«Billy», el documental que enfrenta al Estado con su desmemoria
El fin de semana se ha presentado en los cines la película de Max Lemcke que repasa los delitos de lesa humanidad del torturador Antonio González Pacheco. Una de sus víctimas y el abogado de varias de ellas han expresado a NAIZ la importancia que tiene en la lucha por la memoria histórica.
«Billy el Niño» murió el año pasado tras contagiarse de covid-19. Estaba libre e impune pero ya estaba en conocimiento que un potente documental sobre sus crímenes estaba siendo producido y que vería la luz a fin de año. Al morir no pudo ver las salas de cine con centenares de personas conociendo su lado mas oscuro, el de él y el de la Transición posfranquista.
La memoria histórica se perdió poder disfrutar esa pequeña victoria pero sí se da el gusto que hoy todos puedan ver y escuchar a las víctimas y sus testimonios. El policía que murió sin que le hubieran retirado sus condecoraciones ni privilegios es retratado en el documental en su máxima crudeza y como ejemplo claro y concreto de un período oscuro en los tiempos previos al referéndum sobre la Constitución del 78, en un momento histórico que Max Lemcke califica como «no tan maravilloso como se intentó vender» y que fue motivo por el cual decidió hacerlo, según relató a GARA en noviembre pasado durante una entrevista.
La semana pasada, la productora de «Billy» hizo un evento privado en Madrid que reunió a las víctimas que dieron su testimonio y a quienes trabajaron en la realización, en un encuentro del cual participó el exvicepresidente Pablo Iglesias. El viernes el documental comenzó su exhibición en las salas de todo el Estado, aunque su primera proyección fue a fines de 2020 en el Festival de Sevilla. Un estreno que para sus víctimas ha sido un duro recordatorio pero también una revancha histórica.
El torturador ya fallecido, con el rostro tapado en la Audiencia Nacional (J. DANAE | FOKU)
«Una herida que sangra pero se cura»
Josefa Rodríguez Sereno era militante del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP). Hoy tiene 65 años y se le quiebra la voz y se agita su respiración cuando habla de las torturas recibidas por «Billy el Niño» y sus secuaces. Está muy contenta por la realización del documental y de haber participado en él porque le ha hecho recordar que «hay gente que merece la pena y que nunca acaba de luchar». «(Participar en él) me dolió porque son recuerdos muy duros. Fue como quitar la costra de una herida...sangra pero se cura», resalta en entrevista con NAIZ, y asegura estar «eternamente agradecida» a Lemcke por la producción del film, de cuyo evento privado participó «con mucha emoción y recordando a muchos compañeros y el maravilloso mundo de la cultura que abre la militancia».
Rodríguez –hija de familia con 9 hermanos, madrileña que comenzó a trabajar en la industria textil a los 15–, recuerda que muchos extorturados en aquellos años (en su caso fue 1975) aún tienen «patologías» y dice que hasta cuando va a manifestaciones tiene algunas reacciones que mantiene de aquellos tiempos, como por ejemplo asegurarse de dónde está la salida más próxima sin policía.
«Cuando empezaron las caídas y los fusilamientos me tuve que ir de mi casa, porque sabía que me estaban siguiendo. Me denunció la chica que vivía conmigo. Eran tiempos en donde era difícil encontrar casas de resistencia y gente que ayudara porque todos habían huido, funcionábamos como un sálvese quien pueda», explica, y pide resaltar que la detuvieron «en plena transición y cuando el jefe de Estado era el rey emérito, y todavía quedaban muchos presos políticos». Rodríguez estuvo en la cárcel un año y fue liberada días antes de que llegara el año 1977.
«Tuve una tortura psicológica de la que no me he curado, porque de eso no se cura nadie. No hemos tenido tratamiento, ahora es cuando se está hablando del tema. Mucho hablar de la guerra civil pero de esto, cuidado. Agradezco mucho que ahora todo salga a la luz gracias a esta película. Yo respeto la lucha de mis abuelos pero a nosotros ¿quién nos ha respetado? No quiero medallas, quiero memoria», subraya.
Sigue recordando: «Me rodearon siete tiarrones, me golpearon con golpes de karate, porras, y sobre todo en los hombros, parte del cuerpo en la que todavía estoy dañada. Me llevaron a un calabozo, con mucha tortura en la planta del pie, en las terminaciones nerviosas, hasta el punto de que ya no puedes andar y te haces pis. Estuve 12 días así. Y cuando vieron que no hablaba, tiraron de un hermano mío, al que fueron a buscar y también golpearon para presionar».
A Rodríguez le sulfura el hecho de que a muchos torturadores aún se les esté pagando salarios o pensiones y que «te los tienes que encontrar en la calle, con sueldos de funcionarios a veces, que no merecen». Considera que ella y sus compañeros de aquellos años posfranquistas son «una generación olvidada porque hubo un pacto» para que los olviden, porque «sino no podría estar la sociedad como está».
