El CPT vuelve a interpelar a Madrid por alejar a vascos, incomunicar y no impedir maltratos

Alejamiento de presos vascos, maltratos en centros de detención y prisiones y mantenimiento del régimen de incomunicación y el aislamiento prolongado son algunas de las cuestiones que el CPT europeo reprocha al Estado español en su octavo informe, publicado este martes.

El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) ha analizado por octava vez el cumplimiento de la convención europea suscrita por el Estado español en centros de detenciones y cárceles. Y contra lo que se pudiera pensar llegada la tercera década del siglo XXI, sigue lloviendo sobre mojado: a lo largo de todo el Estado se han detectado casos creíbles de maltratos, medidas desmesuradas de aislamiento carcelario y el conocido alejamiento de presos vascos, aunque atenuado. También aparece en el informe una cuestión reiterada por el CPT y a la que Madrid se sigue cerrando en banda: la necesidad de eliminar la incomunicación a personas detenidas.

El informe conocido este martes es producto de una visita al Estado español durante dos semanas, en setiembre de 2020, muy exhaustiva pese a realizarse en plena pandemia. También son muy detallados los contenidos del trabajo recopilatorio de análisis y recomendaciones, que ocupa más de 130 páginas y al que el Gobierno español responde casi con la misma extensión: 125.

Lógicamente en el escenario post-ETA las referencias a Euskal Herria son mucho menores que en informes anteriores de estas últimas décadas. Pero hay un apunte expreso sobre la cuestión del alejamiento. El comité europeo recuerda que los presos y presas a quienes se liga a ETA «han sido generalmente asignados a prisiones muy alejadas del País Vasco. Muchos de ellos llevan mucho tiempo en prisión y, en su mayoría, siguen alojados en los módulos de régimen cerrado como presos de primer grado según el artículo 91.2 del Reglamento Penitenciario de 1996 y sometidos a seguimiento FIES [corregido en parte posteriormente]. Su buen comportamiento en prisión no cambia su categorización», constata.

«Hay motivos para ubicarlos más cerca»

«A la luz de la anunciada disolución de ETA en abril de 2018 y el abandono de su campaña armada en 2011, hay motivos para que estos presos sean ubicados, en base a una adecuada evaluación de riesgos, más cerca de sus familias ya sea en el País Vasco o en otro lugar de España», remarca el CPT, que entre otros muchos se reunió con el ministro español de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y con el máximo responsable de Instituciones Penitenciarias, Angel Luis Ortiz.

A ello responde así el Gobierno español: «Tras anunciar la banda terrorista ETA el 20 de octubre de 2011 el cese definitivo de la lucha armada y el de su autodisolución el 3 de mayo de 2018, el Gobierno de España ha considerado adecuado un cambio en la política penitenciaria respecto a sus miembros. A tal efecto y siempre partiendo del principio de individualización científica en la ejecución de las penas privativas de libertad, se han valorado y adoptado decisiones en materia de clasificación y destino respecto a estas personas que han supuesto un cambio sustancial en su distribución geográfica y régimen de vida».

«Así, a 17 de junio de 2021 permanecían en prisión 192 personas pertenecientes a este colectivo. De ellas, 26 mujeres y 166 hombres –detalla el Gobierno Sánchez–. Las dos comunidades autónomas que más internos e internas albergaban eran País Vasco y Castilla León, con 48 y 44 personas respectivamente. De ellos, País Vasco tenía seis mujeres y Castilla León cuatro. A continuación se sitúa Cantabria (24 personas), La Rioja (24), Aragón (18), Navarra y Asturias (10 en cada una de ellas), Andalucía (6) y Madrid (8)». La respuesta es de junio de este año, es decir, justo cuando se estaban acabando de vaciar de vascos las cárceles al sur de Madrid, aunque sin proceder a la repatriación.

Maltratos y falta de investigación

Por encima de este tema sobresale la claridad con que el CPT alude a maltratos tanto en comisarías como en cárceles españolas (la delegación visitó las de Sevilla, Picassent, Soto del Real, Estremera, Castelló y Avila). En estas últimas apunta a uso excesivo de la fuerza de modo habitual. Y en cuanto a los centros de detención, detalla: «Aunque la mayoría de las personas declararon haber sido tratadas correctamente por los agentes de la ley, la delegación del CPT recibió un número importante de denuncias de malos tratos, incluso de menores, que afectaban principalmente a la Policía Nacional. Los malos tratos se infligían supuestamente como medio para obligar a los sospechosos a proporcionar información o a confesar determinados delitos o para castigarlos por el supuesto delito cometido».

