La Fiscalía de Araba pide más de 100 años por delitos sexuales contra menores tutelados
Diez personas están acusadas de haber pagado por sexo con menores que se encontraban acogidos en el centro foral Sansoheta de Gasteiz. El caso se dio a conocer en 2016 tras una denuncia del director.
La Fiscalía de Araba ha informado de que ya ha presentado ante la Audiencia Provincial su escrito de acusación en el sumario abierto por la existencia de una presunta red de prostitución de menores que estaban tutelados por la Diputación.
Las personas acusadas son finalmente diez –en un principio fueron once imputados–, y se les acusa de corrupción de menores, abuso sexual, exhibición de pornografía ante menores de edad y delitos contra la salud pública. La solicitud global de penas de prisión supera los cien años.
Todos las víctimas eran, en ese momento, menores de edad que se encontraban bajo la tutela de la Diputación de Araba.
Denuncia en Sansoheta
Este caso saltó a la luz en noviembre de 2016, cuando se conoció que la Ertzaintza estaba investigando la presunta existencia de una red de prostitución de menores tras recibir una denuncia del director de centro de Sansoheta en Gasteiz, donde se acoge a jóvenes con problemas graves de comportamiento cuya tutela ha sido retirada a los padres.
Al parecer, los imputados pagaban por tener sexo a menores que estaban en ese centro. Cuando se conoció este hecho la entonces diputada foral de Servicios Sociales, Beatriz Artolazabal, afirmó que las víctimas, al menos cinco, tenían entre 14 y 17 años y estaban internas en el centro en régimen abierto.
Cabe destacar que el escándalo saltó a los medios en otoño de 2016, aunque el diputado general de Araba, Ramiro González, reconoció la existencia en abril de una denuncia sobre «sospechas de posibles contactos sexuales».
«Es muy posteriormente, hacia el mes de octubre, cuando los técnicos de Sansoheta detectan en las tutorías que algunos de los internos pueden estar manteniendo relaciones sexuales con adultos y denuncian o comunican esa situación a la diputada, que de manera inmediata decide presentar una denuncia ante la Ertzaintza», apuntó González, quien advirtió de que «ese mes de octubre, tras conocer los indicios encontrados, se dio traslado a la diputada por parte de los técnicos de la denuncia de abril».
Una petición de prisión «adecuada»
El caso ha sido instruido por el Juzgado de Instrucción 2 de Gasteiz y en él también están personadas como acusación la Diputación de Araba y la Asociación Clara Campoamor, especializada en la defensa de los derechos de menores y mujeres víctimas de la violencia machista.
Fuentes de la entidad foral, que ejerce la acusación particular, han indicado que, a falta de analizar con detalle el escrito de la Fiscalía, les parece «adecuada» su petición de cárcel y han añadido que lo «más probable» es que ellos vayan en la «misma línea».