El tribunal israelí acepta el «acuerdo de culpabilidad» de Juana Ruiz con condena de 13 meses
Un tribunal militar israelí ha declarado culpable a la cooperante española Juana Ruiz, acusada de prestar servicios a una organización ilegal, en base a un «acuerdo de culpabilidad» alcanzado entre la Fiscalía y la defensa. La corte emitirá el 17 de noviembre la sentencia con la pena definitiva.
El tribunal militar de Israel que ha juzgado a Juana Ruiz, trabajadora humanitaria encarcelada desde abril, ha asumido el acuerdo al que habían llegado la Fiscalía y la defensa, que propone una pena de prisión de 13 meses y una multa de 50.000 shékels (14.000 euros).
La defensa de Ruiz y la Fiscalía habían presentado una propuesta de acuerdo para reducir de cinco a dos los cargos en su contra y dejar la pena de cárcel en trece meses, de los que se le podrían descontar los siete que ya lleva encarcelada. La corte militar emitirá el próximo día 17 la sentencia final con la pena definitiva.
El pacto se presentó tras la sesión de mediación del lunes, en una vista celebrada en la corte militar de Ofer, en Cisjordania ocupada, adonde Ruiz llegó esposada de pies y manos. «Siempre pensé que estaba trabajando para una organización legal. Siento mucho si me equivoqué, espero que tengan en cuenta que no he intentado hacer ningún daño», ha declarado la cooperante ante el tribunal.
La Fiscalía militar presentó en mayo cinco cargos formales contra Ruiz, relacionados con su trabajo recaudando fondos para los Comités de Trabajos para la Salud, una ONG palestina a la que Israel acusa de «integrar una red que desviaba dinero europeo al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP)».
El acuerdo recogía que podría salir de prisión si paga la primera mitad de la multa. «El pacto es apropiado para un caso que comenzó con cargos que acarrean sentencias máximas y fue reducido a pocos hechos, por lo que estamos satisfechos», ha declarado su abogado, Avigdor Feldman.
Según ha agregado, las acusaciones que permanecerían en su contra especifican «muy claramente que ella no sabía que el dinero que recaudó de los contribuyentes de España fue entregado al FPLP».
La trabajadora humanitaria, de 63 años, reside en los territorios palestinos ocupados desde los años 80 e Israel le aplica la ley militar, como sucede con el resto de palestinos de Cisjordania.