Marcha atrás de la Diputación de Gipuzkoa en su anuncio de mantener los peajes por decreto
Asume que tendrá que dejar de cobrar provisionalmente a los camiones una vez se publique la sentencia del TSJPV. Mantiene su intención de aprobar una tercera norma foral para ampliar el peaje a toda la N-I y la A-15. La decisión llega tras la querella penal contra Aintzane Oiarbide.
La Diputación de Gipuzkoa anunció ayer que da marcha atrás en su intención de seguir cobrando peaje al tráfico pesado una vez se publique la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco –ratificada por el Supremo– que anula la norma foral vigente, la segunda al respecto.
Desde el primer momento en que se dio a conocer el contenido de la sentencia, el organismo foral aseguró que seguiría cobrando mientras preparaba y aprobaba una tercera norma foral, que tiene la intención de extender el cobro a todo el trayecto de la N-I y la A-15, y no limitarse al paso por los actuales arcos de peaje.
Para llenar ese vacío entre la anulación de una norma y la aprobación de la siguiente, indicó que redactaría un decreto para su inmediata entrada en vigor, una especie de puente que le permitiría mantener de manera provisional la situación actual.
Pero los sindicatos de transportistas no se quedaron parados. Primero fue Hiru el que acudió a los tribunales por la vía administrativa el pasado 1 de junio, pero una semana después el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), que agrupa al sector en el Estado español, fue un paso más allá con una querella penal contra la diputada foral de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide.
En aquel momento, la portavoz foral Eider Mendoza criticó que «no es admisible manchar así el nombre de las personas, utilizando para ello acusaciones injustas, infundadas y totalmente desproporcionadas».
«Análisis jurídico en profundidad»
Una semana más tarde, Mendoza ha asumido que cuando se publique la sentencia, que se está dilatando más de lo habitual, «la Diputación acatará y llevará a debido efecto, en sus propios términos y de modo inmediato, las resoluciones judiciales que se dicten, tal y como siempre ha hecho, con independencia de que le sean favorables o adversas».
Fue el pasado 13 de mayo cuando Oiarbide reveló que se iba a aprobar este decreto, indicando que su Departamento «llevaba tiempo trabajando varios escenarios posibles». Ahora la portavoz recula y asume que no se aprobará, tras un «análisis jurídico en profundidad».
Lo que no se detiene es la redacción de la tercera norma foral. «La decisión inicial de establecer un peaje en estas vías sigue intacta, su implantación ha sido contrastada favorablemente por la UE», sentencia Mendoza.
Los transportistas
Tras conocer la decisión, el sindicato Hiru sostiene que la Diputación de Gipuzkoa «debería suspender el sistema de cobro de peajes a camiones y devolver automáticamente todo lo recaudado desde enero de 2018». A su juicio, estos peajes responden al «afán recaudatorio de la Administración, apremiado por las grandes y desproporcionadas inversiones realizadas en los últimos años en infraestructuras».
Hiru argumenta que el transportista realiza un servicio «esencial y público, trasladando los productos y materiales que demandan las empresas y la sociedad en general», y está «trabajando en la carretera que es un bien público y, por tanto, se debería financiar con los impuestos que pagamos todos».
Por su parte, la federación de transportistas Fenadismer considera que la Diputación ha dado «su brazo a torcer» tras la querella criminal presentada contra Oiarbide, después de mantener durante un mes que publicaría el decreto. «Durante todo este tiempo, lejos de reconocer su error, el Gobierno foral, llevado por una arrogancia inaudita e irresponsable, se ha dedicado a verter descalificaciones ofensivas hacia el colectivo del transporte por carretera».