Un gobierno indolente con su Ley Antipandemia
La CAV cuenta con una Ley Antipandemia que, pese a las dudas existentes, fuentes de Lehendakaritza confirman a NAIZ que «está en vigor» desde que el 3 de diciembre Iñigo Urkullu decretó la «emergencia sanitaria». Dicha ley tiene todo un título VI, compuesto de 9 artículos, en el que detalla el «régimen sancionador» con duras multas. Pero hay un incumplimiento que el legislador no había previsto: que sea el propio Gobierno quien se pase la ley por el arco del triunfo.
El pasado 24 de junio, el Parlamento de Gasteiz aprobó con los votos a favor de PNV, PSE y Elkarrekin Podemos-IU la Ley 2/2021 de medidas de gestión de la pandemia de covid-19. En su artículo 7, define los niveles de alerta. Según los últimos datos ofrecidos por la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, el lunes se registraron 2.711 nuevos positivos (otro récord en un día), la incidencia acumulada por 100.000 habitantes en 14 días se eleva a 1.245,53, y hay 290 personas ingresadas en planta en los hospitales y 101 recibiendo asistencia intensiva en las UCI, que son más de los que había en vísperas de las navidades de hace un año.
Con esas cifras estamos metidos de hoz y coz en el «nivel 5. Transmisión muy alta: tasas de incidencia acumulada en catorce días superiores a 500 casos por cada 100.000 habitantes». Doblamos ampliamente ese numero y no se puede nadie escudar en otros indicadores como el índice de reproductividad básico (R0) que es de 1,13 o en la razón de tasas, que está en el 1,26, para modular y dulcificar esa realidad.
¿Y qué dice la ley que hay que hacer en el nivel 5? Pues que «con carácter general y por mandato de esta ley, en este nivel de alerta se aplicarán automáticamente –automáticamente, cabe repetir– las siguientes medidas»: restricción de la movilidad y circulación nocturna apoyada por el estado de alarma (que hoy no existe); «confinamientos individuales y colectivos», previa «autorización o ratificación judicial»; y «se adelantarán los horarios de cierre de todo tipo de actividades económicas y sociales, pudiéndose suspender aquellas que más incidan sobre el contacto social», para lo que solo se necesita la firma del lehendakari.
Además, se debería estar valorando la «suspensión de todo tipo de actividades sociales y culturales en formato presencial», el «paso de la actividad educativa presencial a un formato online» y el «cierre de todo tipo de actividades económicas no esenciales, valorándose en caso de mantenerse su apertura al público el uso máximo de un 35 por ciento de su aforo».
Se puede estar de acuerdo o no con estas medidas y con muchísimas otras que deberían estar en vigor según esta ley, pero cabría esperar que quienes impulsaron su aprobación porque decían que era imprescindible al menos la cumplan. A la pregunta de por qué no lo hacen, fuentes de Lehendakaritza responden que «se irán aplicando las medidas que se estimen en cada momento y que sean jurídicamente viables». No hay explicación sobre a qué están esperando visto el panorama desolador que ellos mismos dibujan.
Pues aunque el discurso oficial es que el lehendakari «no renunciará a adoptar ninguna decisión que sea necesaria» ni siquiera por la «reacción social» de rechazo que puedan suscitar, lo cierto es que están a la espera de las medidas «comunes» para todo el Estado que se puedan acordar en la Conferencia de Presidentes autonómicos convocada por Pedro Sánchez para este miércoles.
Tenemos una ley que se aprobó por trámite de urgencia en el Parlamento de la que ya ni sus promotores consideran que sirva para nada, y un partido en el Gobierno que asegura que aquí las cosas se están haciendo mejor que en otras comunidades, pero que está esperando al capote del Estado para arriesgar.