El Tribunal de Luxemburgo señala que Venezuela puede impugnar las sanciones impuestas por la UE
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, ha dictaminado que Venezuela está legitimada para impugnar las sanciones que estableció en su contra por el Consejo de la UE. Esta corte ha anulado una sentencia previa del Tribunal General.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado este martes que Venezuela está legitimada para impugnar un reglamento europeo que establece sanciones de la UE en su contra.
La corte con sede en Luxemburgo ha anulado así la sentencia del Tribunal General que había declarado lo contrario y le devolvió el asunto, para que se pronuncie sobre el fondo del recurso de anulación de sanciones presentado por Venezuela.
El presente asunto se refiere a un recurso de casación interpuesto por Venezuela el 28 de noviembre de 2019 contra la sentencia del Tribunal General que desestimó un recurso presentado el 6 de febrero de 2018 por las autoridades de Caracas, en el que pedían la anulación de un reglamento adoptado el 13 de noviembre de 2017 por el Consejo de la UE de medidas restrictivas por la situación en el país latinoamericano.
Además, considera que la sentencia previa incurrió en error al considerar que las medidas restrictivas en cuestión no surtían efectos directamente en la situación jurídica de Venezuela. Frente a la motivación para no admitir el recurso de que las disposiciones controvertidas de las sanciones no afectan directamente a Venezuela, el TJUE concluye que Caracas sí está efectivamente legitimado para impugnarlos sobre la base de la citada disposición, sin tener que demostrar que dichos artículos lo afectan individualmente.
En concreto, señala que prohibir a los actores de la Unión llevar a cabo determinadas operaciones equivalía a prohibir a Venezuela efectuar tales operaciones con esos actores.
La UE estableció la prohibición de la exportación de armas y de equipos que puedan ser utilizados para la represión interna, la prohibición de exportación de equipos de vigilancia y la inmovilización de fondos y de recursos económicos de determinadas personas, entidades y organismos.