El presidente de Ecuador veta parcialmente la ley que regula el aborto en casos de violación

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha vetado de forma parcial la ley que regula el aborto en casos de agresión sexual, aprobada en la Asamblea Nacional, y ha encendido las alertas en el movimiento feminista del país, que estudia respuestas legales y movilizaciones en las calles.

El presidente de Ecuador, el conservador Guillermo Lasso, ha anunciado su decisión de vetar parcialmente el proyecto de ley que regula el aborto en casos de violación en Ecuador, donde la interrupción del embarazo tras una agresión sexual es legal desde abril de 2021.

Lasso anunció la pasada semana en un programa semanal de entrevistas desde la sede del Gobierno ecuatoriano, el Palacio Carondelet, su intención de vetar esta iniciativa, aunque no especificó si se trataba de un veto parcial o total, según recoge el diario local ‘La Hora’.

En un comunicado colgado en su perfil oficial de Twitter, Lasso ha indicado que ha realizado al menos 61 observaciones al documento para que se guarde «absoluta concordancia con el dictamen del Tribunal Constitucional». Así, ha indicado que sus decisiones «siempre se enmarcarán en los límites definidos de sus funciones constitucionales».

«En el tema de los plazos he añadido la observación de que se unifiquen, tanto para casos del sector rural como del sector urbano, en 12 semanas, pues todos somos iguales ante nuestra Constitución y nuestras leyes. Establecer diferencias legales entre ciudadanos basados en lugares de nacimiento o condiciones de origen sería contrario a este principio básico», ha señalado en el comunicado.

La ley establece que el embarazo en casos de violación podrá ser interrumpido hasta la duodécima semana de gestación en mayores de 18 años y hasta las 18 semanas en el caso de niñas, adolescentes y mujeres de las zonas rurales.

Vuelve al Parlamento

El proyecto volverá a la Asamblea Nacional, que dispondrá de un plazo de 30 días para resolver las más de 60 objeciones que Lasso ha realizado. La ley salió adelante a mediados de febrero con el voto a favor de 75 congresistas mientras que ahora se requeriría el apoyo de al menos 92 para que el proyecto siga su curso al margen de lo objetado por el mandatario.

Algunos parlamentarios ya han reconocido abiertamente la dificultad que entraña lograr los apoyos suficientes. «Esperemos que, más allá de las diferencias que podamos tener, de aborto sí o aborto no, la Asamblea pueda comprender que el proyecto de ley es mucho mejor que lo que el presidente pretende con su veto}, ha señalado la ponente del proyecto, la diputada de Izquierda Democrática Johanna Moreira.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia y también miembro de Izquierda Democrática, Alejandro Jaramillo, ha tildado la respuesta de Lasso como una «burla» al trabajo que ha realizado la Asamblea. «De 73 artículos, poner textos alternativos en 61 realmente es una burla», ha criticado.

Desde el Partido Social Cristiano, su jefe de filas, Esteban Torres, ha reconocido que es «bastante improbable» que se alcancen los 92 votos a favor para mantener el proyecto de ley original, si bien ha remarcado que su formación mantendrá la libertad de voto, como ya se hizo en la votación primigenia.

En lo referente al veto presidencial, Torres lo considera «tibio», pues ha reconocido que esperaba que Lasso aprobase un veto total y no parcial a la norma. «Se asume ya a nivel general (...) que la pena de muerte a la que estarán condenados ciertos ecuatorianos en el vientre materno, ya es formalmente de doce semanas», ha dicho.

Por el contrario, Ricardo Venegas, del partido Pachakutik, considera que el veto presidencial «no ha dejado satisfechos ni a los proabortistas ni a los provida» y ha apuntado que las doce semanas para la interrupción del embarazo es «un plazo razonable».

Feministas en alerta

Verónica Verá, integrante del colectivo Surkuna, ha expicado a Efe que los colectivos feministas han emprendido un análisis profundo del pronunciamiento del presidente Lasso, pero ha dicho que le ha llamado la atención de que haya planteado más de 60 objecciones. Ello supone que «ha incidido en la mayoría» de la propuesta legislativa y, sobre todo, en temas importantes como los plazos, la objeción de conciencia y los «requisitos» para el acceso a ese derecho.

Según Verá, los cambios que se han ido dando a la orden de la Corte Constitucional, que garantiza el acceso de mujeres al aborto por violación, «obstaculizarán más» ese derecho.

Las propuestas del Ejecutivo podrían crear «barreras infranqueables para las supervivientes de violaciones» y no se someten a la decisión de la Corte Constitucional que exigía que la normativa se apegue a «los más altos estándares internacionales de derechos humanos», ha agregado la activista.

Ha recordado que los grupos feministas se pronunciarán en los próximos días sobre la decisión del presidente Lasso, aunque ha dicho que hay una percepción en su colectivo de que «este veto no puede significar nada bueno para las sobrevivientes de violaciones».

Las estrategias del feminismo no solo podría incluir la movilización, como ya se ha demostrado en varias oportunidades, sino también acciones jurídicas que también se estudian, ha añadido Verá.