El caso de la explosión del puerto de Beirut ya tiene sus mártires
El ataque de francotiradores contra una marcha chií al Palacio de Justicia ha despertado el fantasma de la guerra civil que, entre 1975 y 1990, arrasó Beirut y dejó a Líbano al borde del abismo.
Basta una mecha para encender el fuego en el País de los Cedros, como bien saben –y quieren– quienes han planificado y perpetrado esa matanza.
Todo es posible en un país en el que es posible atentar mortalmente contra todo un ex primer ministro (el suní Rafiq Hariri, en 1995), sin que ningún tribunal nacional sea capaz de hacer justicia.
El equilibrio en la arquitectura sectaria institucional, política y judicial, edificada en el país árabe para poner fin en su día al conflicto armado, es tan endeble que condena a Líbano a la parálisis total.
Mucho me temo que nadie vaya tampoco a encontrar, juzgar y condenar a los culpables del tiroteo. Y ahí está el nudo gordiano de la cuestión.
La marcha chií exigía el cese del juez que investiga a responsables políticos libaneses, entre ellos algunos dirigentes chiíes de Amal y de Hizbullah, por, como poco, negligencia en la explosión en agosto de 2020 del puerto de Beirut.
El caso tiene ya sus seis mártires, lo que podría derivar en su cierre en un país en el que cada cual cultiva el culto a sus muertos. Cierre en falso, porque olvidaría los 207 muertos y 9 desaparecidos en el desastre. Estos no deben ser mártires...