Erkoreka se escuda en que los tribunales marcan el paso de las multas del confinamiento

El Gobierno de Lakua se defiende en la polémica de las multas del confinamiento –que solo van a pagar los primeros que lo hicieron– en que el Tribunal Constitucional decidió en contra y que el de Cuentas está al acecho.

El vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha afirmado que, si procedieran a revisar los expedientes sancionadores firmes que se abrieron durante el confinamiento en el primer estado de alarma, que fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional (TC), podría afrontar «un expediente de responsabilidad contable por parte del Tribunal de Cuentas».

En una entrevista a Herri Irratia-Radio Popular, Erkoreka se ha referido, de esta manera, al hecho de que, en cumplimiento de esta sentencia, Lakua haya procedido a anular los expedientes sancionadores que todavía no son firmes y que no se revisen las multas que ya se han abonado.

El consejero de Seguridad ha hablado de «esfuerzo importantísimo» realizado en su Departamento durante el último año para poder responder a «una cantidad de denuncias» relacionadas con el primer estado de alarma, y que «multiplicaban por diez» el que anualmente se tramita en relación con la Ley de Seguridad Ciudadana.

«Y que ahora todo ese esfuerzo, con mucho tiempo invertido y con dinero también, se quede en agua de borrajas por la gracieta del estado de alarma, tampoco nos anima mucho ni es motivo de alegría, pero es lo que hay, el barco funciona así», ha señalado

Erkoreka ha añadido que el TC tiene «sus atribuciones y competencias» y, aunque no le gusta la sentencia que ha dictado, porque le parece «muy objetivable desde el punto de vista jurídico», hay que «ejecutarla y no hay más remedio».

Asimismo, ha indicado que uno de los efectos «colaterales» de la sentencia es que «se quiebra la aportación educativa» que podría haber tenido una resolución judicial exigiendo «límites claros y transmitiendo el mensaje de que hay un marco normativo pensado para proteger la salud pública» y todo el mundo está «llamado a respetarlo». «Y se extiende la sensación de impunidad de que todo el monte es orégano y que, hagas lo que hagas, tampoco va a haber consecuencias», ha añadido.

Erkoreka ha defendido que en la sentencia hay un «mandato claro, directo e inequívoco» donde se dice que no son susceptibles de revisión las situaciones decididas como consecuencia de actuaciones administrativas firmes.

El consejero ha indicado que una multa pagada es una actuación administrativa firme y el TC es «incontestable» y dice que «no es susceptible de revisión».

Expediente de responsabilidad contable

Erkoreka ha manifestado que, si la administración pública, «por su cuenta y riesgo, decide revisar esa situación que, además tiene implicaciones económicas para la administración pública, podría afrontar un expediente de responsabilidad contable por parte del Tribunal de Cuentas» porque habría «devuelto unas cantidades a ciudadanos que las pagaron sin título jurídico ni base fundamentada alguna».

Por ello, ha insistido en que se tienen que «ajustar a lo que dice la sentencia», aunque considera que se crea un «agravio comparativo» con las personas que «han sido más diligentes en el cumplimiento de sus obligaciones y se han adelantado al pago de las multas», que son las que «salen perjudicadas».

«Y, en cambio, el marrullero típico que ha encadenado recursos de diferente naturaleza para procurar no pagar o posponer el pago es el que se ve beneficiado por el efecto de la sentencia, así que la sentencia, que debería venir a hacer justicia, genera agravios comparativos, que son difícilmente sostenibles», ha añadido.

Erkoreka ha señalado que «nos tenemos» que ajustar a lo que dice la sentencia y es «bastante clara hasta la fecha», aunque ha indicado que habrá que ver si «cambia el panorama» con otro pronunciamiento judicial.