Califican de «parafernalia episcopal» el listado de inmatriculaciones presentado por la Iglesia
La coordinadora Recuperando y la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro han pedido al Gobierno español que defienda el patrimonio público y que informe de todas las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia. «No son 1.000, son 100.000».
La coordinadora Recuperando y la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro se han concentrado esta tarde en Iruñea frente a la Delegación del Gobierno español, donde han exigido al Ejecutivo de Pedro Sánchez «información suficiente de todas las inmatriculaciones, la recuperación de bienes inmatricucados y la defensa del patrimonio público».
También se han celebrado concentraciones similares en Bilbo y Donostia.
El Gobierno español presentó en 2021 el listado de 34.976 inmatriculaciones realizadas por la Iglesia entre 1996 y 2015. «Fue un éxito sin paliativos de las organizaciones ciudadana que lleva muchos años denunciando la privatización masiva de fincas e inmuebles», ha señalado Andrés Valentín, miembro de la plataforma, en la movilización de Iruñea.
Sin embargo, este «éxito» también «mostró sus límites». Y es que no se decía nada de las inmatriculaciones realizadas antes de 1998. «Según los datos que tenemos, de 1946, que es cuando empieza el fenómeno inmatriculador, a 1998, se inmatricularon muchos más bienes que después de esa fecha».
Además, los citados listados no permiten identificar los bienes inmatriculados y ocultan otros bienes que aparecen como anexos.
Valentín ha recordando que los programas electorales tanto del PSOE como de Unidas Podemos, así como en el programa de gobierno de ambos e incluso Pedro Sánchez, en su discurso de investidura, se comprometieron a efectuar las modificaciones legislativas oportunas para revertir las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica. «¿Dónde están esas modificaciones?»
Inconstitucionalidad
Frente a ello, han exigido la nulidad de las inmatriculaciones, «especialmente las de las realizadas después de 1978 por inconstitucionalidad sobrevenida, una ley que fije los criterios para calificar nuestro patrimonio cultural de origen religioso y que establezca los procedimientos para su catalogación y registro».
Del mismo modo, han acusado al Gobierno español de «abandonar a su suerte a particulares y entidades locales para que litiguen en largos y costosos judiciales por la recuperación de sus bienes arrebatados por la jerarquía católica».
Así, ha calificado de «parafernalia episcopal» el listado de millar de bienes incluídos incorrectamente presentado por la Iglesia. «Por eso decimos, no son 1.000, son 100.000. Son la totalidad de los bienes inmatricucados los que están indebidamente inmatricucados».
En este camino han solicitado entrevistas a siete ministros del actual Gobierno español. Sin éxito. Por el contrario, las reuniones del Ejecutivo con la jerarquía católica han sido numerosas. «Nos obliga a solicitar a Pedro Sánchez que al menos conozca personalmente nuestras consideraciones y propuestas. Si el Gobierno no ha estado a la altura de su compromiso, y los tribunales siguen dando cobertura a este expolio, la coordinadora estatal Recuperando y la Plataforma de Defensa del Patrimonio navarro seguirán batallando hasta que los bienes reviertan a su situación anterior a su inmatriculación por la Iglesia católica y hasta conseguir una regulación que defienda nuestro patrimonio de dominio público».