Amnistía Internacional: «2021 fue una historia de traición en las estancias del poder»
Amnistía Internacional ha presentado este martes su informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo correspondiente a 2021-22, en el que concluye que «las promesas de ‘reconstruir mejor’ tras la pandemia de covid-19 se quedaron en poco más que palabras huecas».
La cuestión que se plantea en la introducción del Informe Anual 2021-22 de Amnistía Internacional (AI) parece trascendental para saber hacia dónde camina la humanidad: «¿Ha intentado el mundo ‘reconstruir mejor’ tras la pandemia de covid-19?». La respuesta que ofrece esta ONG no sirve para levantar el ánimo: «Desde una perspectiva de derechos humanos, 2021 fue en gran medida una historia de traición en las estancias del poder».
No obstante, AI, un movimiento integrado por 10 millones de personas, no cesa en su empeño de trabajar «en favor del cambio para que todas las personas disfrutemos de nuestros derechos humanos». Por ello, en este informe también ofrece «una serie de recomendaciones para gobiernos y otros organismos sobre los asuntos a los que se ha dado prioridad en el análisis global –la salud y las desigualdades; el espacio de la sociedad civil; y las personas refugiadas y migrantes–», así como sobre otras cuestiones que se abordan en las perspectivas regionales.
El documento arranca analizando en qué quedó «el mantra de 2021», esa expresión que «oímos repetir hasta la saciedad», la de «vamos a reconstruir mejor», y otras que «sonaban muy bien», como las promesas en torno a un «reajuste global» de la economía, una «agenda común global» que pusiera coto a los abusos de las empresas, una recuperación verde y sostenible, una solidaridad global transformadora...
«Pero al final se demostró que los mantras se quedaron en palabras huecas y que las promesas podían incumplirse, con lo que un número mayor de seres humanos terminó por ver sus derechos pisoteados con mayor frecuencia y en más lugares», una conclusión tajante, que da paso a otra afirmación rotunda con tono de acusación: «Aunque tenían más opciones, los gobiernos escogieron políticas y vías de actuación que aún nos alejaron más de la dignidad y los derechos».
Estas reflexiones están recogidas del prefacio firmado por Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, en el que resalta que, «sin embargo, también hubo personas, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil que mantuvieron viva la esperanza de un mundo mejor tras la pandemia».
Derechos «reprimidos a niveles alarmantes»
El informe anual de Amnistía Internacional –que se ha adjuntado a este artículo en su redacción completa en castellano– da cuenta del impacto de esas dinámicas a escala global, regional y estatal. Así mismo, aborda de manera más extensa la situación de los derechos humanos en 154 estados.
En un brevísimo resumen estadístico se señala que «los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica se vieron reprimidos a niveles alarmantes en todo el mundo», lo que queda constatado con estas cifras:
- El 43% de los países analizados aprobaron nuevas leyes que restringían a las personas la expresión pacífica de sus derechos.
- En el 55% se hizo un uso excesivo o innecesario de la fuerza contra manifestantes.
- En el 54% se detuvo arbitrariamente a quienes defendía los derechos humanos.
El «fracaso» del reparto de las vacunas
El apartado sobre la salud y las desigualdades comienza recordando que las vacunas contra el covid hicieron abrigar la esperanza de acabar definitivamente con la pandemia, que al término de 2021 se había cobrado al menos 5,5 millones de vidas, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), si bien otras estimaciones cifraban un número real de muertes dos o tres veces superior.
AI recuerda que «muchos gobiernos se comprometieron a apoyar una cobertura global de vacunación» y que tanto el G7 como el G20 formularon compromisos importantes. «Sin embargo, pese a los esfuerzos de algunos gobiernos del sur global en particular, la cooperación internacional fue en buena parte un fracaso», afirma.
Mientras los países de ingresos altos acumularon millones de dosis más de las que necesitaban, a finales de 2021 menos del 8% de la población total africana tenía la pauta de vacunación completa. Una «desigualdad vacunal» que, como comenta la ONG, «exacerbó aún más la injusticia racial».
