PSE, PP y Vox rechazan responsabilizar a Martín Villa y lo estiman «una obsesión» y «poco útil»

La Cámara de Gasteiz ha reconocido, con los votos de EH Bildu y Elkarrekin Podemos y la abstención del PNV, la responsabilidad de Rodolfo Martín Villa en los crímenes del 3 de marzo y ha pedido a la justicia española que siga investigando y que colabore con la querella abierta en Argentina.

PSE, PP y Vox han escondido su negativa a reconocer las responsabilidades que tiene Rodolfo Martín Villa en los crímenes del franquismo y, especialmente, en la muerte de cinco trabajadores en Gasteiz el 3 de marzo de 1976 bajo un mantra de «reconocimiento a las víctimas». Para ello, han utilizado términos como «obsesión», «presunción de inocencia» o «dudosa utilidad». El PNV también ha sido crítico, tildando la propuesta de «propagandística», pero con su abstención ha permitido que la propuesta saliese adelante.

EH Bildu ha trasladado a la Cámara de Gasteiz una proposición para reconocer la responsabilidad del responsable franquista y pedir a la justicia española que siga investigando y que colabore con las necesidades de la querella abierta en Argentina por la juez María Servini. El parlamentario Julen Arzuaga ha recordado las palabras del propio Martín Villa, «todo se lo debo a Franco».

Como se jacto entonces un agente aquel 3 de marzo de 1976, «aquí ha habido una masacre. Hemos contribuido a la paliza más grande de la historia», ha añadido Arzuaga. La ley de Amnistía ofreció un marco de impunidad a estos crímenes y los delitos de una dictadura no se investigaron y las responsabilidades penales se taparon. «A las vícitmas del 3 de marzo solo les quedó la justicia universal, para lo que tuvieron que cruzar el globo».

Del mismo modo, Arzuaga ha recordado que el 17 de enero, en un desayuno organizado por la prensa, Martín Villa dijo que pudo ser el responsable político y penal de esas muertes. «No sé si esas declaraciones respondían a que se sabe impune. Quizá quiso mofarse del proceso abierto. Quizá también de las víctimas. O quizá era una autoinculpación. Porqué sí, todo el mundo sabe que el fue el responsable político y penal. De reconocerlo a darle justicia, va una inmensidad». 

Apoyo de Elkarrekin Podemos

Jon Hernández, parlamentario de Elkarrekin Podemos, ha mostrado su apoyo al texto de EH Bildu. Ha recordado a numerosos trabajadores organizados asesinados en el Estado español y ha subrayado que se trató de una represión organizada. «Aquella impunidad sigue intacta, no han sido juzgados. Deben ser investigados y juzgados. No se debe permitir que queden impunes. El paradigma son los juicios de Nuremberg». Además ha añadido una enmienda para que las instuciones vascas puedan aportar a la justicia los informes que existen con los relatos de las víctimas de la dictadura. Aquí el PNV ha votado en contra, por lo que no ha salido adelante.

Distinta ha sido la posición del resto del arco parlamentario. Desde el PNV, Iñigo Iturrate, se ha escudado en que «desde el año 2000 el Parlamento Vasco ha reconocido en ocho ocasiones» a las víctimas del 3 de marzo. «No entendemos la propuesta presentada de EH Bildu. Le vemos un toque propagandístico. Nunca nos ha gustado la utilización de las víctimas».

María Jesús San José, parlamentaria del PSE, también ha comenzado «reconociendo» a las víctimas del 3 de marzo, pero ha señalado que la propuesta debatidad hoy, «tiene una dudosa utilidad» y «viniendo de EH Bildu, una dudosa credibilidad», ya que, en sus palabras, la coalición soberanista «tiene una dudosa relación con las decisiones judiciales».

Por parte del PP, Carmelo Barrio, ha mostrado su «solidaridad y condena de aquella lamentable actuación policial», pero ha acusado al «señor fiscal Arzuaga» de querer «convertir el Parlamento vasco en una sede judicial, cuando los tribunales ya se han pronunciado». Asimismo, ha pedido «presunción de inocencia» para Martín Villa, porque «aquí ya se está condenando».

En la misma línea, Amaya Martínez, única representante de Vox en la Cámara, ha calificado la propuesta como «obsesión de la izquierda» para «presionar al poder judicial cuando sus decisiones no les agradan».