«Yo no perdono ni olvido, hicieron un trágala. Billy el Niño se murió pero quedan muchos, y no conozco un solo juicio contra los que me torturaron, salvo la jueza de Argentina (María Romilda Servini de Cubría). Me he tenido que ir a Argentina para que nos escuchen», lamenta. También acusa a «esa impunidad de los 70 que ha permitido la de los 80 y los 90 y la guerra sucia, porque la impunidad es un rasgo significativo de la democracia española. Si las fuerzas de seguridad hubieran creído que uno solo iba a ser juzgado, se hubieran frenado un poquito».
Cuando se le pregunta qué la motivaba a militar y a participar de acciones sabiendo que había un riesgo alto de tortura y muerte, responde sin dudas: «Lo hacía porque te asfixiabas. No había otra forma de vivir aquí con dignidad. No se puede vivir en dictadura y no luchar. Yo trabajaba a destajo, quería tener derechos sociales, derechos políticos. Por eso siempre digo, no renunciéis a nada, a lo poquito que se ha conseguido, seguir peleando».
Rodríguez también remarca que quienes peleaban en ese entonces eran «muy pocos»: «No estábamos todos en la barricada, ¿eh? Muchos hablan ahora y es mentira. Eramos cuatro gatos, poquitos. Como ahora. Pero no somos héroes, somos humanos, pero hay que hacerlo porque sino no se avanza. Lo demás es ser un siervo y yo no soy siervo».
Preguntada sobre la juventud actual (ella tenía 17 años al ser detenida y torturada), afirma que «si no hay juventud que pelee, se está vencido» y reivindica a los jóvenes que ahora están en los desahucios, en la calle y se deja la piel, aunque sabe que son «como antes, poquitos». «Ahora el poder emplea otros métodos de adormecimiento social, más sutil, antes lo hacía a lo bestia. Ya lo ves, como lo que le han hecho a Pablo Iglesias, por atreverse se paga un precio muy alto», recalca.
Rodríguez reivindica a los trabajadores periodistas frente «a las cabeceras de los grandes medios, que son absolutamente corruptos» y pide al Ministerio de Educación que «Billy» sea proyectado en las escuelas. «Hay que llegar a un acuerdo para lograrlo porque el documental es muy pedagógico y es necesario. Para que sepan la historia».
«La impunidad no tiene justificación»
Jacinto Lara fue presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos, es abogado de víctimas de «Billy el Niño» y es parte de la denominada querella Argentina que pide justicia universal contra los delitos de lesa humanidad cometidos durante la Transición. También participó con su testimonio en el documental, al cual califica como «un material importante y una experiencia enriquecedora a todos los niveles», según afirma a NAIZ.
«El documental viene a recuperar una serie de testimonios importantes para dar una visión de lo que era la figura de González Pacheco con una visión del contexto histórico de lo que sucedió en el tardofranquismo, incluso durante años de la democracia en torno a lo que fue la práctica sistemática de tortura a los detenidos por razones políticos. Billy el Niño era un engranaje del aparato represor y sanguinario», asevera.
Lara señala que «desde una perspectiva democrática y un estado de derecho, es inexplicable la impunidad de estos delitos, no tiene justificación alguna. El modelo de impunidad implementado en la Transición es incompatible con principios básicos de un estado de derecho. Podrá haber explicaciones políticas pero justificación, ninguna. Además choca con los estándares internacionales en materia de derechos humanos».
Considera que «es uno de los problemas de la democracia española» la impunidad de aquellos años, que «está asentada en una política de desmemoria. Con los derechos humanos no cabe transacción política alguna y la cuestión es que en España no hubo depuración alguna en los aparatos del Estado y se puede constatar eso en las fuerzas y cuerpos de seguridad y en la judicatura».
Según Lara, «es un hecho incontestable que esa falta de depuración para integrar las instituciones a la democracia ha lastrado enormemente el desarrollo pleno de un estado democrático y de derecho» y cree que esa impunidad «ha permitido la tortura que vino después en los 80, básicamente porque la tortura era un procedimiento para los detenidos por razones políticas y segundo porque esas personas de los cuerpos de seguridad siguieron utilizando los mismos mecanismos porque jamás se les exigió responsabilidades y acabaron integrando las unidades antiterroristas».
El jurista subraya que «en más de 40 años ha sido imposible investigar y enjuiciar los crímenes franquistas, lo que no es una cuestión badalí porque el modelo de impunidad extiende el mantra con las políticas de olvido y de desmemoria, los aparatos del Estado no están por la labor de investigar los crímenes y por eso hay un Estado democrático severamente condicionado».
Lara coincide con Rodríguez en que las autoridades deben facilitar la amplificación de «Billy» para que la mayoría que aún no sabe pueda enterarse de lo ocurrido. «Se necesita hacer una labor de pedagogía muy importante, porque la línea ha sido el olvido. Tratar de establecer una memoria democrática», destaca. Que se masifique el «ejemplo de dignidad» de las víctimas que dieron su testimonio. Víctimas que no tuvieron justicia ni reparación y que un documental viene a intentar sanar lo que el Estado adeuda.