La pandemia como pretexto para silenciar a la sociedad
Al analizar «el espacio de la sociedad civil», AI sositiene que, «en lugar de proporcionar espacio para la discusión y el debate sobre la mejor forma de afrontar los retos de 2021, la tendencia de los gobiernos siguió siendo reprimir las voces independientes y críticas, y algunos llegaron a utilizar la pandemia como pretexto para reducir aún más el espacio de la sociedad civil».
En concreto, alude a que en «China, Irán y otros países, las autoridades detuvieron y procesaron a personas que habían criticado o cuestionado sus medidas para atajar la enfermedad».
De forma más genérica, «en todo el planeta hubo gobiernos que impidieron o disolvieron protestas pacíficas de forma indebida, a veces con la excusa de la aplicación de las normas que evitaban la propagación del virus».
Y también hubo gobiernos, principalmente de las regiones de Asia, África, y Oriente Medio y el norte de África, que bloquearon o restringieron drásticamente el acceso a Internet y las redes sociales.
Millones de personas desplazadas
En la actual coyuntura provocada por la invasión de Ucrania por el Ejército de Rusia, con millones de personas huyendo de la guerra –la inmensa mayoría son mujeres y menores–, el tercer apartado del informe tiene aún más impacto, ya que recoge los «desplazamientos masivos causados por crisis tanto emergentes como ya arraigadas» registrados en 2021.
Como casos principales se menciona la situación de países como Afganistán, Etiopía y Myanmar que ha dado lugar a «nuevas olas de desplazamiento», que se suman a las mles de personas que continuaron abandonando Venezuela.
Destaca que solo el conflicto en curso en República Democrática del Congo llevó a 1,5 millones de personas a huir de su hogar el pasado año.
«En todo el mundo –añade–, millones de personas tuvieron que dejar sus países debido a violaciones de derechos humanos relacionadas con conflictos y violencia, con desigualdades, y con el cambio climático y la degradación ambiental».
Entre los grupos más afectados por el desplazamiento se hallaban las minorías étnicas.
AI recoge algunas cifras ya publicadas por ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, que indicaba que a mediados del año había 26,6 millones de personas refugiadas y 4,4 millones de solicitantes de asilo en todo el mundo.
«La comunidad internacional no proporcionó el apoyo adecuado y, lo que es peor, restringió el acceso a las zonas seguras –denuncia–. Las personas en movimiento se vieron además sometidas a una cadena de abusos, y la comisión sistemática de violaciones generalizadas de derechos humanos, tales como expulsiones sumarias, tortura y violencia sexual no fue castigada».
El Estado español: Catalunya, torturas, salud, vivienda...
Pasando a los análisis más localizados, el del Estado español recoge, entre otros puntos, que las autoridades no garantizaron acceso adecuado a servicios de salud durante la pandemia, que las mujeres continuaron teniendo dificultades para acceder a servicios de aborto, que el derecho a la vivienda no estaba suficientemente protegido o que continuó sin reformarse la legislación que restringía indebidamente el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
Se hace eco también de que el Gobierno de Pedro Sánchez «aprobó un proyecto de ley sobre los derechos de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, aunque los tribunales seguían negándoles el acceso a la Justicia».
Por otro lado, recoge el caso del expresident catalán Carles Puigdemont, que en setiembre fue detenido en Italia en aplicación de una orden emitida por el Tribunal Supremo español «por su implicación en el referéndum celebrado en 2017 en Catalunya y la posterior declaración de independencia». Y recuerda que las autoridades italianas lo pusieron en libertad al día siguiente y suspendieron los trámites de extradición en espera de la decisión de los tribunales de la UE sobre su inmunidad parlamentaria.
A esto se añade que, en junio, «Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, líderes del movimiento de la sociedad civil en favor de la independencia de Catalunya, quedaron en libertad tras un indulto del Gobierno».
