Ayotzinapa: A la espera de la verdad, bueno es desenmascarar la mentira
En contra de lo mantenido originalmente, el Ejército supo qué ocurría desde el primer minuto, porque tenía infiltrados entre los estudiantes desaparecidos en Iguala. Un nuevo vídeo muestra además a soldados manipulando pruebas en el vertedero de Cocula.
Han pasado ya siete años y medio desde que, la noche del 26 de setiembre de 2014, 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecieron, después de ser detenidos por la Policía local de Iguala, en el estado de Guerrero. Otras seis personas fueron ejecutadas esa misma noche y al menos 40 más resultaron heridas. Los estudiantes habían tomado por la fuerza varios autobuses para acudir a la conmemoración del 2 de octubre de 1968, fecha que recuerda la matanza de entre 300 y 400 estudiantes en Tlatelolco. La toma de autobuses era una práctica habitual, pero ese día se topó con una inusual respuesta violenta por parte de la Policía de Iguala y otros individuos no del todo identificados.
La «verdad histórica» del caso, así bautizada pomposamente por la anterior administración de Enrique Peña Nieto, señalaba que los 43 estudiantes «fueron privados de la vida, incinerados [en el vertedero de Cocula] y sus cenizas arrojadas al Río San Juan», en palabras del exprocurador Jesús Murillo Karam, que aportó como causa de la desaparición una presunta confusión: el grupo criminal Guerreros Unidos habría pensado equivocadamente que eran miembros de otra banda, los Rojos. «No hay una sola evidencia de que haya intervenido el Ejército, ni una sola», añadió Murillo Karam.
Las pruebas existen, y no son pocas
Esta «verdad histórica» fue rápidamente desechada por los familiares de los estudiantes desaparecidos y diversas organizaciones en defensa de los derechos humanos. Tampoco contaba con el beneplácito del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuyo fiscal general, Alejandro Gertz Manero dio por acabada la «verdad histórica» en junio de 2020. En esa fecha, pidió la detención de 46 exfuncionarios implicados en la desaparición, incluido a Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal y responsable de investigar el caso en un primer momento, al que se acusa de manipular tanto la investigación como las pruebas. Actualmente se encuentra en Israel, donde ha solicitado asilo.
La implicación, mayor o menor, del Ejército en el caso de Ayotzinapa era un hecho compartido a estas alturas, pero faltaba la evidencia gráfica. Llegó el pasado lunes, con la presentación del tercer informe del Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI), que aportó un vídeo en el que se observa a militares de la Marina, policías federales y personal de la Procuraduría General de la República en el vertedero de Cocula el 27 de octubre, donde deambularon durante casi cinco horas, manipulando uno de los escenarios clave, pues allí se incineraron, supuestamente, los cuerpos de los estudiantes.
A esta evidencia gráfica se suma otra si cabe más llamativa. Según dio a conocer el GIEI, el Ejército tenía infiltrados en el grupo de estudiantes, a quienes monitorizaba en un operativo contrainsurgente. Por ello, insistieron, el Ejército conocía los planes para la toma de autobuses y recibió información acerca de los hechos en Iguala desde el principio. Esta infiltración se daba «a través de jóvenes que actuaban como estudiantes y agentes de inteligencia», según explicó Claudia Paz, miembro del GIEI. De hecho, añadió que uno de ellos se encuentra entre los 43 jóvenes desaparecidos.
«Toda esta información la desonocimos durante seis años, nunca fue entregada ni a la investigación ni a peritos», señaló Ángela Buitrago, autora también del informe en el que se relatan numerosas pruebas falsas construidas por las autoridades para apuntalar la «verdad histórica», al tiempo que se denuncian las dificultades encontradas, pese a la firma de un decreto presidencial que debería haber abierto al GIEI todas las puertas, también las del Ejército. Sin embargo, el informe concluye que hay información crucial en manos de militares que «ha sido omitida tanto en los documentos entregados al GIEI como a la fiscalía especializada».
En otra derivada macabra del caso, el GIEI también aseguró tener en sus manos vídeos que demuestran la tortura a la que fueron sometidos una cincuentena de detenidos por su supuesta implicación en la desaparición de los estudiantes. Un hecho al que cabe añadir el recuerdo de las 22 personas que pudieron tener información y han muerto durante los últimos años. Solo dos fallecieron de forma natural.
La frustración de las familias
«Estamos enojados, más bien encabronados», resumió Mario González, uno de los padres de Ayotzinapa, en la rueda de prensa que dieron el martes para valorar el último informe del GIEI. Agradecieron la labor de los expertos, pero no ahorraron críticas hacia las autoridades: «No imaginábamos que tras tres años de este gobierno seguiríamos sin saber donde están nuestros hijos», señaló María Elena. A su lado, Emiliano Navarrete recordó que «quien miente una vez, miente dos veces», y se preguntó: «Si nos ocultaron esto, ¿qué más pueden ocultar?».
El abogado de las familias, Vidulfo Rosales, por su parte, reseñó la frustración que genera haber tenido que batallar todos estos años no por esclarecer la verdad, sino por desmentir la «verdad histórica» de un caso que conmocionó profundamente al país y se erige en referencia de uno de los principales dramas del México contemporáneo: en noviembre había, oficialmente, 95.211 personas desaparecidas.