El Gobierno español plantea subir las cotizaciones para recuperar la hucha de las pensiones
El Gobierno español ha propuesto subir medio punto las cotizaciones sociales durante diez años, a partir de 2023, como parte del mecanismo de equidad intergeneracional con el fin de recuperar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social y garantizar las pensiones de los llamados «baby boomers».
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones español ha propuesto a los agentes sociales un incremento en las cotizaciones de medio punto, a partir de 2023 y durante diez años, como parte del mecanismo de equidad intergeneracional con el que busca equilibrar las cuentas de la Seguridad Social a medio y largo plazo.
La propuesta se realizó en la reunión que mantuvieron ayer por la tarde el Ministerio en la Mesa de Diálogo Social con la patronal y sindicatos en la que negocian algunas de las medidas que quedaban pendientes de la reforma de pensiones que se tramita en estos momentos en las Cortes.
La subida de las cotizaciones sociales tendría un carácter finalista, ya que iría destinada a nutrir el fondo de reserva de la Seguridad Social, la llamada «hucha de las pensiones», que actualmente cuenta con apenas 2.000 millones de euros. En 2011, el Fondo llegó a alcanzar una cuantía de 66.815 millones de euros.
El objetivo de este mecanismo, que sustituiría al factor de sostenibilidad aprobado en la reforma de 2013 y ya derogado, es garantizar las pensiones de los llamados «baby boomers», los nacidos entre finales de la década de 1950 y mediados de la de 1970.
El incremento propuesto de medio punto de las cotizaciones sociales supondría abonar 10 euros extra al mes en el caso de un trabajador con un sueldo medio, cuantía que se reduciría a 5 euros al mes para uno «mileurista». El otro medio punto correría a cargo de la empresa.
Actualmente, el tipo de cotización por contingencias comunes asciende al 28,3% (el 23,6% a cargo de la empresa y el 4,7% a cargo del trabajador).
El objetivo de esta nueva aportación sería «engordar» el Fondo de Reserva de forma que pueda ser empleado a partir de 2030 en caso de que haya una «desviación de gasto» respecto a las previsiones. El Gobierno de Pedro Sánchez tiene marcada esa década porque es entonces cuando el sistema «podría verse más tensionado», según fuentes cercanas al Ministerio. Esto se debe a que en ese momento se producirá la jubilación de la conocida como generación del «baby boom».
El Ministerio de Seguridad Social ha planteado que, en caso de que no existiera una desviación del gasto respecto a las previsiones, estas aportaciones extraordinarias y finalistas que se irían recaudando se devolverían en forma de cotizaciones más bajas o pensiones de mayor cuantía.
Escrivá afirma que no recorta ninguna pensión
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha defendido que su propuesta «no recorta ninguna pensión en ningún caso y en ningún momento», a diferencia del factor de sostenibilidad de la reforma de 2013, que penalizaba a los pensionistas con recortes, especialmente a los más jóvenes.
«Este mecanismo simplemente genera una válvula de seguridad y da holgura al sistema para reforzar su sostenibilidad», ha subrayado. No ha querido detallar la propuesta que su Ministerio puso ayer sobre la mesa de diálogo hasta que se llegue a un acuerdo con los agentes sociales, con los que ha dicho que las negociaciones «van bien» y que están progresando.
El ministro ha recordado que Gobierno y agentes sociales tienen hasta el próximo 15 de noviembre para concretar este mecanismo de equidad intergeneracional con el que se sustituirá al factor de sostenibilidad.
Reacciones
La propuesta de Escrivá ha recibido críticas de grupos de la izquierda, que advierten de la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, y de la derecha, que abogan por crear más empleo y fomentar la natalidad.
Desde CCOO, su secretario general, Unai Sordo, ha señalado que la propuesta de Escrivá es «interesante» porque pone el foco en la estructura de ingresos del sistema en lugar de apostar por ajustar el gasto, aunque le genera «algunas incertidumbres y que en algún esquema no compartimos».
Según ha explicado, la Seguridad Social ha planteado «una especie de umbral de gasto futuro en pensiones, que en función de si el gasto está por encima o por debajo se adoptarán unas medidas u otras», un planteamiento que el sindicato no comparte.
Para CCOO «lo básico» es consolidar el cambio de paradigma que ahora mismo existe para afrontar el reto de las pensiones pasando «de la lógica de recortes a la lógica de la mejora de la estructura de ingresos»", y dando certezas de que habrá pensiones suficientes para todos.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, también ha considerado «positiva» la propuesta del Ministerio y ha pedido que esta medida no se vea con «dramatismo» porque, según ha recordado, en 1982 las cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas estaban en el 32% y ahora se encuentran algo por encima del 28%, con lo que se han reducido cerca de cuatro puntos desde entonces.
