La oposición pide claridad a Tapia: «¿Tiene intención de hacer el pozo Armentia-2?»
Lakua asegura que da por «cerrada» la exploración de gas en Subilla-Gasteiz, pero mantiene abierta una vía judicial contra el veto del Ayuntamiento. Esta ambigüedad suscita dudas en la oposición, que ha pedido a la consejera Arantxa Tapia que expliqué cuál es la postura del Ejecutivo autonómico.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Gasteiz ha instado al Ayuntamiento de la capital alavesa a que argumente de «manera más sólida» su rechazo a la exploración de gas del pozo Armentia-2. Ha realizado esta petición tras estimar el recurso presentado por la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, Shesa, dependiente del Gobierno de Lakua, que ayer saludó la resolución judicial.
Fuentes del Departamento de Arantxa Tapia indicaron que el fallo «avala la gestión del Gobierno», por lo que están «satisfechos», aunque a renglón seguido aseguraron que se mantiene la decisión de dar por «cerrada» la exploración de gas en el concejo de Subilla-Gasteiz.
La ambigüedad del Ejecutivo suscita dudas entre los grupos de la oposición, que han presentado diferentes iniciativas en el Parlamento de Gasteiz.
El parlamentario de EH Bildu Mikel Otero ha remitido a la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente una batería de preguntas, entre las que figuran dos cuestiones clave: ¿por qué continúa Lakua con la vía judicial si ha decidido dar carpetazo a la extracción de gas?, y ¿qué intenciones tiene el Ejecutivo en el caso de lograr la licencia municipal para explorar los recursos fósiles del subsuelo?.
«¿Es consciente la consejera de que con la judicialización del pozo de gas Armentia-2 estamos utilizando tiempo y recursos públicos de Shesa, del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y del juzgado?», pregunta Otero, que advierte a la consejero de si «es consciente de que, aunque consiguiera los permisos para hacer el pozo Armentia-2, sería imposible poner en marcha la explotación según la Ley estatal de Cambio Climático y Transición Energética».
Y, en este sentido, cuestiona por qué no ha puesto en marcha el Gabinete de Iñigo Urkullu los procesos administrativos de caducidad de los permisos de exploración de gas Enara, Mirua, Usoa y Usapal.
El papel de las empresas privadas
Desde Elkarrekin Podemos, David Soto ha solicitado la comparecencia de Tapia en la Cámara autonómica para que explique los futuros pasos del Ejecutivo. «¿Van a gastar millones de euros y dárselos a empresas privadas para sondear si existe o no gas en el subsuelo? ¿Para qué si no puede ser explotado?», ha cuestionado antes de poner sobre la mesa otra hipótesis, al preguntar si el Gobierno «debe indemnizar a las petroleras americanas Heyco y Cambria o al Ministerio por no haber podido continuar con este proyecto».
«El PNV ya ha estirado desde los años 80 las ganancias de las empresas gasísticas y petroleras. Por no haber apostado por proyectos de energías renovables o viviendas más eficientes, seguimos en Euskadi con la dependencia al gas gracias a los jeltzales y todo indica que harán todo lo posible para seguir favoreciendo al oligopolio en contra del sentir mayoritario de la ciudadanía», ha censurado.