«Durante 25 años no se ha sabido nada de lo que ocurría en los CIE»

Tras la muerte de George Floyd en Mineápolis, EEUU, Marc Almodóvar y Ricard González produjeron un documental que denuncia el racismo institucional en el Estado español y que presentaron el pasado jueves en la sala Katakrak en el marco de unas jornadas organizadas por SOS Racismo Nafarroa.

‘Els nostres George Floyd’ se estrenó en febrero en el programa Sense ficció de TV3. Siguiendo la estela de la muerte de George Floyd a manos de la policía de Mineápolis, el documental aborda los casos de personas migrantes o racializadas que murieron bajo custodia de cuerpos policiales o de seguridad en el Estado español, entre ellos el de Elhadji Ndiaye, que tras su detención en Arrotxapea murió en la comisaría de la Policía española en Iruñea.

¿Cómo surge la idea de producir ‘Els nostres George Floyd’?

Marc Almodovar: Cuando sucede la muerte de George Floyd en EE.UU, se producen manifestaciones en todo el Estado español, también en Barcelona. Los colectivos antirracistas hacen una denuncia de la hipocresía que supone mirar lo que ocurre a miles de kilómetros de aquí y ser incapaces de denunciar las muertes, parecidas a las de Floyd, que han sucedido en el Estado español. Nosotros, como periodistas, recogemos esta denuncia y tratamos de convertirla en un documental, en un producto periodístico. La idea era coger varias historias que nos permitiesen ver hasta qué punto existe un racismo estructural e institucional en el Estado.  

¿Incomoda hablar de racismo institucional en el Estado?

M.A.: No sé si incomoda, pero creo que es un debate que no se da. Lo que nos hemos encontrado al hablar con gente que forma parte del sistema es que hay un discurso poco elaborado sobre este tema. Niegan que exista el racismo y solo mencionan algunos episodios. El documental sale el exministro Celestino Corbacho, que es el autor de la Ley de Extranjería y que ha tenido mucha responsabilidad en este tema, y su debate sobre el racismo es sumamente básico, de barra de bar. Hemos hablado también con juezas del TSJC y su discurso es inexistente.

Ricard González: Tuve la sensación, al hablar con alguno de ellos, sobre todo con Corbacho, de que no entendía muy bien la definición de racismo institucional, porque él en varias ocasiones repite algo así como que las leyes no discriminan, pero el racismo institucional no es solo que haya una ley que diga que esto lo puede hacer alguien de un color y esto no, que es la segregación racial en EEUU, sino también la propia aplicación de las leyes con un determinado sesgo. Creo que ni tan siquiera muchos actores políticos entienden el concepto de racismo institucional. Entonces, es difícil que pueda haber un debate sorbe algo que ni tan siquiera entienden.

Corbacho alertaba sobre la posibilidad desbordamiento, de que no se puede acoger a todos. Un discurso que se asemeja al de la extrema derecha.

M.A.: Es un discurso muy básico, el propio Ministerio ha publicado datos que reflejan que la migración consume diez veces menos de lo que aporta y los datos demuestran que ese desbordamiento no existe. Aportan más dinero para pagar servicios públicos de lo que consumen. Es un discurso de extrema derecha pero no solo de extrema derecha, es un comentario muy básico y poco elaborado.

En el documental rescatan el caso del iruindarra El-Hadji Ndiaye. ¿Qué sensaciones se han encontrado al hablar con sus amigos?

M.A.: Indignación. La sensación de impunidad, de abuso, y de imposibilidad de ejercer los derechos mas básicos. ‘Beltxa’, que es uno de los que aparece en el documental y que tiene un discurso combativo respecto a la situación de las personas negras en Euskal Herria, denuncia el asedio constante y control sobre la vida de las personas racializadas. Lo que sucedió con Ndiaye es un ejemplo de ello.  

También repasan otros casos como el de Aramis Manukyan o Idrissa Diallo, que murieron en un CIE. ¿Por qué es tan difícil saber qué ocurre allí dentro?