Recomienda en consecuencia que todos los interrogatorios se graben y que ese material sea guardado. Y lo acompaña con este emplazamiento: «Que el ministro del Interior y los jefes de la Policía Nacional y la Guardia Civil transmitan un mensaje contundente de que los malos tratos a las personas detenidas son ilegales, poco profesionales y serán objeto de las sanciones correspondientes».

Este llamamiento es general pero tiene una lectura especial desde Euskal Herria, puesto que como es sabido el ministro Grande-Marlaska es protagonista de más de la mitad de las condenas europeas al Estado español por no investigar torturas: siete de los casos ya castigados responden a detenciones ordenadas por él en su etapa de juez de la Audiencia Nacional.

Incomunicación: erre que erre

En paralelo está la cuestión de la incomunicación, cuya erradicación ha sido demandada hace mucho por el CPT a Madrid. Lo vuelve a hacer ahora, en estos términos: «El CPT comprende las razones históricas de la introducción del régimen de incomunicación en la legislación española. Sin embargo, el Comité considera que, por principio, la posibilidad de imponer el régimen de incomunicación debería eliminarse por completo de la legislación española. Mientras tanto, a la espera de la completa abolición, reitera su recomendación de que se prohíba la aplicación del régimen de incomunicación a todos los menores de 18 años. Además, reitera su posición de que todas las personas detenidas deben poder entrevistarse con un abogado en privado, desde el inicio de su detención y posteriormente según sea necesario».

La réplica estatal deja claro que suprimir la incomunicación no está en su agenda. Cita que se han introducido mejoras en el régimen, añade que solo se aplica de modo muy extraordinario y concluye: «En la regulación actual no existe detención secreta, pues incluso en el caso en el que los familiares y allegados temporalmente (hasta un máximo de diez días) no puedan comunicar con la persona privada de libertad, éstos siempre habrán de estar informados del hecho de la detención y del lugar en que se encuentra el detenido en cada momento».

«Las garantías introducidas para el control de las situaciones de incomunicación expresan el compromiso del Estado en el respeto de los derechos humanos –sigue el Gobierno–. La investigación de los delitos de mayor gravedad, como lo es la lucha contra la delincuencia organizada o el fenómeno del terrorismo, exige disponer de herramientas de investigación que permitan compensar la situación de clara desventaja en la que se sitúa la víctima, la sociedad y el propio Estado».

Enfermos, aislamiento, comunicaciones...

El exhaustivo informe del CPT hinca el diente a otras cuestiones como la salud siquiátrica de la población presa, la aplicación del aislamiento, las comunicaciones con las familias o las medidas sanitarias frente al covid-19. Uno de los escasos aspectos positivos hallados se refiere a la paulatina disminución de la población encarcelada: «El CPT observa positivamente que el número de presos en España ha ido disminuyendo de forma constante durante los últimos 10 años. En 2011, la población penitenciaria se situaba en 73.157 reclusos para una capacidad oficial de 65.077 plazas, mientras que en 2016 la población había descendido a 60.309 mientras que la capacidad había aumentado a 75.965. Esta tendencia a la baja ha continuado y la población penitenciaria oficial se sitúa en 58.642 (incluyendo 8.379 en Cataluña) para una capacidad oficial de 73.794 (64.237 en la Administración del Estado, 9.557 en Cataluña) a febrero de 2020», saluda.

Sin embargo, señala muchos defectos en la atención médica en las cárceles, punto en el que insta a dejarla en manos de las redes sanitarias públicas. El Gobierno español responde a ello aludiendo a que ya ha transferido la competencia al Ejecutivo navarro.

Sobre las mujeres presas, el comité europeo destaca que «es necesario mejorar sus contactos con el mundo exterior, dado que a menudo se encuentran a gran distancia de sus familias y es mucho más probable que sean ellas, en comparación con los reclusos, las principales responsables de los hijos que puedan tener».

Por lo que se refiere al aislamiento, el Comité emplaza a «garantizar que ningún preso sea mantenido continuamente en aislamiento como castigo durante más de 14 días». Y en cuanto a las comunicaciones, insta a que los presos alejados de sus casas «puedan mantener conversaciones con sus familiares a través del protocolo de voz sobre internet».

En la visita estuvieron los dos principales vicepresidentes de este CPT, la danesa Therese Rytter (en la imagen superior) y el irlandés Mark Kelly, junto a otros miembros de la comisión y a tres expertos de diferentes campos: Celso Manata, fiscal general adjunto y ex director general de Prisiones y Libertad Condicional en Portugal; Birgit Völlm, profesora de psiquiatría forense y directora médica de la Universidad de Rostock (Alemania); y la montenegrina Olivera Vulić, psiquiatra y consultora de salud penitenciaria.