La Fiscalía belga recurre en casación la negativa a entregar a Valtònyc al Estado español
La Fiscalía belga ha recurrido en casación la decisión del Tribunal de Apelación de Gante sobre el rechazo a entregar al rapero Josep Miquel Arenas, Valtònyc, al Estado español. El Tribunal de Casación no analizará el fondo, sino únicamente si la decisión se ajusta a la ley.
Según fuentes del Ministerio Público belga citadas por Efe, la Fiscalía ha presentado un recurso contra la decisión del Tribunal de Apelación de Gante, que rechazó entregar a Valtònyc al Estado español. Se trata de trata de un recurso ante el Tribunal de Casación, que no se pronuncia sobre el fondo del caso sino que analiza exclusivamente si una decisión dictada por un tribunal en última instancia cumple con la ley.
Las fuentes de la Fiscalía no han precisado en base a qué recurren la sentencia en el Tribunal de Casación que, según otras fuentes judiciales, podría demorarse unas dos semanas en pronunciarse.
El Tribunal de Apelación de Gante había descartado este martes definitivamente el delito de amenazas, al considerar que en Bélgica la libertad de expresión ampara los hechos por los que Valtónyc fue condenado en el Estado español en 2018 por unas canciones escritas en 2012.
La corte cerraba así el último de los tres motivos por el que se había solicitado su entrega, tras haber archivado antes los de «injurias» a la Corona y «enaltecimiento del terrorismo», por los que también le reclama la Justicia española.
La sentencia del Tribunal de Apelación se conoció después de que el Tribunal Constitucional belga dictaminase el pasado octubre que la ley de injurias a la Corona de Bélgica es contraria a su propia Carta Magna, desbaratando así la norma que desde 1847 penaba las injurias a la Corona en ese país.
El caso del mallorquín lleva tres años de recorrido judicial en Bélgica. La Justicia belga ha estado analizando la euroorden de Valtònyc desde 2018, cuando el cantante se refugió Bélgica para no ingresar en prisión por unas canciones escritas en 2012.
El proceso se ha retrasado por el parón de la pandemia, porque los jueces preguntaron al Tribunal Constitucional belga sobre el delito de injurias al rey y porque se elevó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.