La mayoría parlamentaria apoya seguir con la Ley de Memoria a pesar del error del Gobierno

Los grupos PP-Cs y Vox se han quedado solos en su intento de entorpecer la tramitación de la Ley de Memoria Histórica después de que el Gobierno corrigiera el envío al Parlamento de un borrador en lugar del texto definitivo. El resto de grupos criticaron el error pero seguirán adelante.

La consejera del Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, y la viceconsejera de Relaciones Institucionales, Jone Berriozabal, han comparecido este miércoles en el Parlamento de Gasteiz para dar explicaciones de las razones por las que el Gobierno remitió a la Cámara un borrador de febrero de 2020 de la Ley de Memoria Histórica y Democrática en lugar del proyecto definitivamente aprobado el 27 de julio de 2021. Según han asegurado, se trató de un error humano por el cual un funcionario adjuntó al expediente un documento que no era el que debía.

La consejera Garamendi ha dado cuenta de todo el «ingente» volumen de trabajo que desarrolla la Secretaría de Relaciones con el Parlamento, y la viceconsejera Berriozabal ha detallado que fue un error «que ningún profesional quiere hacer y que desgraciadamente sucedió».

Fue el grupo PP-Cs quien detectó el 20 enero de 2022 que el proyecto de ley con el que trabajaba desde el 15 de setiembre de 2021 no coincidía con la documentación que le acompañaba. Lo puso en conocimiento de los servicios del Parlamento y también lo denunció públicamente en rueda de prensa.

Seis días después el Gobierno ya había remitido al Parlamento el proyecto de ley real y corregidos algunos errores que había en la versión en euskara y la Mesa decidió que se siguiera con su tramitación, ampliando plazos y permitiendo que se solicitaran nuevas con comparecencias.

Posición de los grupos

Carmelo Barrio, portavoz de PP-Cs ha exigido que desde el Gobierno se asumieran responsabilidades políticas por este error y se ha preguntado por qué el Ejecutivo no retiró el proyecto de ley e inició toda la tramitación de nuevo. En todo caso, ha demandado a la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno que envíe la certificación de lo aprobado por el Consejo de Gobierno, en su función de secretaria del mismo.

La única representante de Vox, Amaia Martínez, ha asegurado que es «un error sin precedentes» y que no se puede hacer «como si aquí no hubiera pasado nada». Ha denunciado una actuación de la Mesa admitiendo seguir con la tramitación de la ley, lo que considera «parcial» y que «contribuye a su descrédito». En su segunda intervención ha vuelto a dejar claro que a la ultraderecha no le gusta este proyecto de ley.

El resto de grupos han considerado que el error cometido es grave y que no debe volver a suceder, pero al mismo tiempo han mostrado su decisión de seguir con la tramitación de la ley, frente a aquellos grupos interesados en «meter palos en la rueda» y a los que no les gustaría que hubiera ninguna ley de Memora Histórica y Democrática.

La parlamentaria de EH Bildu Eraitz Saez de Egilaz ha echado en menos que la corrección del error hubiera venido acompañada de un informe jurídico que lo apoyara. Al mismo tiempo, ha apuntado que el error no se ha dado por casualidad, sino que lo ha atribuido a las prisas con las que se están trabajando los proyectos de ley.

En cualquier caso, todos los grupos de la oposición han querido dejar constancia de que el volumen de trabajo que pueda tener la Secretaría de Relaciones con el Parlamento no es excusa para justificar el error. La consejera Olatz Garamendi ha explicado que ha ofrecido esos datos para que se pudiera contextualizar lo ocurrido y como reconocimiento de la labor que realizan los funcionarios de ese departamento.