Multan a Monsanto por utilizar «ilegalmente» figuras públicas en el debate sobre el glifosato

Monsanto ha recibido una multa de 400.000 euros en el Estado francés por «presentar ilegalmente a figuras públicas, periodistas y activistas con el fin de influir en el debate público sobre la prohibición del glifosato». También se investiga la «recopilación de datos personales por medios ilegales».

Las autoridades francesas anunciaron este miércoles una multa de 400.000 euros a la compañía estadounidense Monsanto por tener un fichero con más de 200 personas susceptibles de influir en la prohibición del herbicida glifosato.

Tras recibir siete denuncias «que emanan en particular de personas afectadas por este expediente», acusa a la empresa de haber incumplido su obligación de informar a las personas, que solo se enteraron de la existencia de este tratamiento de datos personales cuando el caso se hizo público en los medios de comunicación en mayo de 2019.

Políticos, periodistas, científicos o activistas ambientales figuraban en esa lista, en la que aparecían además datos personales suyos, anunció en un comunicado la Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL). El organismo o empresa de trabajo y el puesto ocupado; la dirección profesional; los números de teléfono fijo y móvil; la dirección de correo electrónico y, en algunos casos, la cuenta de Twitter eran los datos incluidos en la lista.

«La creación de archivos de contacto por representantes de intereses con fines de lobby no es, en sí misma, ilegal», señala la comisión de la Gendarmería. Sin embargo, añade que «solo pueden aparecer en el fichero las personas que razonablemente se puede esperar que estén incluidas en este archivo por su notoriedad o su actividad», explica la Comisión.

También es necesario que «los datos introducidos en el fichero hayan sido recogidos legalmente y que las personas estén informadas de la existencia del fichero, para que puedan ejercer sus derechos, en particular su derecho de oposición».

«La información es un derecho esencial que condiciona el ejercicio de otros derechos (derechos de acceso, oposición, supresión ...) de los que se benefician las personas: en este caso, llevan varios años impedidos de hacerlo», insiste la CNIL, que también constató un incumplimiento de la obligación de supervisar el tratamiento de datos realizado por subcontratistas.

Según su investigación, el expediente en cuestión contenía para cada una de las más de 200 personalidades registradas, «una puntuación que oscilaba entre 1 y 5» que permitía «evaluar su influencia, su credibilidad y su apoyo a Monsanto en diversas temas como plaguicidas u organismos modificados genéticamente».

El caso revelado en 2019 por Le Monde y France 2 se había extendido rápidamente a Europa. También existían listas de personalidades (políticos, científicos, periodistas) en al menos Alemania, Italia, Holanda, Polonia, Estado español y Reino Unido.

El químico alemán Bayer, propietario de Monsanto desde 2018, había puesto fin «hasta nuevo aviso» a su colaboración en materia de comunicación con la agencia Fleishman Hillard, que había establecido estos archivos en nombre de la estadounidense Monsanto.

La justicia francesa también ha abierto una investigación sobre las sospechas de «recopilación de datos personales por medios fraudulentos, injustos o ilegales».