El proyecto de Ley Audiovisual es «claramente insuficiente» para los agentes culturales
Agentes cívicos y culturales del Estado han firmado este miércoles un manifiesto unificado donde muestran su pesar por el proyecto de Ley General del Audiovisual aprobado ayer por el Consejo de Ministros. «Es claramente insuficiente», han manifestado.
Ante la aprobación del proyecto de Ley General del Audiovisual por parte del Consejo de Ministros español celebrado ayer martes, las entidades cívicas y culturales que trabajan por la igualdad de las lenguas cooficiales han hecho público un manifiesto común. Entre los firmantes se encuentran Kontseilua, los catalanes Òmnium, Ciemen y la Plataforma per la Llengua, la gallega Mesa pola Normalización Lingüística, la asturiana Iniciativa pol Asturianu y la valenciana Acció Cultural, entre otros.
En el documento consideran «claramente insuficientes los adelantos para nuestras lenguas que se incluyen en este texto en relación a los anteproyectos hechos públicos anteriormente». Entre ellas se encuentra la cuota del 6% que deberían exigir que se realizaran en las lenguas cooficiales, también a plataformas internacionales como Netflix o HBO. Lejos de esa premisa queda sin embargo el proyecto aprobado ayer en Madrid.
«Habrá que mejorar a fondo y muy significativamente el redactado de la ley durante su trámite parlamentario. Entendemos que una legislación justa y democrática tiene que reconocer, defender y promover la pluralidad lingüística y cultural del Estado español. Y tiene que contribuir a la rehabilitación y recuperación de los espacios negados hasta hoy a nuestras lenguas», han afirmado.
Por ello, instan a todas las fuerzas políticas y al Gobierno español a que, durante el trámite en las Cortes Generales, el texto de la futura Ley General de Comunicación Audiovisual, incluyan como principio básico «el reconocimiento, defensa, garantía y promoción de la pluralidad lingüística». Pluralidad que a su juicio se tendría que concretar en dos ámbitos: «Primero, igualando contenidos y porcentajes mínimos en todas las lenguas del Estado en doblaje, sutitulaciones y audiodescripciones. Y segundo, igualando las obligaciones de financiación de producciones audiovisuales en las diversas lenguas del Estado, ya sean plataformas digitales o por canales televisivos».
«Exclusión evidente»
Estos agentes se comprometen a conseguir estos objetivos realizando todas las gestiones y actuaciones necesarias ante todos los miembros de las Cortes, y también ante el Gobierno español, durante todo el periodo de su trámite parlamentario, tanto desde nuestros respectivos territorios como también en Madrid. «Recordamos que el audiovisual es uno de los sectores donde la exclusión de lenguas diferentes del castellano es más evidente. De los miles de títulos de los catálogos de plataformas audiovisuales como Netflix, HBO Max, Prime Video, Rakuten TV, Apple TV+, Movistar+ o Disney +, entre otros, solo un porcentaje anecdótico, en el mejor de los casos, y mayoritariamente solo en producciones propias, es disponible en nuestros idiomas», han denunciado.
Por contra, señalan que la oferta doblada o subtitulada en castellano es «completa, incluso en diferentes variedades». «Y también tenemos la oferta en decenas de idiomas, sin que esto suponga ningún problema», han continuado.
Hasta ahora, la legislación general del audiovisual solo ha establecido porcentajes obligatorios de contenidos y financiación mínimos para el castellano, sin indicación ni reconocimiento a otras lenguas existentes en el Estado español. «Esto impide que los niños, los jóvenes y el público en general disfruten del amplio abanico disponible de programas, series y películas en su lengua. Hay que actuar decididamente en el sector audiovisual, uno de los ámbitos donde la situación de exclusión de nuestras lenguas es más evidente y que, al mismo tiempo, es una de las ofertas de ocio más utilizadas por la ciudadanía en general, y los jóvenes y los niños en particular. Estos dos elementos confluyen en un sector estratégico con una gran capacidad para contribuir al desarrollo lingüístico, cultural y económico de nuestros respectivos países», han sentenciado.