Incluye que, en noviembre, «el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura señaló numerosas denuncias verosímiles de malos tratos por parte de funcionarios de prisiones y agentes de policía. Asimismo, señaló que persistía la aplicación de la fijación mecánica a la cama (sujeción mecánica regimental), incluso de menores detenidos, y recomendó su eliminación».
Dentro del «uso excesivo de la fuerza», recoge que, en junio, «el Ministerio del Interior rechazó la recomendación del Defensor del Pueblo de adoptar mecanismos para impedir la asignación incorrecta de munición y garantizar la identificación de los agentes».
Se añade otro caso ocurrido en febrero: «una mujer perdió un ojo presuntamente por el impacto de una bala de foam disparada por la Policía autonómica catalana durante las protestas que siguieron a la detención del rapero Pablo Hasél».
«Al concluir el año continuaban las investigaciones sobre las denuncias de uso ilegítimo de la fuerza por agentes encargados de hacer cumplir la ley durante las manifestaciones celebradas en Catalunya en octubre de 2017», añade.
Volviendo a la gestión de la pandemia, el informe señala que el sistema público de salud «continuó sometido a una presión sin precedentes» pero, «aun así, las autoridades no adoptaron medidas suficientes para garantizar el derecho a la salud de toda la población», destacando que «las personas de edad avanzada, con enfermedades crónicas o con trastornos de salud mental fueron las que tuvieron mayores dificultades de acceso a asistencia y tratamiento». También hace referencia a que «el debilitamiento de los servicios de atención primaria afectó especialmente a las mujeres migrantes, que soportaron la mayor carga del cuidado de los enfermos con un sistema de asistencia médica menos accesible».
El Estado francés: nuevas leyes de «seguridad global» y «valores republicanos»
En el análisis del Estado francés se incide en que «las leyes sobre ‘seguridad global’ y ‘refuerzo de los valores republicanos’ suscitaban preocupación en relación con la vigilancia masiva, así como con el derecho a la libertad de expresión y de asociación».
En concreto, comenta que la nueva ley sobre «principios republicanos» introducía, «el requisito de que las organizaciones que solicitaran subvenciones públicas firmaran un ‘contrato republicano’ en el que manifestaban su compromiso con ‘los principios de libertad, igualdad, fraternidad y respeto de la dignidad humana’. Supeditar las subvenciones a estos principios imprecisos podía dar pie a restricciones desproporcionadas al derecho a la libertad de asociación y de expresión».
AI sostiene que las autoridades continuaron empleando disposiciones penales imprecisas y excesivamente amplias para arrestar y enjuiciar a personas que se manifestaban pacíficamente, y utilizaron armas peligrosas en el mantenimiento del orden en reuniones públicas.
Por otro lado, recoge que organizaciones de la sociedad civil continuaron denunciando casos de uso de perfiles raciales por la Policía. Así, en julio, una coalición de organizaciones interpuso una demanda colectiva ante el Consejo de Estado alegando que el Gobierno no había adoptado medidas para impedir el uso de criterios raciales y la discriminación racial sistémica por parte de la Policía.
Y recuerda que, en febrero, un tribunal administrativo falló por primera vez que «la inacción de las autoridades frente al cambio climático era ilegal».
En cuanto a la migración, el informe hace especial mención a los refugiados procedenes de Afganistán, señalando que, incluso tras la caída de Kabul en manos de los talibanes, el 15 de agosto, «Francia continuó emitiendo órdenes de deportación de ciudadanos afganos».
En general, AI indica que «las personas migrantes y solicitantes de asilo continuaron sufriendo tratos degradantes, particularmente en Calais, donde la Policía y las autoridades locales restringieron su acceso a la ayuda humanitaria y las sometieron a hostigamiento, pero también en Menton y Briançon, donde se negó a las personas migrantes el derecho a solicitar asilo».