Òmnium detecta 22 actos de espionaje con Pegasus, ligados a hechos del «procés»
Òmnium Cultural ha detallado este jueves que tiene constancia de 22 ataques de Pegasus a esta organización, en momentos bien concretos como los días previos a la entrada de la Guardia Civil en su sede o el juicio del «procés».
Òmnium Cultural ha asegurado este jueves que se querellará contra la empresa israelí impulsora del sistema Pegasus –NSO Group– por el «espionaje político» a más de 60 líderes independentistas.
En declaraciones a TV3, el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha afirmado que se presentarán querellas en cuatro estados europeos, ya que «se han infiltrado en móviles y comunicaciones que tienen lugar en cuatro países europeos, aparte de España».
Antich ha denunciado en concreto 22 ataques de Pegasus a Òmnium, uno de los cuales «se produjo justo una semana antes de que la Guardia Civil entrara a la sede» de la entidad (en 2018), y otro de ellos tuvo lugar «una semana antes del juicio del Tribunal Supremo» por el «procés» (2019).
«Aún no somos conscientes de la gravedad y magnitud de este escándalo, que es de naturaleza global», ha incidido Antich, que también ha señalado que «no se trataba de personas concretas, sino que cada una de ellas era el nodo de una serie de redes».
En una lectura política e interna, también ha alertado de una «tónica general» del independentismo a lo largo de estos cuatro años: «No puede ser que solo vayamos a la par cuando vamos a la contra».
Declaración conjunta en el Parlament
La Junta de Portavoces del Parlament ha acordado este jueves una declaración mediante la que condena el espionaje político de dirigentes independentistas y ha pedido al Gobierno central investigar el asunto, algo que ha contado con el apoyo de los grupos parlamentarios de ERC, Junts, CUP y comuns.
En concreto, la declaración pide al Gobierno de Pedro Sánchez «que investigue con la máxima celeridad y transparencia en los órganos pertinentes, que dé las explicaciones necesarias y se asuman las responsabilidades a todos los niveles pertinentes ante esta práctica ilegal de espionaje contra la disidencia política».
Mediante el texto, el Parlament se ha comprometido a «proteger y preservar los derechos de las personas espiadas» y se abre a personarse en las causas que se abran a raíz de las denuncias de las víctimas.
Además, reclama al Estado la adopción urgente de medidas para «erradicar el espionaje político antidemocrático, y garantizar así que ninguna persona pueda ser víctima de espionaje y persecución por defender un proyecto político», y reafirma su compromiso con la defensa de los derechos y libertades que, apunta, este «caso de ciberespionaje masivo» ha vulnerado.
Ha defendido que el caso debería preocupar al conjunto de fuerzas democráticas, y enmarca el uso del programa Pegasus en «la causa general contra el independentismo, iniciada en 2017 para contrarrestar un movimiento pacífico, cívico y democrático», a lo que el PSC-Units ha mostrado su desacuerdo y, por ello, no ha apoyado la declaración.