Ahora bien, cree que hay que analizar bien la propuesta del Ministerio y, en ese sentido, se ha mostrado partidario de que esta subida de cotizaciones no sea temporal, como plantea el Gobierno, sino indefinida.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha señalado que la patronal actuará con «responsabilidad» a la hora de estudiar las propuestas del Ejecutivo, pero le ha pedido que cumpla con las promesas que se firmen en la mesa. Ha confirmado a su llegada a un acto con empresarios en Madrid que el Ministerio les trasladó «una hoja y media» con las posiciones del Gobierno, a la que tienen que responder el 15 de noviembre. Ha criticado el «poco margen» para poder contestar y ha dicho en que no entiende «este juego»
Sobre la propuesta de subir las cotizaciones medio punto temporalmente ha dicho que «está bien, pero son más impuestos de los que ya están. ¿Se queda ahí o va a haber más medidas posteriores?», ha preguntado.
Desde Unidas Podemos, socios de gobierno de Pedro Sánchez, la portavoz adjunta en el Congreso, Sofía Castañón, ha avisado de que cualquier subida de las cotizaciones orientada a recuperar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social no puede ser a costa del poder adquisitivo de las clases trabajadoras.
Ha asegurado que su grupo parlamentario desconoce la medida anunciada, pero ha dejado claro que no puede afectar al conjunto de la ciudadanía. «Si vamos a mirando por esa hucha de las pensiones que durante muchísimo tiempo se hizo una intervención espúrea por parte del Gobierno del PP hasta dejarlas como está ahora, no puede ser a costa ni del esfuerzo, ni la salud ni el poder adquisitivo de la clase trabajadora».
El líder de Más País, Iñigo Errejón, ha rechazado esta vía para asegurar el equilibrio financiero del sistema público de pensiones. Sin entrar a valorar en profundidad la propuesta que ha dicho desconocer, Errejón ha recordado que «no sería la primera vez que un globo sonda del ministro Escrivá acaba en nada» y ha dicho esperar que este «sea otro» pues cree que supone «cargar» sobre «la generación de condiciones más precarias» la sostenibilidad del sistema.
Desde EH Bildu, su portavoz en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha afirmado que la coalición podría apoyar una subida de las cotizaciones en caso de implicar mejora en las pensiones de los trabajadores y, especialmente, las pensiones más bajas. Eso sí, ha advertido de que esta subida tendría que implicar «un equilibrio justo» y que «no puede suponer en ningún caso una pérdida del poder adquisitivo del trabajador».
«Si suben las cotizaciones, ¿cómo se revaloriza? Eso tiene que ir unido a que no se pierda poder adquisitivo, y eso significa que no puede haber desequilibrio entre cotizaciones y la cuantía de la pensión», ha defendido.
«Si esta medida sirviera, y contemplara estos matices, y sirviera para mejorar las pensiones más bajas, podríamos estar de acuerdo. Podría ser un paso», ha añadido Aizpurua, quien ha reconocido que «es novedoso el planteamiento» realizado por el ministro, al apostar por mejorar los ingresos del sistema.
En todo caso, ha abogado por esperar a «la letra pequeña» de la propuesta, pues si «los trabajadores pagan más para recibir lo mismo tampoco sería una solución». También ha advertido de que con Escrivá «nunca se sab": un día puede matizar lo que ha dicho el día anterior y al día siguiente realizar otra matización diferente».
El PP, por boca de su vicesecretaria de sectorial, Elvira Rodríguez, también se ha expresado en contra la propuesta, porque incrementa el coste laboral de las empresas y es una medida que, a su juicio, va contra la creación de empleo.
El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha dicho que el futuro de las pensiones hay que garantizarlo con el «incremento de la natalidad» y «la protección del trabajo de los jóvenes», en lugar de poniendo «parches».
Vox, por su parte, cree que Escrivá va por «el camino inverso» para abordar la reforma de las pensiones.
Desde el Gobierno de Lakua, el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, ha abogado por adoptar medidas para que las cotizaciones a la Seguridad Social «no suban mucho», pero las pensiones se puedan mantener y sean «razonables» para tener «una vida digna en un futuro».
Ha dicho desconocer «en cuánto han evaluado este impacto de la subida del 0,5%», pero ha afirmado que «ahí no hay más que o subir cotizaciones o pagar parte con impuestos o reducir prestaciones».
Tras considerar que es «una situación complicada a la que hay que echarle mucha imaginación», ha abogado por buscar «un gran acuerdo político» entre los empresarios, los trabajadores y los políticos porque, a su entender, estas cuestiones «deben ser de enorme consenso» porque, «lo demás van a generar siempre tensiones y problemas».