M.A.: El primer CIE apareció en el año 83-84, y hasta el año 2009 no hay jueces de control que supervisen lo que ocurre en los CIE. Estamos hablando de 25 años en los ha podido suceder cualquier cosa allí dentro. Cuando comienza a haber mecanismos de control y las ONGs empiezan a meter el ojo, empiezan a aparecer esas muertes. La pregunta es qué sucedió en aquellos 25 años en los cuales no había ningún tipo de control. La abogada Laia Serra habla de zonas de no derechos. A medida que la sociedad ha ido apretando, se han ido ganando espacios de garantías pero todavía estamos lejos de tener una mínima garantía de las condiciones en las que están allí las personas migrantes.  

Las muertes de personas racializadas bajo custodia policial en el Estado español se cuentan por decenas, todas ellas marcadas por la impunidad. Cuesta reconocer que la policía actúa de manera negligente o delictiva. ¿Por qué?

R.G.: Imagino que cuesta en todos los lados. Pero en este caso concreto se da una situación especialmente perniciosa y es que, cuando hay una muerte bajo custodia policial, es el propio cuerpo que era el responsable de la integridad de esa persona el que investiga si se ha cometido algún tipo de negligencia. Tiene un punto de lógica que ellos intenten esconder los posibles delitos que ellos mismos han cometido. Luego creo que esto es producto de cómo acaba la dictadura y de que no se haya hecho borrón y cuenta nueva en las fuerzas de seguridad. Además, a causa de la existencia de la lucha armada en Euskal Herria, hubo una cultura de proteger a las fuerzas policiales por parte de los estamentos judiciales ante cualquier denuncia. En aras del terrorismo, el Estado encuentra la excusa perfecta para no hacer reformas en los cuerpos policiales.

¿Cuál es la razón por la que estos casos tienen menos visibilidad que otras causas?

R.G.: A veces lo que pasa es que estas personas no están tan enraizadas en la sociedad, puede que tengan su familia fuera, y eso provoca que se haga menos ruido. En la medida en el que alguien tiene toda su red familiar o de amistades aquí, es más fácil denunciar y organizar una manifestación. También son situaciones en las que los familiares cuentan con menos recursos para buscar un abogado. Al final, todo eso provoca que haya más impunidad.

M.A.: A eso se suma las barreras raciales que existen en los movimientos sociales. Dentro de estos movimientos hay poca participación de personas racializadas y eso genera que, cuando suceden crímenes contra la comunidad migrante, los mecanismos de solidaridad que funcionan para otros colectivos no se activen en estos casos.

Varios estudios revelan que la probabilidad de que una persona blanca sea detenida para proceder a una identificación es mucho menor que la de una persona negra. ¿Consideran que dichos actos refuerzan la criminalización de las personas racializadas ante la sociedad?

M.A.: En el documental cuentan como la gente identifica a la policía como la protectora de la seguridad en la calle mientras ve cómo paran a personas con un perfil determinado. Por tanto, acaban asociando esos perfiles a la criminalidad. Eso refuerza el racismo y provoca que vecinos se sientan inseguros cuando ven una persona racializada o llamen a la policía por la simple presencia de estas personas en su barrio.

¿Qué papel juega la ley de extranjería para todo esto?

M.A.: Todo. Esta ley es la que determina quién es ilegal y a quién se debe de perseguir para controlar si tienen papeles o no. Determina por su origen quiénes forman parte de la sociedad y quiénes no. Además, da carta blanca a la policía para realizar este tipo de actuaciones y arroja a la clandestinidad y a la marginalidad a una parte de la población.

Hay que hablar sobre el racismo, pero quizá el enfoque periodístico desde el que se hace en general ayuda a perpetrar estas situaciones.

M.A.: Totalmente. Los medios ayudamos a construir relatos y en el tema migratorio hemos ayudado a atizar eso. Todo el fenómeno de los «menas», la propia etiqueta de «mena»... ese enfoque por parte de la prensa ha ayudado a que luego la extrema derecha pudiera atizar ese odio.

Intentaron ponerse en contacto con varios cuerpos policiales, pero no hubo respuesta o se negaron.

R.G.: Insistimos con todos los cuerpos, porque si te fijas, al final, por la diversidad geográfica y de casos, había cuerpos diferentes, incluido uno que era de seguridad privada como el de centro de menores de Almería, que está privatizado. Llamamos a muchas puertas y todas dijeron que no. Nos parece grave porque ellos forman parte de instituciones públicas que deberían de dar respuesta a la ciudadanía, tendrían que dar la cara y explicaciones. Y nunca lo hacen.