hasta lograr dotar a las lenguas regionales de un cuadro legal estable.

«Sin ese texto no se puede desarrollar con garantías al sistema inmersivo en la red pública», ha resumido Espagnac para dar la medida de «la batalla que tenemos que seguir de aquí a un mes», plazo para que se conozca la decisión del Consejo Constitucional.

Como Brisson, la senadora bearnesa ha tachado de «inaceptable» el ataque a un trabajo de acuerdo político tan trabajado en el tiempo y tan compartido en el legislativo galo.

Diputados vascos de la mayoría macronista, decepcionados

El diputado de la mayoría que gobierna en París, el kanboarra Vincet Bru, ha lamentado el paso dado por sus compañeros de filas contra una ley que, ha recordado, fue aprobabada por 247 electos y rechazada por 76.

Se ha declarado «muy decepcionado por el paso dado por 61 diputados, la mayoría de La République en Marche con Aurore Berger a la cabeza». En el mismo sentido se ha expresado otra diputada del mismo color político, la angeluarra Florence Lasserre.

Aunque no han estado presentes en el acto, han trasladado su apoyo a los comparecientes el diputado de la circunscripción vasco-bearnesa, Jean-Lassalle, y también el presidente del Consejo Departamental de Pirineos Atlánticos, el centrista Jean-Jacques Lasserre.

Como Antton Curutcharry, la vicepresidenta de la OPLB y consejera departamental Bénédicte Luberriaga ha tomado la palabra para sumarse a la defensa de una ley que dé estabilidad al desarrollo del euskara en particular en el sistema educativo «porque estamos cansados, muy cansados -ha enfatizado el primero- de hacer frente permanentemente a obstáculos que nos impiden avanzar».

«Formar alumnos políglotas»

El  consejero regional baionarra, Mathieu Bergé, se ha centrado en destacar el amplio consenso de que goza la demanda de ese marco garantista para la lengua vasca en el seno de la sociedad de Ipar Euskal Herria.

«Necesitamos de esa ley para seguir avanzando, para sacar del marco experimental a ese modelo inmersivo en el sistema público». Y ha apelado a «acabar con los fantasmas sobre el sistema inmersivo cuando lo que ese modelo nos permite es algo absolutamente positivo: formar niñas y niños políglotas».

Hay tres demandas sobre la mesa para que tres nuevas escuelas pasen al inmersivo el próximo curso. «Con o sin ley, estaremos todos juntos defendiendo a esas escuelas», ha garantizado el electo progresista baionarra.

Defensa del marco territorial

Finalmente, el presidente de la Mancomunidad Vasca, Jean-René Etchegaray, ha considerado como «un fracaso político» la presentación de ese recurso y ha elevado el nivel de las responsabilidades políticas al afirmar que el presidente galo, Emmanuel Macron, podía haber firmado la ley desde su aprobación y sin agotar el plazo legal, lo que ha dado tiempo a presentar el recurso.

Ha situado en el marco territorial el debate. «No me inquieta tanto la decisión del Tribunal Constitucional, en cuya sabiduría quiero confiar, como que se ponga en duda ese edificio vulnerable que es la construcción territorial», ha expresado.

Se ha referido a las lenguas como un valor vivo y no como un elemento patrimonial. Dirigiéndose a los electos ha dicho que «somos garantes de ese interés territorial y vamos a estar a vuestro lado para hacer frente a este golpe duro pero que no será fatal».

«Las lenguas nos unen y esta comparecencia es una muestra de ello», ha declarado en la despedida Antton Currutcharry.

Los comparecientes en Baiona han estampado su firma en una moción en la que expresan su «enfado e incomprensión» ante la decisión de los 61 electos de la mayoría macronista, y remarcan el trabajo y búsqueda de consensos que precedió a la aprobación de «una ley que constituye para nosotros una esperanza» al dar un cuadro legal en los servicios públicos el euskara y avalar el desarrollo de la enseñanza inmersiva en los centros educativos públicos «gracias a la aportación financiera de las instituciones locales».

Tras destacar que los diferentes capítulos que desgrana la ley son objeto de «un amplio consenso institicional y social en nuestro territorio», los firmantes afirman su disposición a «poner todos  medios a nuetsro alcance para resolver una situación de máxima urgencia para este territorio».