El Tribunal Supremo de EEUU analizará si elimina restricciones al uso de armas
El Tribunal Supremo de EEUU analizará en otoño si acepta levantar las restricciones sobre el uso de armas que imponen estados como el de Nueva York, que ha sido objeto de una demanda por parte de la Asociación Nacional del Rifle local.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha admitido este lunes un recurso de la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA) y su decisión podría influir en la capacidad de las autoridades para regular el porte de armas de fuego fuera del hogar, en un momento en el que el debate sobre este tipo de armamento se ha reabierto por los tiroteos recientes en el país.
El tribunal, que cuenta con seis magistrados conservadores entre sus nueve miembros, analizará en otoño una ley de Nueva York a la que se opone la rama local de la NRA y recurrida por dos propietarios de armas, que aseguraron que las llevarían para defensa y siguiendo las normas del Estado.
Nueva York permite llevar armas de fuego en lugares públicos siempre y cuando no estén visibles, y el portador demuestre que tiene una necesidad «real y clara».
Las autoridades neoyorquinas consideraron que los demandantes, Robert Nash y Brandon Koch, no mostraron ninguna necesidad especial para llevarlas. Tras haber perdido en tribunales federales, recurrieron al Tribunal Supremo.
Segunda Enmienda
La Corte solo se pronunciara sobre una pregunta: «La negativa del Estado de permitir a los demandantes portar armas ocultas con fines de autodefensa ¿es una violación de la Segunda Enmienda» de la Constitución?.
Esa enmienda, que ha sido objeto de distintas interpretaciones, establece que «una milicia bien organizada es necesaria para la seguridad de un estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas».
Para los partidarios de las armas, garantiza el derecho de los ciudadanos a portarlas. Otros consideran que los autores de la Constitución solo quisieron proteger el derecho de poseer y utilizar armas en el marco de una fuerza de mantenimiento del orden; como el ejército o la policía.
En una emblemática sentencia de 2008, el Tribunal Supremo dictaminó que esa enmienda protege el derecho a tener armas en el hogar. Sin embargo, la norma dejó a las ciudades y estados reglamentar el transporte de armas fuera de la casa; lo cual explica grandes disparidades en el país.
A pesar de muchas solicitudes, el Tribunal se ha mantenido desde entonces al margen del tema.
Durante el mandato de Donad Trump fueron nombrados tres magistrados de opiniones conservadoras y proclives a apoyar a los defensores de las armas, lo que hace temer que se haga una lectura de la Segunda Enmienda que derribe las restricciones adoptadas localmente.
La sentencia podría también contrariar los proyectos del presidente, Joe Biden, de endurecer la legislación contra las armas luego de una serie de ataques mortales.
Más de 43.000 personas, incluyendo suicidas, murieron por armas de fuego en 2020, según el sitio Gun Violence Archive.
Investigación sobre la Policía de Louisville
Por otro lado, el Gobierno d Biden ha abierto una investigación contra la Policía de Louisville (Kentucky) por la muerte hace más de un año de la joven negra Breonna Taylor, que estaba en su casa cuando agentes le dispararon por error.
Esas pesquisas serán responsabilidad del fiscal general, Merrick Garland, quien explicó que su objetivo será determinar si la Policía de Louisville adoptó algún patrón o práctica, que podría resultar ilegal o violar las garantías recogidas en la Constitución.
En concreto, el Gobierno quiere comprobar si la Policía de Louisville incurre en prácticas discriminatorias como arrestos desproporcionados de ciudadanos negros.
También se evaluará el entrenamiento y los mecanismos que existen para determinar si un agente puede estar implicado en actitudes racistas.
Esta es la segunda investigación que el Gobierno de Biden anuncia sobre un cuerpo de Policía local, tras la abierta sobre la Policía de Mineápolis (Minesota) para determinar si lleva a cabo prácticas racistas.
Ese anuncio se produjo al día siguiente de que el exagente de ese cuerpo, Derek Chauvin, fuese declarado culpable de los cargos de asesinato del afroamericano George Floyd.
En el caso de Taylor, la mujer murió a tiros el 13 de marzo del año pasado cuando tres policías blancos irrumpieron vestidos de civil en su apartamento para llevar a cabo una orden de registro presuntamente en busca de estupefacientes, que no encontraron. El novio de Taylor disparó creyendo que eran criminales y disparó contra ellos.
Ninguno de los tres policías que irrumpieron en la casa han sido imputados por la muerte de Taylor, aunque dos de ellos fueron despedidos.
Líderes de la comunidad negra en Kentucky han acusado a la Policía y al fiscal general del estado, el republicano Daniel Cameron, de haber tratado de encubrir lo ocurrido.