Moncloa aprueba proyecto de ley del ‘Solo sí es sí’, con el consentimiento como eje

Las víctimas de violencia sexual ya no tendrán que acreditar haberse resistido ni que haya habido agresión. Se eliminan los abusos sexuales y se procura evitar la revictimización. El proyecto de ley ha sido aprobado por el Consejo de Ministros y será tratado por el Congreso en septiembre.

«Pasar de la cultura del sometimiento a la del consentimiento», han explicado en una rueda de prensa portavoces del Ministerio español de Igualdad ante los periodistas. Ese es el espíritu del anteproyecto aprobado este martes por el Consejo de Ministros, llamado de Garantía Integral de la Libertad Sexual e inspirado en muchos casos de violencia sexual, entre ellos el de ‘La Manada’, sucedido en Iruñea.

El giro copernicano de esta ley será el cambio de paradigma con respecto a la probación del delito. En la actualidad, el ordenamiento jurídico del Estado español considera agresión sólo aquellos casos en los que se haya podido probar que la violación se produjo con fuerza o intimidación, lo que en los hechos significaba que las mujeres debieran probar sus resistencia a las agresiones, con la consecuente revictimización, como ocurrió con la víctima de ‘La Manada’.

Ahora, las víctimas ya no tendrán que acreditar su resistencia o haber recibido violencia. Todo acto sexual sin consentimiento positivo será considerado agresión, lo que significa que se eliminan los abusos sexuales y solo estará la violación, en base a las recomendaciones establecidas en el Convenio de Estambul, firmado por el Estado español en 2014.

Según fuentes del área de Igualdad y Justicia, se pone el consentimiento en el centro gracias a tres puntos básicos: se amplía el concepto del delito de violación (será todo acto contra la libertad sexual y no sólo el acceso carnal o penetración que haya sido realizado con violencia); la eliminación de la tipificación del abuso en el Código Penal; y la instauración del denominado ‘Yes Model’, acogido ya en la legislación sueca o británica (no se considerará la pasividad o la no respuesta como una aceptación positiva del acto sexual).

Esto significa que, en términos prácticos, una mujer en estado de confusión o aturdimiento por el motivo que sea será considerada agredida sexualmente en caso que haga la denuncia y su caso no será descartado por el hecho de no haber manifestado resistencia y o haberse negado.

Otro de los elementos nuevos que se busca erradicar es la revictimización de las víctimas, con medidas procesales de acompañamiento a las víctimas, incluyendo la posibilidad de evitar contacto visual con el presunto agresor o de declarar en salas especiales. Justicia ha informado que, por ejemplo, se restringirán las preguntas a la víctima en lo que hace a su vida sexual en tanto no sean estrictamente necesarias para la investigación.

Además, se procurará la reserva de la identidad, pasando de una regulación que impedía dar información a pie de estrado sobre quién es la víctima solo a personas con problemas mentales o menores, sino también a víctimas de violencia sexual.

El proyecto que debatirán las Cortes en dos meses opta «por un sistema penológico progresivo y proporcional a la gravedad, con horquillas más amplias», según Justicia. Esto permitirá dar una respuesta penal que tendrá en cuenta los matices de las circunstancias y una respuesta más amplia a la multiplicidad de las violencias sexuales, con nuevos agravantes que se sumarán, siendo el principal del de la agresión grupal, un aporte en el que se ve la influencia del impacto social que tuvo lo de ‘La Manada’.

Además, también se tendrá en cuenta en los agravantes la existencia de una grave violencia o también el uso de armas o medios peligrosos, y la situación de vulnerabilidad particular de la víctima. El tipo básico en el castigo para la pena por agresión sexual irá de uno a cuatro años y a partir de allí se construyen los agravantes.

También hay un nuevo enfoque en lo que hace a la protección y reparación a las víctimas. Las mujeres que sufran violencia sexual tendrán recursos a su disposición aunque no denuncien. Si son mayores de 16 años, tendrán a su disposición centros de crisis 24 horas y, en caso de niños y niñas, la atención será especializada a través del desarrollo de las casas de infancia. Además, se impulsa una especialización «más transversal de los cuerpos policiales».

Asimismo, se incluye contra la industria proxeneta un apartado sobre la tercería locativa, persiguiendo a los proxenetas que de manera habitual y con ánimo de lucro destinen cualquier establecimiento o espacio privado para la explotación sexual de terceras personas, respondiendo así a las recomendaciones internacionales.

Fuentes de Igualdad recuerdan que se trata de un «proyecto de segunda vuelta» porque al no ser un real decreto ha debido ser enviado al Consejo de Estado, al Consejo Fiscal y al CGPJ, además de a todos los ministerios involucrados. También han recordado que este último demoró casi cinco meses en su devolución tras el análisis, cuando el período de tiempo suele ser un mes.

El primer acuerdo sobre Libertad Sexual fue en marzo del año pasado aunque por la pandemia se frenó el proceso de consulta pública y quedó paralizado, reabierto luego en julio. Enviado al CGPJ en septiembre, fue sugestivamente devuelto a finales de febrero, con sugerencias que, además, iban en contra del espíritu inicial y la mayoría de ellas no tenidas en cuenta. Sí se tuvo en cuenta lo sugerido por el Consejo Fiscal, que en lo que hace al consentimiento estuviera en positivo y no en negativo.

«Este proyecto nos hace mejor como sociedad y se enmarca en el compromiso con la ampliación de los derechos de las mujeres», ha dicho la ministra portavoz del Gobierno español, María Jesús Montero, en rueda de prensa desde la Moncloa al confirmar la aprobación del Consejo de Ministros.

Además de destacar que «el silencio o la pasividad ni la no demostración de disconformidad ya no significarán consentimiento», ha recalcado que la iniciativa –que también produjo un enfrentamiento entre los equipos de la vicepresidenta Carmen Calvo y la ministra Irene Montero el año pasado– es producto de «un Gobierno feminista y progresista que ha ido modernizando el marco legal adecuándolo a estos tiempos».

Finalmente, sin mencionar a Vox, ha criticado a los «grupos políticos que niegan la violencia machista» y ha llamado a todos los grupos parlamentarios a darle su apoyo al proyecto en las Cortes Generales a la vuelta del receso de verano.